Demócratas y republicanos acuerdan una nueva ley educativa

No es fácil en los últimos tiempos que republicanos y demócratas se pongan de acuerdo en algo. Pero después de casi ocho años, y dos intentos fallidos, han llegado a un acuerdo para reformar la actual ley sobre educación no universitaria. La "Every Student Succeeds Act" trata de combinar una descentralización de las competencias y un enfoque menos inquisitivo en cuanto a la evaluación. Tras haber recibido el “sí” de las dos cámaras, ya ha sido firmada por Obama. De esta forma, la ESSA reemplazará a la ley de la época de Bush No Child Left Behind (NCLB), de 2002. Oficialmente, esta reforma dejó de estar vigente en 2007, aunque en la práctica ha seguido sirviendo como base para las políticas educativas hasta ahora. Aunque en su momento recibió el apoyo de la mayoría de parlamentarios, republicanos y demócratas,después –especialmente en los últimos años– ha sido muy criticada. No obstante, las objeciones de uno y otro partido han sido de distinto signo. A los republicanos no les gustaba que la ley dejara tantas competencias en manos del gobierno federal: en su opinión, además de limitar la libertad de los estados, esto engordaba innecesariamente la burocracia. Los demócratas, por su parte, se quejaban de que el énfasis en las pruebas externas, y su influencia en la evaluación de escuelas y profesores, estaba perjudicando a los centros con mayor porcentaje de alumnos desaventajados, porque los docentes no querían que su salario se viera perjudicado por los malos resultados, y huían de este tipo de escuelas. No se ha incluido la posibilidad de que los fondos públicos para alumnos desaventajados vayan a la escuela que elija el alumno Lo tuyo por lo mío Así, más que un proyecto educativo común, ha sido el descontento respecto a la legislación anterior lo que ha unido a republicanos y demócratas para aprobar una nueva ley. Esta circunstancia se nota en la redacción del texto: cada partido ha cedido en aspectos secundarios con tal de que se respetasen sus principales pretensiones. Los republicanos han conseguido que la Every Student Succeeds Act recoja, y con un lenguaje bastante claro, que serán los estados y no el gobierno federal quienes diseñen los mecanismos de evaluación, tanto a estudiantes como a profesores. Aunque se mantendrán las pruebas nacionales obligatorias para alumnos de primaria y secundaria, las autoridades locales dispondrán de un amplio margen en su diseño, y también tendrán libertad para utilizar los datos obtenidos como juzguen conveniente. De esta forma, se pone fin a lo que desde los distritos escolares se consideraba casi como una actitud policial por parte de la Secretaría de Educación, que podía reducir la financiación a un centro o incluso clausurarlo si persistía en los malos resultados. La ley respalda el modelo de las charter schools, centros financiados con dinero público pero con un mayor grado de autonomía A cambio de rebajar el rigor evaluativo, los demócratas han conseguido su objetivo principal: blindar los recursos destinados a las escuelas y distritos más desfavorecidos. De hecho, en la nueva ley los fondos destinados a esta partida aumentan, y cada estado tendrá que reportar obligatoriamente los datos sobre la efectividad de las ayudas a los alumnos en riesgo de exclusión, tanto por pertenecer a estratos socioeconómicos bajos como por tener necesidades educativas especiales (por ejemplo, aquellos cuya lengua materna no sea el inglés). Apoyo de los sindicatos de profesores Los sindicatos de profesores también han mostrado su apoyo a la nueva ley. Aunque señalan que aún quedan aspectos por mejorar, están de acuerdo con que los mecanismos de evaluación pasen a ser competencia de los estados, y que los resultados de los alumnos en las pruebas nacionales solo sea uno de los ingredientes a tener en cuenta. No obstante, no todos piensan que la nueva ley trae buenas noticias para los profesores. El mayor margen dado a los estados para organizar el reclutamiento y la evaluación de los docentes viene acompañado de una desregulación en los requisitos para poder dar clase. Según algunos analistas, el texto favorece la contratación de personal que haya obtenido su título en academias privadas no universitarias, como por ejemplo Teach for America, un programa que selecciona y forma a alumnos con buen expediente de cualquier carrera para enviarlos a las escuelas más difíciles (cfr. Echar una mano en las aulas, Aceprensa, 15-01-2015). No a la portabilidad de los fondos públicos En cuanto a las escuelas no estatales, la ley ofrece un compromiso general con el modelo de las charter y magnet schools, centros financiados con dinero público pero con un mayor grado de autonomía curricular y de gestión. Sin embargo, finalmente se ha rechazado incluir en el texto cualquier mención a la “portabilidad” de los fondos públicos hacia escuelas diferentes de las gobernadas por los distritos, algo que pedía un sector de los republicanos. Serán los estados y no el gobierno federal quienes diseñen los mecanismos de evaluación Según el modelo de portabilidad, el dinero que el Estado destina a cubrir las necesidades del alumnado desaventajado no iría a parar, como hasta ahora, solo a los distritos con mayor porcentaje de estos estudiantes, sino que seguiría a cada uno allí donde este quisiera matricularse, también si lo hace en un distrito con un índice de pobreza bajo, o en una escuela charter. Los demócratas se opusieron a esta medida, al considerar que detraería financiación de las zonas más necesitadas. Sin embargo, los partidarios de que el dinero siga al estudiante –sea solo en el caso de los estudiantes desfavorecidos o de todos, tal y como plantea el “cheque escolar”– consideran que al desechar esta posibilidad por argumentos relacionados con la desigualdad, se eliminan incentivos para que los mejores colegios escolaricen a los alumnos más desfavorecidos. De esta forma, estos se concentran en determinadas zonas o colegios deprimidos, algo que refuerza la desigualdad en la práctica. La nueva ley pretende rebajar el énfasis en las pruebas nacionales como medio para evaluar a profesores y centros Una de las novedades de la ley mejor recibidas por los medios es la inclusión de una partida para ayudar a financiar la educación pre-escolar. No obstante, hay quien piensa que, si de lo que se trata es de reducir el abandono, sería mucho más efectivo centrarse en las etapas primaria y secundaria: en concreto, en diagnosticar tempranamente a los estudiantes que empiecen a desarrollar problemas de aprendizaje, un indicador más directamente relacionado con el fracaso educativo que asistir o no a la guardería. Otras críticas a la ley señalan que con la descentralización de competencias será más difícil conocer en qué gasta el dinero cada estado, y si las medidas son efectivas. Además, también se ha objetado que en la evaluación de los centros, a cambio de no basarlo todo en los resultados de los alumnos, se valoren factores tan vagos como “la motivación de los alumnos” o el “clima escolar”. Con todo, la nueva ley no va a cambiar el futuro inmediato de muchas escuelas del país, pues 41 estados ya habían recibido “exenciones” presidenciales para no aplicar algunos aspectos de la NCLB, particularmente lo relacionado con los protocolos de evaluación.

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