Nacidos improcedentes

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Duración lectura: 3m. 11s.


Una versión de este artículo se publicó en el servicio impreso 92/14

El Ministerio de Sanidad británico ha dado a conocer el dinero pagado por la Administración a raíz de las demandas de parejas que, por negligencia de la sanidad pública, tuvieron un hijo que no querían tener o que no hubieran tenido de saber que nacería con algún tipo de tara (163 casos). Desde 2003, el total asciende a 95 millones de libras (77 millones en compensaciones a los demandantes, más 17 en gastos legales), y eso sin contar lo empleado en la defensa de los casos favorables a la Administración (unas 450.000 libras en 83 casos).

También se pueden consultar los motivos de las demandas. Uno podría imaginar que la gran mayoría de los litigios se deben a niños que han nacido con algún problema de salud. Sin embargo, esos casos solo representan algo más de la mitad del total (solo se tienen en cuenta los 104 ya resueltos). La categorización más frecuente es la de “anormalidades congénitas” (24 casos), seguida de “síndrome de Down”, “espina bífida” o “parálisis cerebral”.

Otros 45 casos tienen por objeto un niño sano. Simplemente, los padres no querían tenerlo. En 24 de ellos, la esterilización a la que se sometió un miembro de la pareja resultó fallida; en otros ocho no funcionó el implante contraceptivo; en seis el aborto no fue efectivo. En otros casos falló el diagnóstico de embarazo o el asesoramiento sobre fertilidad. Dos sentencias dan la razón a mujeres a las que supuestamente habría que haber advertido de su “vulnerabilidad” como madres (no especifica si se trata de algo físico o psicológico): uno de los niños está sano y el otro padece “problemas de comportamiento”.

El gobierno británico ha tenido que indemnizar a padres por el nacimiento de un hijo enfermo o incluso sano por “nacimiento equivocado”

El niño como un bien

Las ayudas por maternidad, en las diferentes formas que han adoptado en cada país (desde prestaciones económicas directas a permisos laborales pagados), se basan en el principio de que el niño es un bien para la sociedad; un bien en sí mismo, no por la capacidad productiva que pueda tener en el futuro, ni tampoco por el incremento de felicidad que reporte a los padres. En cambio, las compensaciones por los niños fruto de negligencias siguen una lógica en la que el nacido es considerado como un perjuicio. Puede ser lícito demandar al Servicio de Salud por presuntas negligencias, pero considerar al hijo como fruto de un “nacimiento equivocado” es tenerlo en muy poco aprecio.

Resulta lógico que la Administración ayude especialmente a las familias que estén criando un hijo con algún tipo de discapacidad. De hecho, estas ayudas subrayan el valor intrínseco del niño, más allá de sus habilidades. Por el contrario, y aunque el efecto práctico pueda parecer el mismo, las indemnizaciones pagadas por la Administración sancionan de alguna forma la discriminación que sufren los que han nacido con alguna enfermedad congénita o revelan simples “problemas de comportamiento”. Esto evidencia la doble moral de una sociedad que, cuando se trata de ponerse detrás de una pancarta o celebrar un “día mundial”, abraza con entusiasmo la causa de la diversidad.

Más sangrante resulta el caso de los niños sanos. Las sentencias a favor de los demandantes fomentan una especie de derecho a la infecundidad cuyos límites resultan muy borrosos.

Sean niños sanos o enfermos, cabe plantearse qué pensarán cuándo sean mayores y sepan que sus padres recibieron una indemnización por el “perjuicio” de su venida al mundo.