Más de noventa entidades catalanas se han unido en la plataforma «Pacto por la vida y la dignidad» para que en el proyecto de Estatuto de autonomía de Cataluña, actualmente en trámite, se modifiquen o retiren los artículos favorables a la eutanasia, el aborto libre y a las parejas homosexuales. «Pediremos a los partidos que recapaciten y elaboren un Estatuto válido para todos o, al menos, para la gran mayoría, que nazca del consenso y no pretenda imponer ideologías de partido», han declarado los responsables de la plataforma. Según ellos, el Estatuto catalán sería, en su redacción actual, «una limitación a la alternancia de programas propia de la democracia».
La plataforma critica en primer lugar el art. 20 del proyecto, que definía un «derecho a morir con dignidad». Con respecto a este punto, el Pacto por la vida y la dignidad ha denunciado la existencia de un informe que encargó la Generalitat al Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, que aún no ha sido divulgado, pero que -según fuentes de la plataforma- se difundirá una vez aprobado el estatuto. Dicho informe, fechado el 20 de diciembre pasado, afirma que «se debería despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido y establecer protocolos médicos para llevarlos a cabo». Otros párrafos del informe señalan que «los principios de dignidad, autonomía y bienestar del paciente hacen éticamente aceptable y constitucionalmente posible la despenalización de la eutanasia y de la ayuda al suicidio» («La Vanguardia», 1-03-2006).
Después, el 10 de marzo, por iniciativa de CiU, el art. 20 del proyecto fue modificado en la comisión que lo estudia en el Congreso de los Diputados. La nueva redacción ya no lleva la rúbrica «derecho a morir con dignidad», sino «derecho a vivir con dignidad el proceso de la propia muerte». Y el texto del artículo queda así: «Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a vivir con dignidad el proceso de su muerte».
Siguen igual los otros artículos a los que objeta el Pacto, incluidos -al igual que el anterior- en el Título I del proyecto. El art. 41.5 supone, a juicio de la plataforma, promover el aborto: «Los poderes públicos en el ámbito de sus competencias y en los supuestos previstos en la ley, deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual». De hecho, aunque el aborto en España está despenalizado en determinados supuestos, en la práctica es libre.
El art. 40.7, por su lado, devalúa la institución del matrimonio al especificar: «Los poderes públicos deben promover la igualdad de las distintas uniones estables de pareja teniendo en cuenta sus características con independencia de la orientación sexual de sus miembros. La ley debe regular dichas uniones y otras formas de convivencia y sus efectos». Tras la modificación del Código Civil hecha por el gobierno socialista el año pasado, se ha admitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La plataforma critica también el tratamiento de otros temas sociales importantes que se hace en el proyecto de Estatuto: el ejercicio de la laicidad como inhibición o incluso hostilidad de los poderes públicos, el olvido de las raíces cristianas de Cataluña.
Josep Miró i Ardèvol, presidente de la asociación e-Cristians, ha señalado que el Título I del Estatuto impone «una ideología que no representa el consenso de todos los catalanes» en cuestiones como la religión, la eutanasia o el aborto. En un comentario publicado en «La Vanguardia» (6-03-2006), Mirò señala que, con la redacción actual del Estatuto, el gobernante de turno tendría respaldo para actuar mediante «subvenciones, convenios, la escuela, los medios de comunicación públicos y tantas otras medidas para practicar la ingeniería social, modelando la sociedad de acuerdo con su ideología».
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