Iniciativas pro vida en el Congreso norteamericano

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En el Congreso norteamericano se están preparando una decena de proyectos para imponer restricciones al aborto. Casi todos se refieren a la financiación de abortos con fondos federales, y la mayoría no harían más que reinstaurar disposiciones implantadas por Reagan o Bush y derogadas por Clinton. Algunos coinciden con propuestas contenidas en el Contrato con la Familia Americana, el manifiesto publicado por la Coalición Cristiana el mes pasado (ver servicio 73/95).

La Cámara de Representantes ha aprobado ya dos medidas: suprimir la financiación a organizaciones que promueven el aborto en el extranjero (ver servicio 77/95) y prohibir los abortos en los hospitales militares situados fuera del país (ver servicio 88/95).

Otro proyecto presentado al Congreso, pero aún no votado, pretende prohibir un método particularmente cruel empleado en abortos tardíos: extraer el feto vivo, excepto la cabeza, y matarlo. Tampoco ha sido votado aún otro proyecto que se refiere al empleo de fondos públicos en abortos dentro de Medicaid, el programa de asistencia sanitaria para personas pobres. El gobierno de Clinton ha obligado a los Estados a sufragar abortos en caso de violación o incesto, cosa que treinta Estados tenían prohibido. El proyecto presentado intenta restaurar la libertad de los Estados para implantar sus propias normas sobre esta cuestión.

Un proyecto legislativo más en preparación trata de revocar una norma que obliga a los centros de planificación familiar subvencionados a aconsejar a las adolescentes sobre el aborto y facilitárselo, si ellas lo desean, remitiéndolas a una clínica.

Queda un punto del Contrato con la Familia no recogido en ninguna iniciativa parlamentaria. Sin sugerir ninguna medida determinada, la Coalición Cristiana pide también que se implanten limitaciones efectivas al aborto en el tercer trimestre de embarazo (según la sentencia del Tribunal Supremo de 1973, el aborto es libre en los primeros seis meses de gestación, y en el resto las autoridades pueden establecer restricciones).

Además, diversos congresistas preparan otras medidas sobre el aborto. Entre los proyectos que abordan situaciones nuevas destaca uno para retirar la financiación a los hospitales que impongan el aprendizaje de técnicas abortivas a los médicos residentes de ginecología. Esto es una reacción a la medida tomada en febrero pasado por el ACGME, el organismo médico competente en títulos, que decidió exigir ese requisito (ver servicio 26/95).

Esta cuestión es tal vez la más sensible y ur-gente, pues la nueva norma del ACGME entrará en vigor el año próximo. En su día, el Card. Mahony advirtió que esa exigencia supone una coacción para muchos médicos y hospitales, entre ellos los católicos. La semana pasada, la Conferencia Episcopal volvió sobre el tema en una declaración oficial donde afirma que “tal requisito es contrario a la ética tradicional de la medicina, que se centra en curar, así como a los derechos de conciencia de las instituciones sanitarias católicas”.

Como se ve, los proyectos que prepara el Congreso no afrontan el aborto directamente, sino la promoción del aborto por parte del gobierno. En conjunto, suponen una estrategia para progresar por pequeños pasos, aunque sobre todo se trata de recuperar el terreno perdido desde que se inició el mandato de Clinton.

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