Si se aprueba el proyecto, el Estado tendrá el monopolio de la producción y la distribución; la droga se vendería en comercios autorizados, y cada consumidor tendría una ración de 30 gramos al mes
Montevideo. El Estado uruguayo se encuentra cerca de concretar un nuevo monopolio. Uno tan polémico como sorprendente. Al dominio de los servicios de electricidad, de telefonía fija y del agua, apunta ahora al control de la venta y producción de marihuana, una propuesta que se enmarca en una serie de medidas de seguridad y que busca sacar a cientos de jóvenes del consumo de la pasta base de cocaína.
El anuncio del gobierno del presidente izquierdista José Mujica causó sorpresa a propios y extraños. Existen divergencias dentro del propio Poder Ejecutivo y entre políticos vinculados al gobernante Frente Amplio. Países de la región, expertos en la materia y organizaciones que luchan contra el consumo de drogas y que se dedican a la rehabilitación de adictos, han llamado la atención sobre el planteo uruguayo.
Control “estricto”
La iniciativa de la administración Mujica prevé legalizar el comercio de marihuana, a través del cual el Estado asumiría el control “estricto” de la producción y distribución de la droga. De esa manera, afirma el gobierno, se lograría detener el consumo de pasta base que se suele venderse en las mismas “bocas” (lugares de venta de drogas) que la marihuana.
La pasta base es una sustancia en extremo adictiva que torna muy violenta a la persona que la consume y se encuentra asociada al aumento de la delincuencia juvenil en todo el país. El gobierno parte de la premisa que el consumidor de marihuana, que debe acudir al mercado clandestino para conseguir lo que quiere, acaba por caer en drogas más duras como la pasta base.
Pese a que actualmente la producción y comercialización están penadas por ley, en Uruguay se permite la tenencia y el consumo personal de marihuana. Según datos oficiales unas 300.000 personas, casi el 10% de la población, admiten haber consumido alguna vez marihuana, y entre 127.000 y 150.000 lo hacen con regularidad, lo que genera un negocio de 75 millones de dólares anuales.
Contra el plan se han manifestado la oposición, algunos miembros del partido gobernante, la policía antinarcotráfico, organizaciones de asistencia a drogadictos y gobiernos extranjeros
El gobierno pretende enviar en julio el proyecto de ley a un Parlamento donde el Frente Amplio posee mayoría en ambas cámaras. El texto no contempla, como pretendían los activistas, la posibilidad del cultivo particular. La idea es fijar un consumo máximo de 30 gramos mensuales por persona, lo que le permitirá al usuario armarse entre 40 y 60 cigarrillos. Existirá un registro del consumidor para evitar el mercado negro y el “narcoturismo”, por lo que no se venderá a extranjeros.
El Estado espera producir unos 27.000 kilos de marihuana por año para cubrir la demanda de unos 150.000 consumidores. Para ello harán falta entre 65 y 100 hectáreas donde plantar cannabis, algo que el gobierno uruguayo espera hacer desde septiembre. La primera cosecha llegaría seis meses después.
Entre las precauciones a tomar, se encuentra la de canalizar la distribución mediante farmacias y otros comercios privados bajo control gubernamental. El gobierno dijo que no prevé ganancias con este negocio; hoy en día el gramo de marihuana ronda los 20 pesos (un dólar) en el mercado ilegal. De todas formas, está en lista la medida de gravar la venta con impuestos que se destinarán a la rehabilitación de adictos. Lo que sugiere toda una paradoja: te doy la droga y también el tratamiento.
El presidente Mujica, en una entrevista brindada al diario brasileño O Globo, dijo que “alguien tenía que ser el primero” en América Latina en legalizar la marihuana y que otras políticas no han funcionado para frenar el narcotráfico. El mandatario brindó además otros detalles sobre cómo va a controlar el Estado que se consuma lo permitido y no más, y que se venda en los lugares autorizados.
“El Estado va a tener el control de calidad, cantidad, precio, y las personas estarán registradas. Los cigarrillos tendrán un control digital, siendo posible rastrear su origen por medio de la firma química de la muestra. Es importante que si alguien compra 20 cigarrillos, tendrá que consumirlos y no los podrá vender”, explicó Mujica.
La reventa de marihuana se bloqueará, según el presidente, gracias a ese registro estatal. “Esos usuarios serán fácilmente rastreados si violan las reglas”. Mujica aseveró que hace esto para la juventud y espera que con esta medida se reduzca el número de crímenes en las ciudades uruguayas, obra sobre todo de “jóvenes delincuentes”.
Preocupación interna y externa
Las reacciones de la oposición a la propuesta oficialista fueron inmediatas y muy contrarias, como cabía esperar. Pero tambièn se escucharon voces críticas dentro del partido gobernante y entre personas cercanas al Ejecutivo.
Por lo pronto, no cuenta con la aceptación del subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, hermano del expresidente Tabaré Vázquez, y tampoco con la de miembros de la cúpula policial en la Dirección del Combate al Tráfico Ilícito de Drogas.
Los especialistas y expertos de la Policía creen que la medida podría tener efectos contraproducentes porque potenciaría la corrupción, acarrearía mayores problemas para controlar el ingreso de la droga al país, obligaría a reprimir a quienes compitan con este nuevo monopolio estatal (¿qué pasará con aquellos que quieran más droga de la que se ofrece legalmente?) y ponen en duda si esto conllevará la disminución del consumo de pasta base.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, aseveró que su gobierno realizará un trabajo diplomático para convencer a los vecinos a tomar esta misma senda. Por ahora, esto se presenta complicado: tanto el presidente colombiano Juan Manuel Santos como el ministro del Interior de Venezuela Tareck el Aissami pidieron a Uruguay que no tome ninguna medida unilateral de este tipo porque el combate al narcotráfico necesita de políticas a escala regional.
Para organizaciones que trabajan contra las adicciones a las drogas, la idea de sacar a las personas de la pasta base a través de la marihuana no tiene ningún sentido. Pablo Rossi, presidente de la Fundación Manantiales, que trabaja tanto en Uruguay como en Argentina en la recuperación de adictos, dijo que con esa iniciativa se intentará “apagar un incendio con nafta”.
“Imaginan que los adictos a la pasta base la sustituirían con marihuana, sin darse cuenta de que es como intentar darle a un alcohólico una aspirina. La pasta base es estimulante y la marihuana es ansiolítica con componentes psicoactivos. Es decir, no se puede sustituir”, aseguró Rossi. “Les pregunté a los adictos de pasta base qué les parecía la idea de cambiar la pasta base por marihuana y su respuesta fue que era lo más ingenuo que habían escuchado”, agregó.
La administración de Mujica, desde los años de su predecesor Vázquez, se encuentra abocada a una dura guerra contra el tabaco por sus elementos nocivos para el ser humano. Llama la atención que en el proyecto sobre la marihuana, no exista nada que diga que es perjudicial para la salud más allá de la búsqueda del mal menor consistente en distraer al “pastabasero” con el cannabis. Otra paradoja de una idea que, sin conocerse los detalles a fondo, genera polémica y escozor dentro y fuera de Uruguay.