La seguridad de los menores en Internet es un valor en el que todos están de acuerdo. También hay consenso en que los filtros a esas edades son necesarios. Pero, ¿qué pasa con los adultos? Un reportaje de El País (17-10-2010) señala la diversidad de criterios a la hora de fijar qué se permite y qué no.
La ley de Internet, de 2003, regula en España el uso que se debe hacer de la red. En teoría. En la práctica la responsabilidad recae sobre cada comunidad, o incluso cada municipio. Eso en cuanto a las administraciones públicas. En cuanto a la empresa privada, cada una acaba adoptando los criterios que cree oportunos, como medidas de para salvaguardar la seguridad de la red propia o para evitar pérdidas de tiempo que merman la productividad.
El reportaje de El País señala la diversidad de criterios a la hora de fijar qué se permite y qué no. El reportaje se centra fundamentalmente en el uso de Internet en los ordenadores que dependen de un ente público, ya sean los de los propios ayuntamientos o los de las bibliotecas, aunque también recoge opiniones más generales de sociólogos o de ONGs que se dedican a la protección del menor en la red.
El campo de la pornografía es uno de los que no generan mucho debate, aunque en algunos lugares de España como Barcelona, Galicia o Canarias el acceso a páginas de contenido sexual no esté bloqueado en algunos centros públicos.
En otras administraciones, como es el caso de los consistorios en el País Vasco, los trabajadores tienen acceso solo a páginas que en principio tengan que ver con su trabajo.
Además, empresas de informática como Microsoft o Google han diseñado sus propios filtros, aunque de uso potestativo. Asimismo, Apple ha patentado una aplicación para sus móviles que filtra incluso el contenido de los SMS.
No obstante, la receta más aconsejada sigue siendo la que dicta el sentido común: fomentar la educación sobre Internet en el ámbito de la familia, o situar el ordenador en un lugar de paso, para impedir que el menor -y no solo el menor- navegue sin control.