El gobierno irlandés presentará este otoño al Parlamento un proyecto de ley que refuerza el derecho a la intimidad de los famosos frente a los medios de comunicación deseosos de informar sobre ellos. Periodistas y editores de medios califican la propuesta de «draconiana» y piden que sea retirada.
El proyecto define como violación de la intimidad toda forma de espiar, seguir o acosar a una persona para obtener información sobre ella, así como publicar material conseguido por esos métodos. También prohíbe revelar o entregar a terceros cartas, diarios, historial médico u otros documentos personales sin consentimiento del interesado, aun en caso de que la información hubiera sido publicada antes. Los jueces podrán, a petición de la parte perjudicada, ordenar a un medio que no difunda informaciones obtenidas ilícitamente.
Si se aprueba, la ley se aplicará a las informaciones que los medios irlandeses difundan dentro o fuera del país, a los medios extranjeros que tengan ediciones en Irlanda y a los medios que circulen en Irlanda a través de Internet.
La Unión Nacional de Periodistas ha protestado con energía contra el proyecto. A mediados de septiembre celebró en Dublín una conferencia sobre el tema, para la que logró el apoyo de la Federación Internacional de Periodistas. Un informe presentado en la conferencia afirma que el proyecto «puede legitimar la represión a la investigación periodística en asuntos de interés público».
Los medios han reaccionado como si el proyecto pretendiera impedirles destapar «watergates», cuando más bien se dirige contra los excesos de los «paparazzi» y la prensa y los programas de televisión especializados en el cotilleo. El ministro de Justicia, Michael McDowell, tilda de exageradas las acusaciones de la conferencia de Dublín. Y puso un ejemplo reciente: el de un fotógrafo que, durante un desfile de modelos, se coló entre bastidores y sorprendió a una famosa modelo cambiándose de ropa. De todas formas, el ministro anunció que se reuniría con representantes de los medios para discutir el proyecto.
Los medios se quejan de que en el proyecto la definición de intimidad y el elenco de conductas prohibidas son demasiado amplios. También alegan que no contempla el interés público como motivo legítimo para investigar la vida privada de alguien. En fin, sostienen que la ley es innecesaria: sería mejor dejar estos asuntos al criterio de los jueces, como hasta ahora, y al futuro Consejo de Prensa. Este Consejo, de próxima creación, examinará las quejas contra los medios, incluidas las de quienes consideren violada su intimidad; estará compuesto en su mayor parte por representantes del público y sus decisiones tendrán fuerza vinculante.
El gobierno replica que una ley da más seguridad jurídica y que es necesaria para adaptar la normativa irlandesa a la sentencia dictada en 2004 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de Carolina de Mónaco. En aquella ocasión, los magistrados de Estrasburgo determinaron que el derecho a la intimidad de la princesa había sido violado por los medios que publicaron fotos en que ella aparecía realizando actividades normales de su vida cotidiana, porque se habían obtenido vigilándola sin su conocimiento.
Junto con el polémico proyecto, el gobierno irlandés enviará al Parlamento otro para reformar la ley de protección al honor. El objetivo es evitar querellas infundadas por injurias o calumnias. Si se aprueba la propuesta, para que pueda admitirse una denuncia, el demandante tendrá que firmar una declaración jurada y presentar indicios de que no es verdadera la información de la que se queja. A diferencia del anterior, este proyecto tiene la conformidad de los medios.
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