El gobierno portugués recorta los conciertos con escuelas privadas

Lisboa. Con el aumento de la población escolar y la prolongación de la escolaridad obligatoria en los años ochenta, las escuelas públicas portuguesas resultaron insuficientes para acoger a todos los alumnos. La solución fue establecer conciertos, llamados contratos de asociación, con centros privados: estos imparten enseñanza gratuita, como si fueran públicos, y a cambio reciben del Estado una asignación por alumno. Pasaron los años, y el Estado siguió firmando conciertos con escuelas privadas y cooperativas, a la vez que los sucesivos gobiernos fueron construyendo nuevas escuelas, a fin de tener una oferta pública de enseñanza gratuita sin necesidad de recurrir al sector privado. Pero en muchos casos, las familias preferían mantener a los hijos en los colegios concertados en vez de cambiarlos a la nueva escuela pública de la zona. Así era por distintas razones: porque los padres eran antiguos alumnos, porque el centro ofrecía servicio de transporte escolar o una jornada prolongada, con actividades complementarias -inglés, música, ballet, judo u otros deportes-, más ajustada a los horarios de trabajo de los padres. En cambio, hasta hace cinco años los centros públicos no ofrecían la llamada “escuela a tiempo completo”. Las clases terminaban a las 15 horas, y después había pocas alternativas para las familias. Con la ministra Maria de Lurdes Rodrigues la situación cambió, y la escuela pública comenzó a ofrecer muchos de los servicios que ya existían en las privadas. En la última década, los contratos de asociación han recibido muchas críticas, sobre todo por parte de los sindicatos de profesores, que alegaban que algunos de los colegios concertados quedaban muy cerca de escuelas públicas, y por tanto no tenía sentido mantener ese gasto. Por su parte, los colegios privados, representados por la Associação dos Estabelecimientos do Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), hacían notar que se duplicaba la oferta cuando se construía una nueva escuela pública junto a una concertada ya existente. Para celebrar un contrato de asociación, la ley exige que no haya escuelas públicas en un radio de cuatro kilómetros. En los últimos años se han abierto algunos colegios privados cumpliendo supuestamente este requisito, pero en un momento en que había disminuido la población escolar. Aun así, el Estado firmó conciertos con tales centros. Guerra de números Actualmente hay cerca de 53.000 alumnos en 93 colegios con contrato de asociación. Hay regiones, como Fátima o Arruda dos Vinhos, donde no existe ni una sola escuela pública. En noviembre pasado, el gabinete de la ministra Isabel Alçada decidió revisar los contratos de asociación y fijar una asignación por clase. La medida fue mal recibida por los colegios concertados, y estalló una guerra de números. Por un lado, el Ministerio propone 80.000 euros por clase. Por otro, los colegios dicen que se necesitan 120.000 euros, y que aun así sus alumnos salen más baratos al Estado que los de las escuelas públicas. La AEEP recuerda que en los datos que el propio Ministerio de Educación facilitó a la OCDE, se estima en 5.200 euros el coste de un alumno de la enseñanza pública, y en cambio en la privada el coste es de 4.400 euros. El Ministerio responde que aquella cantidad corresponde a 2007 y está expresada en paridad de poder adquisitivo para permitir las comparaciones internacionales. Según el Ministerio, el costo de un alumno de la enseñanza pública, como se deduce de los presupuestos del Estado para 2011, asciende a 3.750 euros. El Ministerio argumenta además que la fórmula de financiación de las escuelas concertadas no está ajustada a la realidad. También ha publicado un estudio sobre la red escolar, según el cual algunos colegios con contrato de asociación no cumplen las condiciones para tenerlo. Algunos errores de este estudio llevaron a que en el Parlamento, el Partido Socialdemócrata y el Centro Democrático Social-Partido Popular pidieran una evaluación independiente; pero la propuesta fue rechazada con los votos de toda la izquierda. Protestas Los recortes han provocado la protesta de todos los afectados. Además de AEEP, también la Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC) ha manifestado el descontento de la veintena de colegios que representa. Los padres de los alumnos han formado su propia organización de resistencia, el SOS-Movimento Educação, y los profesores también tienen la suya, APEPCCA. Peligran los puestos de trabajo de profesores y personal no docente, así como la estabilidad de los alumnos. Muchas escuelas amenazan con despidos o cierre. Algunas concretan estas amenazas, con reducciones de salario a centenares de profesores y despidos de algunos. A finales de diciembre pasado, el presidente Cavaco Silva promulgó la ley que modifica el estatuto de la enseñanza privada, pero con algunos cambios que protegen a las escuelas. Un día después el Ministerio publicó la orden que impone los recortes y la reforma de los contratos. Así, se permite que en algunos casos se siga financiando como antes la escolaridad de los alumnos hasta que terminen el ciclo de enseñanza en que se encuentran. Padres y alumnos celebraron una manifestación de protesta en las calles de Lisboa. En febrero, AEEP y el Ministerio llegan a un acuerdo. El Gobierno dejará de financiar 256 clases; 17 colegios no perderán ninguna, y otros 14 se quedan sin financiación para sendas clases mientras la conservan para las demás. El acuerdo prevé además que a partir del próximo año lectivo los contratos se firmen por cinco años, previa reevaluación de las necesidades de puestos escolares. La APEC, la APEPCCA y SOS-Movimento Educação no se muestran satisfechos con el acuerdo; cerca de treinta colegios no lo firman y las familias siguen protestando por los recortes, alegando que tienen derecho a escoger la escuela de sus hijos. Prosiguen los despidos de profesores y existe la posibilidad de que cierre al menos una escuela. Conviene advertir que si los profesores despedidos de colegios concertados quisieran optar a un puesto de trabajo en la enseñanza pública, no estarían en pie de igualdad con los colegas del sector estatal. Todo el proceso de revisión de los contratos se ha hecho en pleno curso y con conciertos ya firmados para este año. Por eso algunos colegios se plantean recurrir a los tribunales por incumplimiento de contratos en vigor.

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