Portugal no liberaliza el aborto

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Duración lectura: 4m. 36s.

El Parlamento portugués ha rechazado dos proyectos de liberalización del aborto en las 12 primeras semanas, y ha aprobado otro que amplía el plazo en algunos de los casos previstos por la ley vigente. En las semanas previas a la votación parlamentaria (20 de febrero) hubo un fuerte debate en los medios de comunicación. También se movilizaron muchos ciudadanos en defensa de la vida.

La ley portuguesa en vigor, de 1984, despenaliza el aborto en los siguientes casos:

1) Si es el único medio de evitar a la embarazada un peligro de muerte o de lesión física o psíquica grave e irreversible: en cualquier momento de la gestación.

2) Si no es el único medio, o la lesión es duradera pero no irreversible: en las primeras 12 semanas.

3) Si se sospecha que el feto presenta una grave e incurable enfermedad o malformación congénita: 16 semanas.

4) Si el embarazo se debe a violación: 12 semanas.

De los tres proyectos de reforma presentados, el del Partido Comunista era el que más ampliaba el aborto legal y el rechazado por mayor diferencia de votos (16). Por un solo voto fue desechado el proyecto de la Juventud Socialista. Ambos coincidían en admitir el aborto a petición de la mujer dentro del primer trimestre y en alargar hasta 22 semanas el plazo para abortar por motivos eugenésicos. El primero, además, ampliaba a 16 y a 22 semanas, respectivamente, los plazos para abortar en el segundo y en el cuarto supuestos.

El proyecto aprobado (155 votos contra 47), propuesto por un médico y diputado socialista, es el que más aceptación tuvo también entre la opinión pública. Se limita a aumentar las posibilidades legales de abortar en los dos últimos supuestos. Si se prevé que el feto nacería con graves defectos, se podrá abortar hasta la 24.ª semana; si es inviable, en cualquier momento. En caso de violación, el plazo se prolonga hasta la 16.ª semana si la víctima es menor de 16 años o sufre incapacidad psíquica. El proyecto propone, además, crear una Comisión Técnica de Evaluación de Defectos Congénitos. El texto no será ley hasta que el Parlamento termine de discutirlo en detalle.

El proyecto parte de que el aborto es admisible, pero pretende evitarlo en algunos casos. Se basa en que algunas enfermedades no se pueden detectar con certeza mediante diagnóstico prenatal hasta las 22-24 semanas de embarazo. En esos casos, alegaba el promotor del proyecto, la mera sospecha induce a abortar antes de que acabe el plazo legal; si se permite abortar más tarde, habrá tiempo para comprobar si en efecto existe el mal, y así no se eliminarán fetos sanos.

En cambio, la meta de los otros dos proyectos era el aborto libre, que los promotores consideran un derecho de la mujer, aunque eso no concuerda con la ley despenalizadora de 1984. Prueba de ello es que el proyecto comunista preveía “garantías para la práctica del aborto en los establecimientos sanitarios públicos”. Tales garantías consistían en impedir el “obstruccionismo” de los médicos objetores, obligándoles a remitir a las embarazadas a un colega dispuesto a realizar el aborto.

En el previo debate público, los medios de comunicación han dado, en general, más espacio y trato más favorable a los partidarios del aborto. La opinión contraria ha sido presentada a menudo como “hipócrita”, por rehusar adaptar la ley a la realidad del aborto, muy demandado -dicen- fuera de los casos admitidos. Como es habitual, se ha difundido a este propósito un número de abortos clandestinos inverosímil e incomprobable, mucho más alto que el de abortos legales. Otras cifras manejadas, las de mujeres fallecidas o gravemente dañadas por abortar ilegalmente y sin garantías sanitarias, tampoco se corresponde con las estadísticas disponibles.

En medio de la polémica, causó revuelo la intervención del primer ministro y secretario general del Partido Socialista, António Guterres. Durante una entrevista radiofónica (17 de febrero), se manifestó, a título personal, contra la ampliación del aborto: en discrepancia, por tanto, con la postura oficial del partido. Guterres declaró que “la vida es un valor extremadamente importante, que se ha de preservar”. Sobre la ley vigente, dijo que es “un compromiso” entre la vida y otros valores y situaciones, y no veía razones para cambiarla. Estas declaraciones le hicieron objeto de críticas desde sus propias filas. Pero Guterres, católico practicante, alegó que la actitud frente al aborto es una cuestión de conciencia, de modo que él tiene derecho a expresar la suya, siempre que no se arrogue la representación del partido.

La Iglesia no dejó de recordar que el aborto es ilícito, en especial mediante una declaración sobre los proyectos en trámite publicada en noviembre pasado. El 3 de febrero, el cardenal patriarca de Lisboa, António Ribeiro, tuvo una intervención importante. Su nota pastoral de esa fecha dio ánimos a un grupo de católicos que estaba promoviendo diversas iniciativas contra los proyectos de ley, a costa de ser llamados fanáticos. Este movimiento (Juntos pela Vida) logró movilizar a muchas personas y desarrolló una intensa actividad: envío de 50.000 postales al presidente del Parlamento, recogida de firmas, edición de libros y folletos, publicidad…, para acabar en la manifestación que hubo una hora antes de que empezara el debate parlamentario.

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