La reforma de la ley del aborto que proyecta el gobierno español se presenta como una medida para proteger a las mujeres, pero lo más cierto es que beneficiará a las clínicas abortistas. Esto, entre otras cosas, muestra una serie de tres artículos de Santiago Mata en La Gaceta que analizan la industria del aborto en España.
Cuando hace poco más de un año, los cuerpos policiales investigaron denuncias de abortos ilegales, las clínicas clamaron contra las inspecciones y se presentaron como víctimas de una caza de brujas (ver Aceprensa, 19-12-2007). En realidad, los centros privados que practican el 98% de los abortos en España operan con escaso control, lo que les permite, por ejemplo, no extender factura a las clientes que no llegan remitidas por la sanidad pública para no declarar todos sus ingresos.
La serie consigna con detalle las personas y empresas que poseen y dirigen las clínicas abortistas españolas. Los principales nombres se repiten en distintas compañías.
Los tres artículos publicados en La Gaceta son: