Norteamérica experimenta cambios en el sistema sanitario

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Duración lectura: 5m. 3s.

Estados Unidos y Canadá son países vecinos con problemas de sanidad opuestos. En el primero, meca de la medicina privada, hay 46 millones de personas (15 de cada 100) sin seguro de enfermedad. En el segundo, donde la atención gratuita es un derecho universal, el sistema público no da abasto y tiene 875.000 pacientes en lista de espera. Recientes ensayos de soluciones también divergen: Massachusetts va a instaurar el seguro obligatorio -toda una novedad en Estados Unidos- con subvenciones públicas; en Canadá, varias provincias quieren dar más juego al sector privado.

En Massachusetts (6,4 millones de habitantes) hay alrededor de medio millón de personas sin seguro de enfermedad. Pero si se ponen gravemente enfermas, reciben tratamiento gratis o subvencionado en el hospital. Por ley, no se puede negar a nadie atención de urgencia, y el estado gestiona un fondo, alimentado con contribuciones públicas y de la sanidad privada, para compensar a los hospitales por los cuidados que no pueden cobrar.

Una nueva ley, promulgada el mes pasado, establece que en Massachusetts todo el mundo ha de suscribir un seguro médico. Ese objetivo no es tan difícil con un quinto de los no asegurados: aquellos bastante pobres para estar cubiertos por Medicaid (el seguro gratuito financiado con fondos federales y estatales), pero que por alguna razón nunca lo solicitaron. A fin de localizarlos, el estado ha montado un sistema informático para comprobar la situación de todo el que pisa un hospital sin tener seguro; si reúne las condiciones para ser beneficiario de Medicaid, se lo inscribe inmediatamente.

En el otro extremo, un 40% de los no asegurados pueden pagarse un seguro médico, pero creen que no les interesa. Quizá son jóvenes y sanos, y piensan que si alguna vez necesitan atención médica cara, podrán pagarla con sus ahorros o se la sufragará, en la parte que necesite, el sistema público. Desde el punto de vista de la comunidad, esa actitud es parasitaria y contribuye a encarecer las primas al privar a los seguros de las aportaciones de muchos que harían poco uso de las prestaciones. Por eso la nueva ley obliga a contratar un seguro a todos (a no ser que uno demuestre ser bastante rico para no necesitarlo). El que no lo haga incurrirá en penalizaciones fiscales y multas. La zanahoria es que el importe de las primas estará exento de gravamen.

Finalmente, otro 40% de los no asegurados se encuentran en situación intermedia: ganan demasiado para estar en Medicaid, pero no tanto para pagarse un seguro médico, a falta de patrono que ayude a financiarlo. Para estos casos, la ley prevé subvenciones, que se costearán no con nuevos impuestos, sino con los recursos del citado fondo de compensación, que mueve unos mil millones de dólares al año. Los interesados recibirán ayudas, según su nivel de renta, para pagar una póliza. Las empresas con más de diez empleados tendrán que ofrecer algún seguro médico o pagar una tasa; pero a la vez, se facilitarán las cosas a las empresas pequeñas, que tienen menos capacidad para obtener buenos precios de las aseguradoras, con una oferta de pólizas subvencionadas que les evitará complejas y costosas negociaciones.

La nueva ley inaugura un experimento que será observado con atención por el resto del país. Si tiene éxito y se extiende, tal vez realice, estado por estado, la reforma sanitaria nacional que el ex presidente Clinton encomendó pilotar a su esposa y que no llegó a buen puerto.

El sistema de la larga espera

En Canadá, la sanidad pública ofrece cobertura universal. En cambio, la privada tiene muy poca presencia; pero está creciendo rápidamente en varias provincias. Las dificultades e ineficiencia de la sanidad pública mueve a los ciudadanos a recurrir a la privada, y a los gobiernos provinciales a levantarle trabas, estimulados por una sentencia judicial.

Un sistema sanitario con tan largas listas de espera consume sin embargo casi un tercio de los recursos de las provincias canadienses. En 2020 costará el 44%, y eso para que simplemente no empeore.

Cansado de esperar, un paciente de Quebec demandó a su provincia ante el Tribunal Supremo federal, que en junio del año pasado sentenció a su favor. El fallo anuló una ley de la provincia que prohibía las pólizas privadas que incluyeran tratamientos cubiertos por el seguro público universal (familiarmente llamado “medicare” o “assurance-maladie”). Los jueces dijeron que tal exclusiva es inconstitucional cuando el sistema público no presta un servicio razonable, y dieron a la provincia un año para corregir la situación.

El gobierno de Quebec anunció en febrero último su plan de reforma. Permitirá a los seguros privados ofrecer ciertos tratamientos quirúrgicos que hasta ahora les están vedados (como operaciones de cataratas o para implantar prótesis de cadera). Y cuando la sanidad pública no pueda atender una operación en seis meses, el “medicare” provincial pagará a una clínica privada para que la haga.

Aunque la sentencia del Supremo solo afecta a Quebec, otras provincias se han dado por aludidas y preparan reformas semejantes. En ese caso están Columbia Británica y Alberta, que además dará licencia para abrir hospitales privados, muy escasos en Canadá.

Semejantes planes suscitan fuerte oposición de distintos sectores. Por ejemplo, el 26 de abril, la British Columbia Health Coalition, formada por sindicatos y otras entidades, remitió al “premier” de la provincia una carta abierta, escrita en términos contundentes, contra las reformas propuestas: “Queremos que nuestro sistema sanitario siga siendo público, y punto”. Pero la opinión pública, que siempre ha defendido con orgullo el “medicare” canadiense, está cambiando. En una encuesta del año pasado, citada por la revista “Maclean’s” (24-04-2006), las valoraciones negativas de la sanidad pública superaban a las positivas, y por primera vez una exigua mayoría (51%) daba su aprobación a la sanidad privada.

ACEPRENSA