Obispos españoles: El aborto no es un derecho

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El debate sobre la reforma de la ley del aborto en España llegó a su punto álgido cuando el gobierno anunció la posibilidad de que las chicas entre los 16 y los 18 años pudieran abortar sin el consentimiento de los padres. Tras el anuncio de esta propuesta, la opinión pública desvió su atención de lo que constituye el auténtico cambio radical de la reforma: la transformación del aborto en un derecho jurídicamente exigible (ver “El aborto de las mayores de edad”, Aceprensa 2-06-2009).

Este cambio de perspectiva justifica que los obispos hayan querido entrar al fondo del debate. Frente a quienes acusan a la Iglesia de querer imponer su moral al resto de la sociedad, los obispos recuerdan que la defensa del derecho a la vida de todo ser humano inocente es “un patrimonio común de la razón humana”. Por eso su mensaje va dirigido a todos aquellos, católicos o no, que quieran acogerlo.

La salud como excusa

La segunda cuestión que aborda la declaración es el intento de vincular el aborto a la salud. “El acto médico se dirige a prevenir la enfermedad o a curarla. Pero el embarazo no será nunca de por sí una enfermedad, aunque pueda conllevar complicaciones de salud, ser inesperado o incluso fruto de la violencia. Por eso, abortar no es nunca curar, es siempre matar”.

La bandera de la salud ha servido al gobierno para introducir un nuevo plazo que permitiría abortar hasta la semana 22 si existe “grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada” o “riesgo de graves anomalías en el feto” (art. 15, a y b del anteproyecto). Según los obispos, ese nuevo plazo “queda también prácticamente asimilado al primero, en el que prima el derecho absoluto de la madre a decidir sobre la vida de su hijo”.

Tras desvincular el aborto de la salud, los obispos agradecen “el valor mostrado por tantos ginecólogos y profesionales de la sanidad que, fieles a su vocación y al verdadero sentido de su trabajo, resisten presiones de todo tipo e incluso afrontan ciertas marginaciones con tal de servir siempre a la vida de cada ser humano”.

Plazos arbitrarios

El anteproyecto también permite abortar, en cualquier momento de la gestación, si existen “anomalías fetales incompatibles con la vida” o “cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable” (art. 15, c). Se trata de un tercer plazo, que consagra de manera drástica la exclusión prenatal del discapacitado mediante el llamado aborto eugenésico.

Para los obispos, todos estos plazos se han fijado de manera arbitraria pues no hay razones para dar diferentes tipos de trato al ser humano en gestación. También recuerdan que el Tribunal Constitucional, en sentencia del 11 de abril de 1985, reconoce expresamente que la vida del nasciturus es un bien jurídico que goza de protección constitucional.

También pierden las mujeres

La declaración de los obispos reserva duras críticas para denunciar la indefensión en la que caen las mujeres con la nueva reforma del aborto. El gobierno dice que busca garantizar los derechos de autonomía y libertad de las mujeres, pero de hecho se despreocupa de ellas. El anteproyecto “facilita a las gestantes la eliminación de sus hijos, en lugar de proteger la maternidad y la familia para evitar que las mujeres se conviertan en víctimas del aborto”.

En este sentido, los obispos denuncian la frialdad del protocolo que garantiza el consentimiento informado de las mujeres. Más que sobres cerrados, la situación de angustia que empuja a la mayoría de las mujeres a abortar “reclama corazones abiertos que les presten el apoyo humano que necesitan para no equivocarse quitando la vida a un hijo y destrozando la propia”.

También critican que las adolescentes puedan someterse a un aborto sin autorización ni conocimiento paterno. Según los obispos, el intento de marginar a los padres de tal decisión prueba que el anteproyecto “no manifiesta interés real por el bien de las mujeres tentadas a abortar y, en particular, de las más jóvenes”.

Frente a los intentos de silenciar las secuelas del aborto en las mujeres, los obispos ofrecen la ayuda de la Iglesia. “Las mujeres tentadas de abortar o las que ya han pasado por esa tragedia encontrarán siempre en la comunidad católica el hogar de la misericordia y del consuelo. Como madre, la Iglesia comprende sus dificultades y nunca las dejará solas con sus problemas ni con sus culpas”.

En defensa de la vida

Tras explicar que el aborto nunca es un asunto privado, los obispos recuerdan que “el Estado debe legislar para proteger la vida de todos, en particular de los más indefensos y vulnerables, entre los cuales se hallan sin duda los que van a nacer, así como para establecer políticas de protección y promoción de la maternidad y la paternidad, ayudando de modo eficaz a los padres que experimentan dificultades para acoger a sus hijos”.

Como alternativa a la reforma de la ley del aborto, los obispos proponen el respeto a toda vida humana: “El Evangelio de la vida proclama que cada ser humano que viene a este mundo no es ningún producto del azar ni de las leyes ciegas de la materia, sino un ser único, capaz de conocer y de amar a su Creador, precisamente porque Dios lo ha amado desde siempre por sí mismo. Cada ser humano es, por eso, un don sagrado para sus padres y para toda la sociedad”.

En las últimas líneas del texto, los obispos concluyen que el anteproyecto del gobierno “constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta. Por tanto, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darle su voto. Tampoco debería hacerlo nadie que atienda a los justos imperativos de la razón”.

Con este último párrafo, los obispos han desatado la ira de quienes se limitan a ver este debate en clave partidista. Aunque los obispos sólo querían recordar a los diputados el deber que tienen de votar en conciencia, los menos interesados en el debate han optado por montar una nueva polémica.

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