En España, el número de abortos no deja de subir y ha alcanzado los 91.664 en 2005 (no hay datos oficiales más recientes), lo que supone que uno de cada seis embarazos termina así. Hay práctica unanimidad en llevarse las manos a la cabeza por estas cifras, pero poca eficacia política a la hora de actuar en consecuencia. Frente a esta inoperancia, un grupo de ciudadanos ha reunido ya las firmas necesarias para votar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RedMadre en siete parlamentos autonómicos, para ayudar a las mujeres con embarazos problemáticos.
RedMadre busca proteger a las mujeres con embarazo problemático, y en especial a las más jóvenes. La ILP RedMadre propone, entre otras cosas: fomentar la prioridad de las embarazadas en el acceso a prestaciones y ayudas; lograr la concesión, por parte de los gobiernos autonómicos, de subvenciones y convenios a los centros que asesoren y ayuden a la mujer embarazada; asegurar que los centros asistenciales y sanitarios informen de la existencia de una red de apoyo a la mujer embarazada; conseguir que el gobierno de la comunidad autónoma elabore un plan integral de apoyo a la embarazada en el plazo de seis meses, y que difunda un teléfono gratuito y una página web que permita a cualquier embarazada conectar con la red de apoyo.
Promovidas por el Foro Español de la Familia (FEF), se han puesto en marcha once procesos de ILP en sendas comunidades autónomas. De las siete en las que ya se han logrado las firmas necesarias, Andalucía ya la ha publicado en su boletín oficial y ha sido enviada al Consejo de Gobierno para su estudio. En esta comunidad se entregaron 90.000 firmas, de las cuales se han certificado las 75.000 necesarias para tramitar la ILP. Las otras seis comunidades en las que ya se ha superado la cifra prevista por sus respectivas leyes son: Aragón (15.000 firmas necesarias), Castilla y León (25.000), Navarra (7.000), Canarias (15.000), Madrid (50.000) y Murcia (10.000). Según el Foro, en total se han logrado 250.000 firmas, pues en casi todas las ILP se ha superado ampliamente el número requerido.
Del resto de comunidades, en Galicia está abierto el plazo para lograr 15.000 firmas y en País Vasco, Asturias y Comunidad Valenciana ya se han iniciado los trámites para comenzar la recogida. En las restantes seis comunidades no se ha constituido todavía una comisión promotora que lleve adelante la iniciativa.