El Tribunal Supremo irlandés sentenció ayer contra la pretensión de una mujer, Marie Fleming, aquejada de esclerosis múltiple, que quiere suicidarse con la cooperación de otra persona. Alegaba que desea elegir el momento de morir, antes de que la enfermedad se le haga insoportable. Como no puede darse muerte ella sola, pedía inmunidad para su pareja, Tom Curran, que le facilitaría alguna sustancia letal, acto que la ley irlandesa castiga con pena de prisión. Fleming había recurrido al Supremo tras perder la demanda en enero pasado ante el Tribunal Superior (ver artículo relacionado).
El Supremo tenía que examinar si es constitucional prohibir la cooperación al suicidio en caso de una persona minusválida. Según Fleming, la ley vigente no castiga el intento de suicidio, pero la deja en situación de inferioridad con respecto a quienes pueden darse muerte por sí solos. Los magistrados replican que despenalizar el suicidio no equivale a admitir un derecho a morir, derecho que no figura ni explícita ni implícitamente en la Constitución irlandesa. Y como no existe tal derecho a suicidarse, prohibir el suicidio asistido no es discriminatorio contra los discapacitados.
Fleming había pedido también que el Tribunal dictase una declaración de incompatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cosa que incitaría al Parlamento a reformar la ley irlandesa (cfr. noticia de la RTE, radiotelevisión pública irlandesa). Pero, como señala la sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha declarado que el Convenio no reconoce ningún derecho al suicidio. Y considera “significativo” que tampoco se haya admitido en otras muchas jurisdicciones.
Curran, la pareja de Fleming, es un activista a favor de la eutanasia (cfr. Irish Independent). El año pasado fue interrogado por la policía británica sobre su posible intervención en el suicidio de otra persona enferma de esclerosis múltiple, a la que había ido a visitar.