El pasado 10 de abril fue promulgada la nueva ley del aborto en Portugal por la que se podrá abortar sin limitaciones en las diez primeras semanas de gestación. La ley fue elaborada después de ser apoyada en referéndum por el 59,25% de los votantes, un 44, 41% del total de electores (ver Aceprensa 21/07).
Al superar la abstención el 50%, el sí no era vinculante, de modo que el presidente de la República, el conservador Aníbal Cavaco Silva podría haber vetado o enviado al Tribunal Constitucional una ley que fue aprobada por socialistas, comunistas y verdes, más el apoyo de 21 diputados de la derecha.
Cavaco decidió promulgar la ley, aunque en un mensaje dirigido a la Asamblea realizó una serie de sugerencias, basadas en la idea de que el aborto es «un mal social que hay que prevenir». Las propuestas realizadas son la creación por parte del Estado de «una red pública de acompañamiento psicológico y social, para las mujeres que lo deseen», o que se apoye «la acción realizada en este campo por entidades privadas sin fines de lucro»; ofrecer la posibilidad de dar los niños en adopción para que la decisión sea tomada «en las condiciones más adecuadas»; una información completa del «nivel de desarrollo del embrión, mostrándole su ecografía» así como «sobre los métodos utilizados» para el aborto y «las posibles consecuencias para la salud física y psíquica» de la mujer. El presidente reclamó también que las consultas previas al embarazo incluidas en la ley («no menores de tres días») puedan ser llevadas a cabo por médicos objetores.
Un representante del Gobierno dijo que sus recomendaciones «serán tenidas en cuenta en la reglamentación y aplicación de la ley». Sin embargo, la mayoría de ellas fueron ya propuestas por los opositores a esta ley y fueron rechazadas por la mayoría gubernamental.
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