Al final de su mandato, Tony Blair se ha despachado a gusto contra las feroces campañas que ha sufrido de parte de diversos diarios sensacionalistas británicos. Ha llegado a calificarles de “bestias salvajes”, que sólo buscan aumentos de tirada, dejando de lado la búsqueda de la verdad.
Sobre todo, Blair protesta contra los periódicos que en el Reino Unido reciben el nombre de tabloides, frente a la clásica sábana de los periódicos de calidad. Pero reconoce que todos sufren hoy, como las radios y las televisiones, la tensión de la competencia, en gran medida derivada también del incremento del uso de Internet, especialmente entre el público más joven.
Tras diez años en Downing Street, al líder laborista le preocupan las relaciones entre prensa y política. Ante la lucha feroz por la audiencia, y la necesidad de difundir la información cuando antes, para competir con los medios on line, el periodismo apostaría por la inmediatez de escándalos y polémicas, frente al sentido riguroso del análisis que aporte claves para entender lo que sucede. Se habría perdido capacidad de equilibrios y matices: todo es o blanco o negro, no hay grises.
En realidad, se establece así una dura pugna entre los medios y los líderes políticos. A juicio de Blair, urge restañar pronto las abundantes heridas. Lógicamente, de acuerdo con la tradición británica, esto no dependerá de organismos reguladores públicos, sino de la propia actitud de los medios de comunicación.
Más responsabilidad concede al Estado el filósofo alemán Jürgen Habermas, también preocupado por la necesidad de “salvar la prensa de calidad”, como escribe en un largo artículo, del que publicó un resumen Le Monde en su edición del 22 de mayo (el texto íntegro, en www.lemonde.fr). A su juicio, cuando se trata del gas, la electricidad o el agua, el Estado tiene la obligación de asegurar a la población el aprovisionamiento. Algo semejante, con matices, plantea respecto de la prensa.
El comentario surgió a raíz de la alarma lanzada por el semanario alemán Die Zeit, a propósito de los movimientos de capital en empresas periodísticas germanas, que podrían suponer cambios importantes de orientación en grandes diarios. Parte de la crisis depende de la caída de la publicidad, reflejo parcial del parón económico alemán a partir de 2002, del que ahora parece salir.
Para superar las dificultades, las empresas tuvieron que reducir personal y adoptar medidas de racionalización, que lógicamente afectaban al nivel de calidad del trabajo informativo. Habermas, como Die Zeit, no quiere que se produzca un dominio de la Bolsa sobre la prensa. Porque teme que “los mercados a los que deben imponerse hoy las empresas no están adaptados a la doble función que viene cumpliendo la prensa de calidad: satisfacer una demanda de información y de cultura, manteniendo suficiente rentabilidad”.
En el fondo, está en juego la aceptación de la existencia de una auténtica industria de la cultura, que exige cada vez mayores inversiones económicas. En la perspectiva liberal, la producción y consumo de diarios y revistas, como de programas audiovisuales, depende de las respuestas del mercado, sin ningún tipo de injerencia exterior, salvo las relativas a la defensa de la competencia.
Pero, a juicio de Habermas, la cuestión está en que lectores y espectadores no son meros consumidores. Son también ciudadanos con un derecho de participación cultural y política, para el que es completamente necesaria la información y el análisis serio de la actualidad. Por eso el derecho público ha intervenido en casi todos los países de Europa con diversas regulaciones del sector audiovisual, incluido el cobro de cánones por poseer determinados aparatos técnicos.
La prensa de calidad ha venido marcando hasta ahora la agenda de los medios audiovisuales. Pero, si se pliega a meros criterios económicos, a la obtención de beneficios inmediatos, se podría producir un cambio cultural y político de consecuencias incalculables. Habermas no ignora el riesgo del intervencionismo. Pero no desea que el Estado se abstenga ante los problemas. Tal vez tiene una visión idealista, que contrasta con el nivel de politización que han adquirido en estos últimos tiempos muchos grandes diarios europeos.
Como es natural, los profesionales acusan el problema. También en las páginas de Le Monde, un periódico de calidad con dificultades económicas, tres líderes de sindicatos de periodistas manifestaban el 5 de junio la necesidad de reaccionar ante las amenazas que sufre la profesión: no proceden tanto del poder político, como del económico. Pero no parece que el Estado deba hacer algo más que promulgar reglas que garanticen la multiplicidad de medios, el pluralismo de la información y la diversidad de opiniones: siempre que alguien esté dispuesto a pagar de su bolsillo, no de las arcas públicas.