Los centros católicos alemanes de asesoramiento sobre embarazo tienen derecho a subvenciones estatales

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Los centros católicos alemanes de asesoramiento sobre embarazo podrán financiarse en un 80% con dinero público, según sentenció el 15 de julio el Tribunal Supremo Administrativo, con sede en Leipzig. Los jueces han fallado a favor del recurso de los centros católicos del Estado de Baja Sajonia, donde, al igual que en Renania del Norte-Westfalia, se les había negado toda financiación pública porque nunca firman el certificado de consulta si la mujer insiste en abortar.

La ley alemana no admite el aborto a petición. Solo lo permite cuando el embarazo supone un conflicto entre el derecho del hijo a la vida y las necesidades de la madre, y en tal caso deja la decisión a la conciencia de la mujer. Pero le exige pasar por un asesoramiento que debe informarle de las ayudas a su disposición para llevar a término el embarazo. Si finalmente decide abortar, puede hacerlo siempre que presente un certificado de haberse sometido a la consulta. En la práctica, el asesoramiento es un mero trámite y el aborto es libre.

Juan Pablo II había pedido en 1999 a los 270 consultorios católicos alemanes que no extendieran los certificados que exige la ley para abortar, ya que eso inducía a confusión sobre la postura de la Iglesia y equivalía, en la práctica, a cooperar en el procedimiento legal del aborto. La diócesis de Fulda nunca emitió tales certificados. Desde marzo de 2002, ningún consultorio católico los expide, lo que supuso perder el reconocimiento oficial y las subvenciones del Estado (ver servicios 8/01 y 41/02).

El Tribunal de Leipzig dio la razón a los servicios sociales de mujeres católicas (SkF) de Braunschweig y Detmold (Baja Sajonia) para que sus consultorios sobre embarazo sean mantenidos en un 80% con fondos públicos. Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia retiraron en 2001 las subvenciones a los centros de SkF y Caritas porque no expedían los certificados necesarios para abortar. Baja Sajonia tendrá que pagar más de 37.000 euros por los gastos de los SkF de Braunschweig en 2001.

Los demás centros católicos que hayan recurrido la denegación de fondos públicos podrán acogerse a la sentencia del Tribunal de Leipzig, que obliga a subvencionarlos porque son “parte importante de la protección de la vida que quiso garantizar la ley de conflictos del embarazo [1995] mediante un asesoramiento lo más completo posible”. Es lógico por tanto, según la sentencia, que para lograr este fin se empleen medios públicos financiando “centros de asesoramiento cercanos al lugar de residencia y con una oferta plural en cuanto a la forma de comprender la vida”.

Corresponde a los organismos públicos, añade el Tribunal, comprobar que en los centros de asesoramiento existe una visión del mundo plural. Elisabeth Stankowski, abogada de Caritas en la diócesis de Hildesheim, precisó que “los centros de asesoramiento católico tienen una oferta plural”, de modo que afrontan con confianza esos controles que una traducción precipitada podría considerar “ideológicos”. En Baja Sajonia hay 35 centros católicos de asesoramiento, y la pluralidad de su oferta consiste en orientar sobre problemas psicosociales y económicos durante el embarazo y el nacimiento, ayudar en cuestiones legales o acompañar en caso de diagnósticos prenatales sobre malformaciones. En 2003 fueron asistidas 4.123 mujeres en los centros de la diócesis de Hildesheim y 9.351 en total en Baja Sajonia.

Santiago Mata

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