El apoyo de los familiares y unas medidas políticas justas son el mejor antídoto contra el drama del aborto, afirma Montserrat Rutllant, directora de Pro Vida en Cataluña, en Diario Médico (Madrid, 7-I-99).
(…) Quienes lamentan que no exista el aborto a petición tienen razón en un punto: hay embarazos que son causa, para la madre o incluso para la familia, de problemas económicos, laborales, sociales, etc., y estos problemas requieren aportar soluciones prácticas y concretas. Lo que ocurre es que estas soluciones nos atañen a todos, desde quienes podemos encontrarnos cerca de una madre gestante en dificultades hasta los que pueden tomar decisiones políticas que favorezcan la maternidad y protejan el núcleo familiar.
Lo que la mujer necesita cuando tiene problemas por esperar un hijo es que su entorno más próximo -el padre del hijo, la familia, la sociedad- le ayude a eliminarlos, y no que le ayude a eliminar al hijo. El derecho, que sí existe y que deberíamos proteger, es el de que toda mujer pueda dar a luz al hijo que ya espera.
Ahí sí que los diputados que han votado a favor de la vida deben seguir trabajando, para que existan leyes favorables a la paternidad y la maternidad. No es suficiente hacer declaraciones de principios a favor del niño y de la familia, ni quejas pesimistas ante el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad. Si de verdad pensamos que un niño es siempre un bien y, ahora y aquí, además, un bien escaso, protejámoslo con ayudas eficaces a su madre. (…)
En todo tipo de aborto subyace un problema doloroso de abandono, falta de recursos o salud, amenaza frustrante para los proyectos personales de la madre, incomprensión del entorno familiar, etc. Es injusto que el Estado afronte la realidad del aborto únicamente con una amenaza penal y olvide esta dimensión del drama personal de la mujer. Es injusto que la consideración de los problemas de la madre, que puede subyacer en el drama del aborto, prevalezca hasta el punto de abandonar la protección del niño y permitir su destrucción.
Una política verdaderamente social exige un compromiso activo en favor de los derechos tanto de la madre como del hijo no nacido. Desde esta óptica resulta imprescindible, además de proteger naturalmente al nasciturus, actualizar la solidaridad social para ayudar a la madre a resolver la situación que la induce a abortar y evitar el recurso traumático de acabar con la vida de su hijo. Es ésta la auténtica solidaridad que, persiguiendo el bien de ambas vidas, no renuncia al esfuerzo personal y quiere involucrar a todos los estamentos de la sociedad.