La eutanasia, una solución anticuada

Corine Pelluchon, profesora de filosofía, examina los argumentos a favor de legalizar la eutanasia y descubre en el fondo de ellos una idea insostenible de autonomía individual (Le Monde, 25 septiembre 2007).

La autora recuerda que hoy la ley ofrece “soluciones concretas al miedo a morir en condiciones degradantes y con sufrimiento”. Se refiere a la ley sobre el fin de la vida aprobada en Francia hace dos años (ver Aceprensa 46/05), que permite al enfermo rehusar tratamientos desproporcionados y fomenta los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué motivo hay para legalizar la eutanasia? “¿Se puede admitir que la sociedad asigne a los médicos el cometido de matar a un paciente y que la administración de la muerte esté prevista por ley?”.

Eso, señala Pelluchon, trastornaría la misión de los médicos. “No solo el acto de matar es incompatible con el deber de no hacer daño: además, el hecho de asociarlo a la atención médica minaría la confianza de las familias en los encargados de cuidar a sus enfermos. Esta confianza, que se alimenta de la determinación de los médicos de no abandonar jamás a un paciente, es importante en el caso de una decisión de interrumpir el tratamiento”.

La eutanasia legalizada afectaría también a la consideración social de los enfermos. “¿Cómo se puede conciliar los esfuerzos que se hacen para integrar a quienes la enfermedad, la edad o la diferencia excluyen de la vida social, y una reivindicación que viene a decir que la solución al sufrimiento es la muerte? Esta solución consiste en desembarazarse del problema desembarazándose del enfermo”.

En el caso concreto del suicidio asistido, “legalizarlo implicaría el reconocimiento, por parte de la sociedad, de que el suicidio es una salida legítima y natural al sufrimiento. Esta trivialización del suicidio va en contra del coraje y de los valores de solidaridad que nos inculcan en la escuela y en el seno de la familia”.

Pero el núcleo de la cuestión está en el modo de entender la autonomía, como muestra más claramente el caso de la eutanasia voluntaria. “¿Equivale la autonomía al derecho de hacer lo que queramos a cualquier precio, o sea obligando a los médicos y a la sociedad a otorgar reconocimiento a un acto contrario a sus valores? Se puede retomar el argumento de Hume y decir que un hombre no está obligado a hacerse daño, prolongando una vida desdichada, por el bien de la sociedad; pero este reconocimiento del suicidio como acto individual no implica que la sociedad en general ni los médicos en particular deban hacerse daño por el bien de un individuo. Tal interpretación no es fiel a los derechos humanos”.

En suma, el debate es entre dos concepciones de la autonomía individual. “Los que quieren legalizar la eutanasia afirman que este derecho [a la muerte] es ilimitado y es exigible por el individuo frente a la sociedad y los médicos”. En cambio, los contrarios a la eutanasia “sostienen que la preocupación por el bien común exige poner límites a una reivindicación individual que, si se reconociera por ley, daría paso a un derecho a la muerte incompatible con las fuentes morales de la democracia”. Estos, conscientes de la función simbólica que tienen las leyes, “se niegan a convertir la justicia en un calco de meros deseos individuales y no separan el derecho de una reflexión filosófica sobre la condición humana. La política, lejos de reducirse al arte de conquistar y conservar el poder, supone que las decisiones se articulen según valores comunes”.

Las leyes, concluye Pelluchon, no pueden ir sin más a remolque de los problemas que plantean las innovaciones técnicas: la referencia expresa a los valores es imprescindible para elaborar una ley sabia. Por eso, “ahora que en Holanda, pacientes y médicos se declaran más favorables a los cuidados paliativos que a la eutanasia, cabe esperar que lo que ayer se presentó como un avance, acabe siendo visto como una solución anticuada”.

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