México: Victoria pro vida en la pugna sobre la legalización del aborto

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Duración lectura: 4m. 28s.

La pugna entre la legalización del aborto y el derecho a la vida desde la concepción está en primer plano en diversos países latinoamericanos. Este pulso se está planteando muchas veces ante las Cortes Supremas, cuyas decisiones pueden provocar un vuelco en la legislación. La última ha tenido lugar en México, donde ha fracasado un intento de anular reformas adoptadas en las constituciones de dos estados a favor del derecho a la vida.

En México, el aborto solo está legalizado en el Distrito Federal. El PDR, partido de izquierda y tercera fuerza política del país, que gobierna en México D.F., aprobó en 2007 la libertad de abortar en los tres primeros meses del embarazo.

La iniciativa provocó una fuerte oposición. En 2008 hubo un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema presentado por la Procuraduría General de la República y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero la Corte rechazó el recurso, y estableció que “la legalización del aborto no contraría el derecho a la vida, pues éste se vincula únicamente con la persona que ha nacido”. En su sentencia reconoció “la facultad de la legislatura local” para promulgar leyes sobre el tema. Por lo demás, la resolución no penaliza ni despenaliza el aborto en México, y el gobierno federal descartó legalizarlo en el ámbito nacional.

A partir de la decisión de la Corte Suprema, y en uso de su capacidad reconocida para legislar sobre el asunto, dieciocho de los treinta y un estados aprobaron reformas en sus constituciones para reconocer el derecho a la vida desde la concepción. Las reformas estaban en sintonía con el sentir popular, mayoritariamente contrario al aborto.

Pero la autonomía legislativa de los estados que antes se había invocado en el caso del Distrito Federal para aprobar el aborto, algunos han intentado negarla cuando se ha utilizado en sentido contrario. Así que el asunto volvió a plantearse ante la Corte Suprema, en forma de un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de dos estados, San Luis de Potosí y Baja California, cuyas constituciones defienden la vida desde la concepción.

El recurso mantenía que si la Constitución mexicana reconoce como persona solo al individuo ya nacido, los estados no podían atribuir tal estatus al nasciturus. Para que el recurso fuera aprobado, se necesitaban los votos de ocho de los once jueces de la Corte Suprema. Pero cuatro de ellos se manifestaron en contra del recurso, con lo que se reconocía la validez de las reformas constitucionales hechas por los estados a favor de la vida del nasciturus. El fallo se ha considerado un gran triunfo del movimiento pro vida. Pues si la Corte Suprema hubiera invalidado estas reformas, habría dejado la puerta abierta para la legalización del aborto en todo el país.

La ONU y el derecho al aborto

Representantes de agencias de la ONU en México han intentado influir en la decisión de la Corte Suprema para favorecer el derecho al aborto. Después del último fallo, la representación de la ONU en México emitió un comunicado en el que señalaba que las reformas que establecen la protección de la vida desde la concepción no deberían limitar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo en las circunstancias previstas por la ley. Aseguró que esto vendría exigido por instrumentos internacionales ratificados por el México, entre ellos la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

En realidad, aunque organismos de Naciones Unidas intentan dar esta interpretación, el derecho al aborto no se reconoce explícitamente en ningún documento vinculante de derecho internacional. Así lo ha puesto de manifiesto una declaración publicada en San José (Costa Rica) el pasado 25 de marzo, firmada por juristas, parlamentarios, diplomáticos, académicos y otros expertos en relaciones internacionales, provenientes de distintos países.

Los Artículos de San José afirman que “bajo la ley internacional no existe un derecho al aborto”, que no es algo reconocido por ningún tratado ni por costumbre internacional. “No hay ningún tratado de las Naciones Unidas que pueda ser citado con precisión para establecer o reconocer un derecho al aborto”.

La declaración advierte que el Comité que se ocupa de la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer ha “interpretado” ese documento como si incluyera el derecho al aborto y ha intentado que los Estados cambien sus leyes en este sentido. Pero la Declaración de San José recuerda que estos comités de la ONU “carecen de autoridad (…) para interpretar esos tratados en modos que creen nuevas obligaciones para los Estados o que alteren la sustancia de los tratados”.

En consecuencia, “las afirmaciones hechas por agencias internacionales o por actores no gubernamentales de que el aborto es un derecho humano son falsas y deben ser rechazadas”.

Los Artículos de San José incluyen notas a pie de página con una información que documenta las tácticas engañosas empleadas por entidades que presentan el aborto como un derecho amparado por la ley internacional.