Francia: contracepción al máximo, sin que el aborto disminuya

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Duración lectura: 3m. 3s.

Treinta años después de la legalización del aborto en Francia, y a pesar de una difusión masiva de la anticoncepción, el número de abortos no baja de los 200.000 anuales. Cuando se legalizó el aborto con la llamada ley Veil en 1974, los legisladores y los movimientos feministas aseguraban que con la contracepción y el aborto legal no tardaría en producirse una disminución progresiva del número de abortos. Pero treinta años después la tasa de abortos se mantiene férreamente estable: una tasa de 14 abortos por cada 1.000 mujeres de 15-49 años. El número de abortos legales, que fue 134.000 en 1976, se mantiene en torno a los 200.000 desde hace años. En 2002 fueron 206.000, lo que supone unos 26 por cada 100 nacidos vivos.

En el treinta aniversario de la ley de Simone Veil, ministra de Sanidad en el gobierno de Valéry Giscard d’Estaing, hasta los más fervientes partidarios de la ley reconocen que en este aspecto no ha cumplido sus objetivos y se extrañan de que la contracepción haya llegado al tope sin que disminuya el número de abortos. De hecho, las cifras de aborto en Francia están entre las más elevadas de Europa, después de Suecia.

Los demógrafos comprueban que, en realidad, cuanto más se afianza la práctica anticonceptiva, más se recurre al aborto en caso de fallo. Según un estudio realizado entre un grupo de 1.034 mujeres que acababan de abortar o que no habían deseado su último embarazo, dos de cada tres embarazos correspondían a mujeres que utilizaban anticonceptivos (cfr. servicio 75/03).

Los estudios revelan también que cada vez hay más intolerancia frente al hijo no planificado. Seis de cada diez embarazos no previstos terminan en aborto. El fenómeno es particularmente claro entre las mujeres de 20-24 años, que son las que más abortan con una tasa de 27,4 por 1.000.

El mantenimiento de una alta tasa de abortos se ha visto favorecida por las sucesivas modificaciones legales: el reembolso del coste por la Seguridad Social en 1982, la aprobación de la píldora abortiva RU-486 en 1988, la ampliación del plazo de aborto a petición de 10 a 12 semanas de embarazo en 1993 y la posibilidad de que aborten las menores de 18 años sin el consentimiento paterno. En cada caso se dijo que la medida iría unida a una campaña en favor de la contracepción. De poco ha servido. Aunque los demógrafos consideran que desde comienzos de los años 80 casi todas las mujeres que no desean tener hijos practican la anticoncepción, el número de abortos no baja.

Lo que sí ha cambiado es la actitud de los médicos ante la práctica del aborto. En la sanidad pública, en estos treinta años ha habido una generación de médicos militantes dispuestos a realizar abortos en nombre de la causa de la liberación de la mujer. Pero la fiebre militante ha pasado, y cada vez menos médicos quieren intervenir en las prácticas abortivas, aunque solo sea por motivos profesionales. Hoy día, la mayoría de los abortos se realizan en clínicas privadas por dinero, y los servicios de los hospitales públicos donde se practican abortos están sobrecargados por la escasez de médicos.

Quizá por eso la última innovación legal ha consistido en permitir que la píldora abortiva, que antes tenía que ser administrada en un hospital, pueda utilizarse ahora en la consulta de un médico hasta las cinco semanas de embarazo.

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