En España el debate sobre el aborto va por caminos distintos en la política y en la medicina. En el congreso que celebra este fin de semana el partido socialista se presentan una serie de enmiendas que piden facilitar aún más el aborto. En cambio, los ginecólogos proponen prohibir redefinir el aborto para evitar los abortos tardíos que suprimen las vidas de fetos viables.
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) es la principal asociación profesional del sector, con más de 6.000 profesionales afiliados de los 8.000 que ejercen en nuestro país. El pasado 3 de junio decidió manifestarse de manera oficial para aclarar términos. Con ello pretenden salir al paso de la alarma social creada por el descubrimiento de los abusos cometidos en clínicas abortistas de Madrid y Barcelona, donde se encontraron pruebas de haberse realizado abortos de embarazos de siete y ocho meses de gestación. Y lo hicieron con una defensa nítida del feto de más de 22 semanas y de la objeción de conciencia de los médicos. Pero no quedó ahí la cosa: también piden que se afronte una redefinición del aborto.
Los ginecólogos no lo dudan: con los últimos avances médicos no puede considerarse aborto la interrupción del embarazo a partir de la semana 22 de gestación. Desde ese momento la realidad es otra y habría que hablar de “destrucción intrauterina de un feto viable”. Los profesionales buscan con estas propuestas ser coherentes con el estado de la ciencia y no hacen sino repetir algo ya sabido en el seno de la profesión: “entre la semana 23 y la 24 las posibilidades de que el feto sobreviva son del 59% y en la siguiente semana del 77%”. En esas edades, el feto está ya muy formado, pesa medio kilo y hay que trocearlo dentro del útero materno para facilitar su expulsión.
Los médicos buscan transmitir claridad científica a las definiciones aplicadas en la legislación. Por eso proponen una redefinición del aborto que precise bien los términos. Así, aborto sería “la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso, que se alcanza a las 22 semanas de embarazo”. La definición está respaldada por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
Con esta declaración, los especialistas apuestan por evitar todo tipo de abortos tardíos, que son legales en España si se invoca el riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Se enfrentan así a lo que es el auténtico coladero de la ley ya que este supuesto es el utilizado para realizar el 98% de los abortos practicados en España. También se oponen a los abortos tardíos en los que se alegan malformaciones graves en el feto. En esos casos optan por permitir que el bebé con malformaciones nazca, ya que “si es grave morirá y, si no, vivirá”.
En la situación actual de desajustes entre los conocimientos médicos y la legislación vigente, la asociación de ginecólogos hizo una lógica defensa de la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina y se manifestó en contra del registro de objetores que el ministro de sanidad amenazó con imponer.
En España, en 2006, se realizaron 101.592 abortos y hubo 482.957 nacimientos, lo que supone que casi uno de cada seis embarazos (el 17,3%) acabó en aborto. Según los datos oficiales, el 1,97% de los abortos correspondieron a embarazos de 21 o más semanas, es decir, un total de 2.000 abortos. Por otro lado, habida cuenta de las omisiones y falsificaciones del registro de interrupciones del embarazo detectadas en las clínicas abortistas investigadas, la exactitud de los datos es dudosa.