Durante la campaña electoral, Nicolas Sarkozy prometió que haría de la enseñanza superior “una prioridad absoluta”. Su ilusión lógicamente es que las universidades francesas del siglo XXI recuperen el prestigio que tuvieron en la historia, y aparezcan en los primeros lugares de los informes internacionales sobre calidad universitaria. De momento, comienzan a aplicarse las disposiciones previstas en la ley sobre autonomía universitaria de 2007, y se han abordado grandes cuestiones, no sin problemas en la calle, como la adaptación de los primeros ciclos a las exigencias de Bolonia, el estatuto de los profesores-investigadores, o el planteamiento de los llamados “campus de excelencia”.
Dentro de los cambios, se incluye el avance del sector privado. La noticia de las nuevas ayudas viene a poner en práctica un protocolo de acuerdo suscrito en 2002 por Jack Lang, entonces ministro de Educación, con la Unión de establecimientos de enseñanza superior católicos (Udesca) y la Federación de escuelas superiores de ingenieros y cuadros. Con ese acuerdo se pretendía llegar a “una política clara y justa de contractualización y plena asociación de la enseñanza superior privada”.
Según un reportaje aparecido en Le Monde (13-12-2009), unos 58 centros de enseñanza superior están a punto de firmar contratos con el Estado, según la terminología francesa que se aplica desde la ley Debré de hace cincuenta años para el equivalente a los llamados conciertos en otros países, como España.
Entre esos centros están grandes instituciones, como los cinco institutos católicos de París, Lille, Angers, Lyon y Toulouse, que tienen unos 35.000 estudiantes, así como establecimientos más profesionales, de prestigio, como Essec, Edhec o Esca. En total, se beneficiarían unos 60.000 estudiantes, el 3% del conjunto de alumnos de la enseñanza superior francesa.
Esos centros recibían ya una ayuda media de 1.000 euros por alumno inscrito en estudios reconocidos por el Estado. Con la “contractualización” se pretende fijar objetivos coherentes con la estrategia gubernamental y con las exigencias del servicio público. Afectaría también a la investigación, que actualmente no recibe ninguna ayuda oficial, como subraya Michel Quesnel, rector de la Universidad católica de Lyon y presidente de Udesca.
La vigencia de los contratos será por cuatro años. Cada centro envió en septiembre un informe sobre sus medios y dificultades, con los objetivos a medio plazo. El Ministerio les asegurará la financiación correspondiente. La Agencia de evaluación de la investigación y enseñanza superior estudiará los resultados conseguidos antes de firmar un nuevo contrato por otros cuatro años. Será posible así una estrategia de futuro, también en el plano científico, sin disminuir los aspectos pedagógicos y la atención de los alumnos, que son rasgos específicos de los centros de Udesca.
Los primeros contratos se firmarán en el primer semestre de 2010. Por ahora el incremento de subvenciones no es excesivo: 4,5 millones de euros más respecto de los 62 millones de 2009. En el futuro, podrán beneficiarse los centros católicos, las veinte escuelas de ingenieros de la Fesis, los seis centros de la Unión de nuevas facultades libres y las veinte de la Unión de grandes escuelas independientes, que agrupa a centros privados no católicos.
Con la ley de autonomía y con estas ayudas, algunos temen que se rompa la igualdad entre Universidades y se vaya a un sistema universitario de “varias velocidades”. En el fondo, es así ya, como en tantos otros países. Pero se insiste en que la meritocracia es un valor republicano. La universidad del siglo XXI no puede renunciar a la excelencia y a la formación de élites, sin perjuicio de la democratización e igualdad de oportunidades, cuando se juega en una competición mundial de los saberes.