La gestión de Internet podría pasar a la ONU

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Duración lectura: 5m. 30s.

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, celebrada en Ginebra la semana pasada, concluyó sin decisiones vinculantes. La declaración final simplemente señala el propósito de cerrar la “brecha digital” entre los países pobres y los ricos, sin decir de dónde saldrá el dinero necesario. Las medidas concretas quedaron aplazadas para la segunda fase de la Cumbre, que tendrá lugar en Túnez dentro de dos años. Pero la declaración incluye un punto sobre la gestión de Internet que anuncia un importante cambio. Gana terreno la idea de reforzar el control de la red por parte de los gobiernos y los organismos políticos internacionales, lo que supone una inversión de la tendencia seguida hasta ahora.

La declaración pide al secretario general de la ONU que forme un comité para estudiar la gestión de Internet, que hasta ahora se ha dejado en manos no estatales. Pero hoy la red no es como al principio, cuando no existía el spam, la protección de la privacidad no era un problema, no se había inventado el comercio electrónico y nadie esperaba la actual explosión de pornografía.

Después de que el gobierno norteamericano dejara de mantener la red con subvenciones, en 1998 se creó la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), con estatuto de organización semiprivada y autónoma, sin fin de lucro. Desde entonces, la ICANN gestiona el elemento técnico fundamental para que se pueda publicar y encontrar información en Internet: cómo se asignan los nombres de dominio que identifican los sitios. Cinco años más tarde, ha cundido el descontento con la ICANN.

No ha ido bien el sistema de registradores privados para los nombres de dominio, que comenzó en 1999, cuando la ICANN liberalizó esta función. La competencia trajo una notable baja de precios, pero también una fuerte comercialización de Internet que ahora se lamenta. El negocio del registro no ha resultado tan lucrativo como se esperaba, y los registradores han intentado obtener dinero adicional vendiendo otros servicios, como la consulta de sus bases de datos sobre empresas con dominios en Internet. Esto ha dado lugar a conflictos, en los que la ICANN ha demostrado no tener gran autoridad. También hay insatisfacción con respecto al modo en que la ICANN resuelve las disputas sobre la propiedad de nombres registrados en Internet.

Además, la ICANN no puede resolver los problemas que ahora más preocupan (el spam, la privacidad, el control de contenidos ilícitos), porque caen fuera de sus competencias. En la Cumbre de Ginebra se aludió a esto.

Por otro lado, la independencia y el carácter “democrático” de la ICANN tienen a veces la contrapartida de paralizarla por provocar debates interminables. El año pasado, el anterior director ejecutivo, Stuart Lynn, llegó al convencimiento de que la ICANN no funcionaría nunca si tenía que adoptar medidas por un imposible consenso universal, y propuso una reforma en la que el punto principal era sustituir a los representantes de los usuarios por otros nombrados por los gobiernos.

Mas para eso, dicen algunos, sería más práctico entregar el timón a los Estados. Esta es la idea defendida en Ginebra: traspasar la gestión de Internet a un organismo oficial -podría ser la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la ONU- con estatuto dado mediante tratado internacional.

Leyes contra el “spam”

Entre otras cosas, una ley universal facilitaría la lucha contra el spam (correo electrónico abusivo), fenómeno que traspasa las fronteras. En la actualidad circula por la red más correo basura que mensajes lícitos, con el consiguiente coste para las empresas, en pérdida de productividad y gastos en sistemas de filtrado. Las protestas de usuarios y proveedores de servicios han llegado a los parlamentos, que están aprobando leyes anti-spam.

La de Estados Unidos es de la semana pasada. Prohíbe, bajo penas de prisión (hasta cinco años), los mensajes no solicitados con publicidad agresiva, así como el uso de trampas para impedir la identificación del remitente. Por lo demás, la nueva norma es relativamente “liberal”. Por una parte, los mensajes no solicitados tendrán que dar al destinatario la opción de darse de baja de la lista, pero no será necesario obtener permiso expreso antes de enviar publicidad. Por otra, solo la Comisión Federal de Comunicaciones, nunca los usuarios particulares, podrá iniciar acciones legales contra los infractores. En fin, la ley pretende poner coto a los abusos sin impedir los envíos masivos de publicidad por vía electrónica, poniendo condiciones similares a las exigidas para las campañas por correo postal o por teléfono.

La ley australiana, aprobada el 2 de diciembre, exige el consentimiento previo de los destinatarios, a menos que los remitentes tengan relación comercial con ellos. La misma condición pone una directiva de la UE que acaba de entrar en vigor, y a la que los Estados miembros tendrán que adaptar sus legislaciones. Ya lo ha hecho Gran Bretaña, que da a los jueces la facultad de imponer a los infractores multas de hasta 5.000 libras (7.100 euros), o sin límite en los casos más graves, que decidirá un jurado. Penas más duras prevé la reciente ley italiana: hasta 90.000 euros de multa y tres años de cárcel.

España, que desde el año pasado tiene una ley de comercio electrónico donde se prohíbe el spam, tendrá que modificarla, pues es más restrictiva que la nueva norma europea. A diferencia de esta, la ley española exige en todo caso previa autorización expresa del destinatario.

Estas medidas no lograrán acabar con el spam. Por un lado, las leyes nacionales no pueden nada contra los infractores extranjeros, que son la mayoría para las víctimas de casi todo el mundo (el 58% de los mensajes basura se originan en Estados Unidos, según un estudio de MessageLabs). Por otro, se impondrán sin duda a las empresas, pero difícilmente a los mucho más numerosos spammers individuales que se esconden en el anonimato. Pero esto no significa que no tengan eficacia ninguna: según un informe de la Agencia para la Seguridad de la Información de Corea, tras la implantación de la ley anti-spam en este país (diciembre de 2002), el correo basura bajó un 18% entre marzo y julio de este año.