Bolivia y su educación “liberadora”

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Duración lectura: 2m. 19s.

Se dice que la Constitución aprobada en Bolivia por una exigua mayoría en la Asamblea Constituyente pretende reinventar el país en clave indigenista. Pero desde luego no responde en absoluto a esa idea del indígena sobrio en palabras y gestos.

Nada menos que 403 artículos y cien páginas han necesitado los constituyentes bolivianos para diseñar ese “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural”, que es como el art. 1 define a la nueva Bolivia.

La educación siempre es una piedra de toque de las garantías constitucionales. Y el art. 78 no ahorra adjetivos para cantar sus excelencias: “La educación será unitaria, fiscal, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad”. Respire hondo y siga porque también “será intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo” (¿se les habrá olvidado pluricultural?). Item más: el sistema educativo se fundamentará en “una educación abierta, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria”. Como le pregunten a un alumno las características de la educación boliviana, lo va a tener crudo.

Puestos a espolvorear adjetivos sobre la educación sorprende que no se diga que será “libre”, ni que se reconozca explícitamente la libertad de enseñanza. Más bien todo aparece bajo la tutela y el control del Estado, que “tiene tuición plena sobre el sistema educativo”. El Estado “podrá firmar convenios para el funcionamiento de unidades educativas con fines de servicio social”.

“Unidades educativas”, nada de escuelas o colegios. Se comprueba que en una educación revolucionaria hay que cambiar por lo menos los nombres; la realidad, ya se verá, pues suele ser más tozuda.

Las “unidades educativas privadas”, cuyo funcionamiento debe ser “autorizado” por los poderes públicos, “se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo”. Lo que no se entiende bien es por qué se les sigue llamando privadas, si han de ponerse el uniforme de las públicas. Dentro de ese marco estatista, la coletilla final de que “se respetará el derecho de los padres de elegir la educación para sus hijas e hijos”, parece más bien una concesión retórica: ¿cómo elegir cuando todo es uno y lo mismo?

Cuando la educación es libre, cada escuela tiene un motivo importante para aspirar a una enseñanza “de calidad”, para contentar a las familias y no a los políticos. Y si la libertad de enseñanza no es un derecho sino una concesión del Estado, siempre estará al albur de que el poder considere que no es suficientemente liberadora, descolonizadora y revolucionaria.