Exigen a la Comisión Europea que no financie a organizaciones abortistas

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Fondos de la ayuda al desarrollo se utilizan para financiar a organizaciones que realizan abortos

Dignity Watch, ONG en defensa de la vida, presentó el pasado 27 de marzo Parlamento Europeo las conclusiones del informe The funding of abortion through EU development aid. An Analysis of EU’s Sexual and Reproductive Health Policy. El objetivo del informe es denunciar las ayudas prestadas por parte de la Comisión Europea a asociaciones abortistas como International Planned Parenthood Federation (IPPF) o Marie Stops International (MSI). El estudio está basado en datos facilitados por la Comisión. La denuncia ha contado con el apoyo del Partido Popular Europeo.

La exposición corrió a cargo de Sophia Kuby, directora ejecutiva de la European Dignity Watch, que denunció la concesión de ayudas a organizaciones que las emplean para realizar abortos en países en desarrollo. Estos resultados ponen en tela de juicio el criterio seguido a la hora de conceder las ayudas por parte de Europa. Financiar el aborto está en contra de lo que la propia Comisión ha dicho sobre el tema en innumerables ocasiones: “la Comisión no asume ninguna posición ni a favor ni en contra del aborto, ya que no hay una legislación común a este respecto”. De esta manera cada país miembro adoptará su particular legislación.

Kuby ha exigido a la Comisión responsable de las ayudas una explicación a esta financiación. Tal y como recoge la legislación sobre transparencia de la Unión Europea, todos los documentos cruzados entre la Comisión y las dos organizaciones abortistas entre 2005 y 2010 deben ser entregadas. Después de un largo y fatigoso proceso esta información se ha ido entregando, aunque no toda. Faltan documentos sobre numerosos proyectos que han recibido ayudas, por lo que solamente ha sido posible analizar un limitado número de ellos.

Eufemismo terminológico

Tanto IPPF como MIS utilizan el término “regulación menstrual” para ocultar prácticas abortistas en países como Bangladesh, Camboya o países de Sudamérica para burlar así la legislación. En ningún caso se explica convenientemente lo que significa esta práctica.

Según IPPF, la RM se trata de un proceso de vaciado del útero, en el que el embrión se implanta, utilizando un sistema de aspiración. Para MSI e IPPF este método se diferencia del aborto porque se realiza antes de constatar que se haya producido un embarazo. El aspirador produce una fuerte succión y el posible feto, cuando todavía no está suficientemente desarrollado, es eliminado. A efectos prácticos supone lo mismo que un aborto quirúrgico, donde la única diferencia estriba en que en el primer caso la mujer no sabe si está embarazada o no.

Cuantía de las ayudas

Según el informe, MSI habría recibido de Europa 16,5 millones de euros entre 2005 y 2010. Estos datos están sacados de los documentos que han sido facilitados por la Comisión. Aunque según afirman los autores, las cifras serían mucho mayores con todos los informes en mano. La Comisión se ha negado a facilitar algunos de ellos alegando intereses comerciales por parte de MSI.

Sobre IPPF los datos son muy escasos, apenas cuatro informes. A partir de ellos, cifran las ayudas entre 750.000 y 2,5 millones de euros.

Países en los que operan MSI e IPPF

Países como Camboya, Bangladesh o Papúa Nueva Guinea son algunos en los que operan estas organizaciones. En todos estos países la legislación sobre el aborto indica que solo podrán practicarse en caso de riesgo para la salud de la madre o malformación del feto. Bajo el paraguas de la regulación menstrual, estas organizaciones logran esquivar las leyes. En países como Sudáfrica, el MSI está intentado introducir el aborto de manera legal.

En otros estados como Bolivia, Guatemala y Perú, el IPPF recibió en 2005 1.700.000 euros de ayudas de Europa. Con ese dinero distribuyeron 1.102 unidades anticonceptivas de emergencia. IPPF nunca ha precisado en qué consisten estas unidades, pero se sospecha que podían ser abortivas. Estos tres países poseen leyes que solo permiten el aborto en el caso de riesgo para la salud.

El documento concluye recordando a la Comisión Europea que no tiene autoridad para la financiación de abortos.

Por su parte, el eurodiputado popular español Jaime Mayor Oreja ha encabezado una iniciativa para mover a otros compañeros en contra del aborto. Según él, el “desprecio a la vida” se está convirtiendo en una “moda dominante” en Europa. En colaboración con organizaciones pro-vida, presentarán en breve una iniciativa en contra del aborto que deberá contar con un millón de firmas de al menos siete países distintos.

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