En 1993, un granjero canadiense acabó con la vida de su hija Tracy, de 12 años, tetrapléjica y con parálisis cerebral, alegando que quería poner fin a los sufrimientos de la niña. Condenado en 1994 a diez años, nunca ingresó en prisión, pues la Corte Suprema ordenó la repetición del proceso por defectos de forma (ver servicio 7/98). Tras dos juicios, dos condenas y cuatro apelaciones, la misma Corte Suprema ha dicho la última palabra, condenando a Robert Latimer por homicidio en segundo grado.
Al conocer la sentencia, el acusado reiteró que él no había hecho nada malo. Latimer siempre ha afirmado que actuó movido por el amor y la compasión. Pero la eutanasia es ilegal en Canadá, y Tracy no era capaz de expresar si quería vivir o no, por lo que la sentencia descarta el tipo penal de cooperación al suicidio. Además, el alto Tribunal señala que Latimer tuvo al menos una alternativa legal razonable: pudo haberse esforzado, en una situación incuestionablemente difícil, por ayudar a Tracy a vivir y por aliviar su dolor tanto como fuese posible. A la vez, la sentencia insinúa que el gobierno federal podría ejercer la prerrogativa de gracia, medida de uso infrecuente, prevista para los raros casos en que la aplicación de la ley resulta en una evidente injusticia o condena desproporcionada.
Desde el principio, el caso Latimer provocó una viva polémica en Canadá. Hubo quienes, con el propio procesado, interpretaban el hecho como un «homicidio por compasión» que no merecía castigo. La opinión mayoritaria, en cambio, era que Latimer era culpable, y que no se podía admitir una excepción al principio básico de protección penal a la vida humana. Sin embargo, muchos pensaban también que diez años de prisión eran demasiados. El problema es que la ley canadiense no deja opción: obliga a imponer esa pena mínima a los hallados culpables de homicidio voluntario. No había margen legal para tratar a Latimer de distinto modo que a un asesino común.
En eso insiste un artículo de opinión de Paul Willcoks (The Vancouver Sun, 19-I-2001). Encarcelar a Latimer ahora, dice, es un error, y un indulto del gobierno no sería desacertado. Hasta ingresar en prisión, Latimer ha seguido viviendo con la madre y tres hermanos de la víctima.
En una nota de prensa, el arzobispo católico de Vancouver, Mons. Adam Exner, ha puntualizado que «la Corte ha reconocido que las personas discapacitadas disfrutan de los mismos derechos garantizados por la ley que cualquier otro canadiense. El asesinato de un ser humano por cualquier motivo es asesinato, no es un problema del nivel de capacidad de la víctima. La decisión no es una sorpresa; sí lo es que el caso haya tenido que llegar a nuestro más alto tribunal.»
«Una decisión en sentido contrario habría supuesto legalizar un riesgo mucho mayor para personas vulnerables», ha señalado el director de la Canadian Association for Community Living. Por su parte, Laurie Beachell, portavoz del Consejo de los Canadienses con Discapacidades, ha recordado que «nuestra organización comprende la difícil situación de las familias con hijos severamente discapacitados. Pero hay otras familias que no toman esta decisión -matar a sus hijos- esperando ser perdonadas por ello».