La Corte Suprema de México ha considerado que es constitucional la ley del aborto vigente desde 2007 en el Distrito Federal. El secretario de salud del gobierno federal ha descartado que el aborto vaya a legalizarse a nivel nacional, y ha manifestado que la ley no obliga a realizar abortos en hospitales federales.
Por una mayoría de ocho de los once jueces rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Procuraduría General de la República y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ver Aceprensa 30-04-08). Los recurrentes alegaban que la ley que despenaliza el aborto, aprobada en abril de 2007 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, atenta contra lo establecido por la Constitución, la cual estipula que se ha de defender la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural.
La Corte Suprema afirma que la Constitución “no establece un derecho a la vida”. Los jueces alegan que “no es nuestro trabajo decidir cuándo se inicia la vida, pero sí defender los derechos fundamentales”. Paulina Sada, de la Fundación Vida, ha comentado que “el derecho a la vida es el derecho primario, del que se originan todos los demás”. Por lo tanto, la sentencia no respeta “la jerarquía de los derechos, que es el criterio a seguir cuando dos derechos fundamentales entran en colisión”.
Durante tres períodos consecutivos, la jefatura de Gobierno del D.F. ha estado en manos del PRD, de izquierda, emanado del PRI que durante 70 años tuvo la hegemonía del poder en México. Ha ejercido un gobierno populista y para la aprobación de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, pretextó el número de abortos clandestinos y la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y sobre las aspiraciones de su vida futura.
El recurso de inconstitucionalidad fue apoyado por diversos movimientos sociales como Pro Vida y 63 asociaciones católicas, así como por ONG de diversas confesiones. Personas de todos los estratos de la sociedad se adhirieron a la iniciativa de enviar comunicaciones al Presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, solicitando el respeto irrestricto a lo que dispone la Constitución. A las sesiones de la Corte asistieron numerosas personas: industriales, banqueros, empresarios, abogados, oficinistas, empleados, etc.
Tras la decisión de la Corte, el Cardenal Primado de México, Mons. Norberto Rivera Carrera, convocó a la ciudadanía a una peregrinación de oración y de penitencia, a todo lo largo de la Calzada de Guadalupe, hasta la Basílica de Nuestra Señora, donde celebró una Misa en el enorme atrio.
La aprobación de la ley por la Corte Suprema abre las puertas para que otros Estados de la federación busquen seguir los pasos del gobierno de la capital mexicana. Sin embargo, el secretario de Salud Federal, José Ángel Córdova, declaró que el aborto no va a ser legalizado a nivel nacional.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, manifestó que “el dictamen representa un punto final en este importante asunto (…) En todas las naciones donde se ha discutido el aborto en tribunales constitucionales hay un antes y un después. En México empieza el después: los efectos jurídicos y sociales de esta determinación son innegables”.
La diputada Mª. de la Paz Quiñónez declaró que la sentencia es un “gravísimo error que envía un mensaje negativo a la población, de que no toda vida humana tiene valor”. Sostuvo ante el máximo tribunal que los derechos a existir y a nacer, es decir a la vida, son garantías imprescriptibles e irrenunciables, anteriores al Estado y, por ello, corresponde a éste reconocerlos y protegerlos, no otorgarlos. Fuera y dentro de este marco de audiencias, Quiñónez Cornejo llamó a las mujeres del D.F., y de otros estados, a ser conscientes de que “la vida es un bien no negociable, propio e intrínseco, jurídicamente tutelado por el Derecho”.
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Con informaciones de Mª. Elena Melgarejo Lozano desde México D.F.