Los primeros resultados de la investigación ordenada por el ministro de Sanidad británico Andrew Lansley para cortar los abortos ilegales en el Reino Unido han salpicado a la sanidad pública británica (NHS). La Care Quality Commission (CQC) ha revelado que el personal de 14 hospitales públicos ha falsificado de modo habitual los informes previos que la ley exige para realizar abortos.
El descubrimiento llevado a cabo en marzo por periodistas del Telegraph de que en clínicas del Reino Unido se estaban realizando abortos ilegales por razón del sexo (cfr. Aceprensa, 7-03-2012) llevó a Lansley a abrir una investigación.
El mismo mes de marzo, la CQC inspeccionó –por orden del ministro y sin previo aviso– 249 informes relativos a los dictámenes médicos previos a los abortos, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos. De momento, la información que ha trascendido es la que aporta ahora el Telegraph.
Como consecuencia de estas inspecciones por sorpresa, la CQC ha descubierto que en 14 hospitales públicos se está incumpliendo la ley del aborto. Ésta exige que, antes de llevar a cabo un aborto en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la madre, dos médicos especialistas emitan un dictamen donde aseguren que “ambos se han formado la opinión, de buena fe”, de que no conviene continuar el embarazo.
Pero la buena fe no aparece ni por asomo en los informes intervenidos de los 14 hospitales. De ahí que la CQC no haya dudado en calificar de “fraude habitual” la actuación del personal involucrado en los procedimientos de estas instituciones. Y de ahí también que la comisión haya dejado el asunto en manos de la policía.
Cuenta el Telegraph, por ejemplo, que en el Princess Alexandra Hospital (Harlow, Essex), se encontró un archivo con certificados firmados por un médico que había dejado de trabajar allí.
En el Leicester General Hospital, 14 informes de 20 tenían firmas fotocopiadas. Lo mismo ocurre en el Royal Victoria Infirmary (Newcastle), donde 13 formularios de 20 recogían siempre la firma fotocopiada del mismo médico. En otro formulario, las dos firmas se habían otorgado 4 y 5 semanas, respectivamente, después de practicarse el aborto.
Para los inspectores, todos estos casos ponen de manifiesto que los abortos se están realizando sin que se escuche a las embarazadas. De modo que difícilmente los médicos podían haber apreciado “de buena fe” si existía o no –como exige la ley británica– el grave riesgo para la vida o la salud de la madre.