Los discapacitados británicos de la asociación Not Dead Yet (Todavía vivos) han lanzado una nueva campaña de resistencia contra los intentos de legalizar el suicidio asistido y la eutanasia. El grupo ha pedido a los miembros del Parlamento que se opongan a esta legislación y que, en cambio, no recorten los gastos sociales que les ayudan a superar sus limitaciones.
En su petición dirigida a los parlamentarios, los puntos clave son:
— Reconocer que los discapacitados y los enfermos terminales tienen derecho a la misma protección legal que cualquier otra persona.
— Comprometerse a apoyar el acceso de estas personas a la sanidad y a los servicios sociales que necesiten.
— Oponerse a cualquier cambio en la ley actual para legalizar el suicidio asistido.
Not Dead Yet recuerda que ninguna organización de discapacitados, o que apoye a estas personas o a enfermos terminales, ha hecho campaña a favor de cambiar la legislación. “Esto incluye a organizaciones a favor de pacientes con esclerosis múltiple o enfermedades neuromotoras, dos discapacidades que a menudo se citan como casos que podrían beneficiarse de un cambio en la legislación”.
Frente a la gente que piensa que ciertas discapacidades hacen que la vida no merezca la pena, la organización advierte que no es este el sentir de la mayoría de los que las sufren. Los casos de discapacitados que quieren morir son la excepción, no la regla, a pesar de que acaparan la atención mediática.
Lo que preocupa a Not Dead Yet es la posibilidad de que en estos tiempos de crisis se recorten o se supriman servicios esenciales para los discapacitados. La baronesa Jane Campbell, representante de la organización, ha declarado: “Lo que necesitan los discapacitados y los enfermos terminales es ayuda para vivir, no para morir. No podemos dejar que otros hablen por nosotros, especialmente aquellos que tratan de ofrecernos la oportunidad de una muerte prematura. Esto no es una opción, es un abandono”.
La actitud de los discapacitados británicos contra el suicidio asistido y la eutanasia coincide con la de similares colectivos en otros países. En España, con motivo del suicidio del tetrapléjico Ramón Sampedro en 1998, que se convirtió en bandera del “derecho a morir”, las Asociaciones de Lesionados Medulares y Grandes Minusválidos publicaron un comunicado en el que aclaraban que “la gran mayoría de los discapacitados no sólo no las comparten [las convicciones de Sampedro], sino que muestran una actitud totalmente contraria”, ya que su postura es “a favor de la vida y de la normalización socio-familiar de nuestro colectivo”.
