Las casas discográficas y las distribuidoras cinematográficas de Estados Unidos han logrado por fin la colaboración de los proveedores de acceso a Internet (ISP) para frenar la piratería. En virtud de un acuerdo anunciado ayer, los ISP impondrán unas penalizaciones escalonadas, siempre precedidas de advertencias, a sus clientes implicados en descargas ilegales.
El entendimiento entre las dos partes es nuevo. Antes, los propietarios de los derechos reclamaban a los ISP que cerraran el grifo a los piratas. Los ISP replicaban que no era cosa suya vigilar qué hacían sus clientes con la conexión y que si había indicios de actividad delictiva por parte de alguno, tendría que avisar el juez. En 2003, la RIAA, la asociación de la industria discográfica estadounidense, se querelló contra Verizon para que esta identificara a un abonado suyo que estaba compartiendo música con copyright. Hoy las distribuidoras han abandonado la vía judicial, de la que han sacado pocas compensaciones y mala imagen de voraces perseguidoras de gente normal (porque a los piratas organizados y que se lucran de las descargas no se los descubre fácilmente).
En cambio, ahora las empresas de contenidos y los ISP están en el mismo barco, en buena medida. En algunos casos, se han hecho una sola cosa: por ejemplo, la televisión NBC se ha fundido con la compañía de cable Comcast, el ISP más grande de Estados Unidos. Y en todo caso hay confluencia de intereses: la banda ancha se ha generalizado, y para ser competitivos, a los ISP ya no basta dar acceso; necesitan ser también distribuidores de contenidos de mayor valor, como música y vídeo de pago.
Según el acuerdo, los propietarios de contenidos tienen que detectar la actividad ilegal y comunicarla a los ISP. Estos localizarán al infractor, pero a las empresas de contenidos no les dirán quién es. Enviarán un aviso al cliente pirata para que cese de descargar o compartir sin permiso archivos con copyright. Si no hace caso, volverán a amonestarle, hasta cinco veces más, y a cada una aplicarán una penalización mayor. Le irán bajando la velocidad de la conexión y hasta le podrán impedir navegar (no usar el correo electrónico). El acuerdo especifica que los ISP no están obligados a dar de baja al abonado infractor. A la vez, pueden hacerlo si él contraviene las condiciones de uso especificadas en el contrato, que incluyen no aprovechar el servicio para acciones ilegales.
Por su parte, el abonado podrá impugnar las medidas contra él y presentar alegaciones. Tendrá derecho a solicitar una revisión independiente de los datos en que se basa la “acusación”. Para que los avisos surtan efecto, tendrá que darse expresamente por enterado.
De todas formas, las dos partes del acuerdo insisten en que la finalidad de las amonestaciones es educativa. Muchas personas, dicen, descargan o comparten archivos ilícitamente sin saber que hacen algo prohibido. En primer lugar se trata de advertirlas, y la gran mayoría dejarán de hacerlo, o así lo esperan los firmantes del acuerdo.
Otros no son tan optimistas. Con este sistema se detectarán principalmente a usuarios comunes que comparten material por medio de programas P2P. Los piratas más sofisticados, y desde luego los profesionales, usan sistemas más difíciles de rastrear. Y si se afina la detección, inventarán formas mejores de evadirla.
El acuerdo tampoco convence a organizaciones defensoras de los usuarios y de la libertad de acceso a Internet, como Public Knowledge o el Center for Democracy and Technology. Alegan que los clientes de los ISP podrían ser castigados a partir de cargos no comprobados por los tribunales.
Por parte de la industria musical, los firmantes del acuerdo son la RIAA y la A2IM, que agrupa a sellos medianos y pequeños. Por parte del sector audiovisual, lo han suscrito la Motion Picture Association of America y las majors, más la IFTA, que representa a productores independientes de cine y televisión. Los ISP adheridos son todos los grandes: AT&T, Cablevision Systems, Comcast, Time Warner Cable y Verizon.