Como justificación de una ley de plazos para el aborto, el gobierno español asegura que es necesaria para evitar que las mujeres que abortan puedan ir a la cárcel. Pero, según escribe en ABC (30-03-2009) el catedrático de Derecho Procesal Julio Banacloche, ni una mujer ni un médico ha ido a la cárcel en los últimos diez años por infringir los preceptos del Código Penal sobre el aborto.
Consultando los repertorios de jurisprudencia de los últimos diez años, aparecen solo dos condenas a mujeres por delito de aborto. “En ambos casos el aborto fue provocado por la propia mujer mediante la ingesta de pastillas, y se practicó absolutamente al margen de los supuestos legales (y el segundo, cuando el embarazo era ya de 19 semanas, por lo que también sería punible con la ley de plazos que propone el Gobierno)”, En el primer caso, la pena fue de seis meses de prisión, y en el segundo de multa de 18 meses, a razón de seis euros de cuota día. En ambos casos, dada la escasa entidad de las penas, ninguna de esas dos mujeres tuvo que ir a prisión.
Además, continúa Banacloche, en otras situaciones en las que la mujer ha acudido a abortar a una clínica acreditada, “aunque a la postre se haya demostrado que se ha incurrido en ilegalidad, nunca se ha acusado penalmente a la mujer”.
Recuerda también que el Tribunal Supremo “ha excluido de responsabilidad a los médicos que se limitan a emitir un dictamen”, exigido por la ley para las indicaciones de aborto, e “incluso a los que lo practican, si existía alguna circunstancia que llevaba a pensar que el aborto podía practicarse legalmente”. Y en los poquísimos casos en que algún médico ha sido condenado por practicar abortos ilegales, “la pena impuesta siempre ha sido inferior a dos años de privación de libertad, por lo que tampoco han tenido que entrar en prisión”.
De cualquier modo, concluye, “lo cierto es que hoy en España las mujeres no van a la cárcel por abortar, ni nadie está propugnando eso”.