La polémica ley que promueve la eutanasia y el suicidio asistido ha empezado a debatirse en el parlamento.
La polémica ley C-384 que promueve la eutanasia y el suicidio asistido en Canadá ha empezado a debatirse en el Parlamento. Por tercera vez en cuatro años, la diputada Francine Lalonde, del Bloque Quebequés, presentó esta propuesta como proyecto de ley. Hasta ahora los parlamentarios canadienses han rechazado legalizar la cooperación al suicidio. En Norteamérica tan sólo los estados de Oregón y Washington, de EE.UU., tienen una legislación similar.
La nueva ley modificaría el Código Penal para permitir la eutanasia o el suicidio asistido en dos casos: pacientes que padezcan una enfermedad terminal y aquellos que “después de haber intentado o expresamente rechazado los tratamientos adecuados disponibles, continúen experimentando grave sufrimiento físico o mental sin perspectivas de solución”. El hecho de no limitarse a pacientes terminales, indica que podría aplicarse a enfermos crónicos incluso aunque pudieran combatir el dolor mediante medicación durante muchos años.
El proyecto menciona también que el paciente debe dar muestras de lucidez y haber pedido la eutanasia al menos en dos ocasiones. Por su parte, un segundo médico, sin relación previa con el enfermo, tendría que dar su opinión favorable.
Carta abierta de los obispos
Mons. Vernon J. Weisgerber, arzobispo de Winnipeg y presidente de la Conferencia Episcopal de Canadá, dirigió el pasado 21 de septiembre una carta al pueblo canadiense y, en particular, a sus representantes parlamentarios, para que reflexionen sobre el valor y la dignidad de toda vida humana antes de votar la ley.
Desde 2006 gobiernan en Canadá los conservadores de Stephen Harper, que revalidó su mayoría relativa en 2008 al obtener 143 de los 308 escaños (se quedó a 12 de la mayoría absoluta). Los otros partidos con presencia relevante en el parlamento son los liberales (76 diputados), el Bloque Quebequés (50) y el New Democracy Party (37), de cuño socialdemócrata, próximo a la Iglesia Unida de Canadá (protestante) y aliado en el gobierno de Harper.
El presidente de la Conferencia Episcopal explica que “por desgracia, algunos términos propuestos para este debate son confusos o poco claros” y dificultan pisar terreno firme. En concreto, explica el arzobispo Weisgerber, justificar la eutanasia apelando a la compasión va contra la lógica de la atención médica y del cuidado a los más necesitados: “Una desafortunada forma de entender la compasión lleva a proponer que se aplique la eutanasia a los más vulnerables, en lugar de asegurarles los cuidados apropiados, un control eficaz del dolor, así como un apoyo social, afectivo y espiritual hasta su muerte natural”. Por eso, prosigue la carta, “es difícil entender cómo una legislación que autorice la eutanasia y el suicidio asistido serviría para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad”.
La Carta se cierra explicando las alternativas a la eutanasia e invitando al pueblo canadiense a reflexionar sobre la cuestión. En concreto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Canadá pide a los miembros del Parlamento “que usen definiciones claras en los próximos debates y que consideren el profundo efecto que una legislación como la propuesta tendría en la vida de los individuos y de toda la comunidad”.
A todos los canadienses les sugiere “que se informen mejor sobre la eutanasia y el suicidio asistido y que, en su lugar, promuevan el recurso a los cuidados paliativos y a la atención en el hogar para ayudar a los necesitados y a los que les cuidan”.
A los católicos, a los otros creyentes y a todos aquellos que valoran la belleza y la dignidad de la vida humana les anima a “que se impliquen en este debate con cortesía, y que den testimonio de un profundo respeto por la dignidad inherente a cada vida humana y durante toda la vida humana”.
Defender a los más vulnerables
Algunos expertos canadienses se han pronunciado en contra del proyecto de ley. Así, por ejemplo, Margaret Somerville, directora del McGill Centre for Medicine, Ethics and Law, explicó que, de aprobarse la ley, se cruzaría una peligrosa línea hacia la justificación de la muerte provocada de los más vulnerables; éstos, en lugar de contar con la compasión y la ayuda de médicos y familiares, se verían presionados por un supuesto “deber de morir”.
Por su parte, la Catholic Organization for Life and Family, dependiente de la Conferencia Episcopal, ha divulgado un folleto que advierte de los riesgos de la ley en discusión y de la interpretación tendenciosa de expresiones que aparecen en el proyecto: entre otras, “muerte digna”, “derecho a morir” o “enfermedad terminal”.