El semanario Época (15 noviembre 2002) ha publicado un reportaje de Miguel Gil sobre la práctica del aborto en España. La investigación ha comprobado cómo algunas clínicas privadas están dispuestas a realizar abortos fuera de los plazos permitidos por el Código Penal, y sin cumplir los supuestos legales.
«Según el Ministerio de Sanidad, en España se practican más de 63.000 interrupciones voluntarias del embarazo. Resulta chocante ver las cifras, ya que de los 63.756 abortos practicados en 2000, en 61.947 casos el motivo de la interrupción fue la salud materna. De todos los abortos realizados, 56.928 fueron realizados en centros extrahospitalarios privados».
«La llamada Ley del Aborto, de 1985, estableció unos supuestos en los que dejaría de ser punible. Esta ley establece un límite de 12 semanas para el caso de violación (segundo supuesto), y deja abierta la puerta para los casos de peligro físico o psíquico para la madre (primer supuesto), en los que no establecía límite temporal». Se «exigía que un médico ajeno a la clínica en la que se realizara la intervención elaborara un informe, indicando en qué consiste el peligro para la madre», pero una nueva reforma, en 1986, estableció que «las propias clínicas abortistas podrían elaborar el informe psiquiátrico. Se abrió la puerta a los más de 61.000 abortos que se practican anualmente con impunidad amparándose en este supuesto». De hecho, según las investigaciones de Época, «al amparo del primer supuesto no es complicado encontrar clínicas que faciliten el aborto aunque no exista peligro de salud física o psíquica de la madre».
Aunque se trata de ilegalidades flagrantes, un vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Requero, afirma que «cada vez que se ha querido indagar en este coladero para evitar que las clínicas emitan informes psiquiátricos fraudulentos para realizar abortos, se lanza una campaña mediática y de grupos de presión para evitar que continúe la investigación».
Mediante llamadas telefónicas a las clínicas abortistas, los reporteros de Época descubrieron que es fácil realizar abortos fuera de plazo por 3.100 euros. «En la mayoría de los casos, cuando se solicita la práctica de un aborto basado en el supuesto de peligro psíquico de la madre, las clínicas se ofrecen para realizar el informe psiquiátrico. Es más, casi ninguna le da importancia a este documento». En cuanto al tiempo del embarazo, «no todas las clínicas aceptan períodos superiores a las veinte semanas». Sin embargo, «saben a quién remitir al paciente cuando sobrepasa las 22 semanas de gestación».
En otra de las clínicas mencionadas también se pueden realizar abortos de siete meses de embarazo. «Este centro no exige un informe psiquiátrico externo. Según afirma una de sus responsables, se realiza un informe que la clínica utilizará para asuntos internos». En la conversación con esta clínica, la telefonista, ante las peticiones informaba de que «si lo hacen en la 29 le subo un poquito más, a 3.200 o 3.300 euros». A partir de la semana 30, el método «es un parto inducido y ya está», según la telefonista. En estos casos, se saca al feto como si fuera un parto natural, pero asegurándose que salga por los pies. Cuando la cabeza está aún en el vientre materno, se le atraviesa la nuca con unas tijeras y mediante una sonda se succiona la masa encefálica.
El reportaje de Época, que da los nombres de clínicas con las que han hablado sus reporteros, recoge también los precios del aborto: desde 300 euros para un embarazo de hasta doce semanas a 1.425 euros para una gestación de 20 semanas, factura que sube a 3.000 para un embarazo de 24 semanas.