Claridad jurídica sobre el aborto

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En el actual debate sobre el aborto en España, entran en escena algunos conceptos jurídicos que es necesario clarificar para entenderse. Esto es lo que hace Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, en un artículo publicado en ABC (3-02-2008).

Explica Banacloche que “el aborto provocado no sólo no es un derecho, sino que es siempre un delito; lo que sucede es que no resulta punible cuando concurren determinadas circunstancias señaladas por la ley”. Y es un delito porque también jurídicamente, además de lo que confirma la ciencia, el feto es considerado ser humano y por tanto sujeto de derechos, siendo la vida el primero de ellos. Para este catedrático resulta preocupante “escuchar voces, incluso de representantes públicos, que siguen hablando del feto no como un ser humano vivo, sino como un conjunto de células, o como una parte del cuerpo de la madre”. Para él, esto “no sólo implica un desconocimiento absoluto de la realidad científica, sino del Derecho en su conjunto”.

Aclara Banacloche que por eso el Derecho “declara delictivo el aborto no consentido, el aborto consentido fuera de los casos legales, el aborto imprudente, o las lesiones al feto, y le permite civilmente heredar, recibir donaciones o actuar en juicio a través de sus representantes”. Por eso, toda legislación o modificación de la ley relativa al aborto debe considerar prioritariamente el derecho a la vida del feto, el cual solo cedería en razón de otros posibles derechos de igual grado si los hubiera. Así planteadas las cosas, se entiende que Banacloche considere del todo inconstitucional la llamada ley de plazos: “porque el derecho a la vida del feto sólo cede en razón de otros posibles derechos de igual grado, pero no por la mera voluntad de la madre que lo lleva y alimenta”.

Con estas premisas, se entiende bien que, en un Estado de derecho, sean perseguidos por los jueces los delitos de aborto, igual que se persiguen los otros atentados contra la vida. Nada de extraordinario tienen por tanto las acciones llevadas a cabo por la justicia contra las clínicas abortistas que operan al margen de la legalidad. Por eso, se sorprende Banacloche de que “a este Gobierno parece que le molesta que se cumpla con la legalidad vigente y, por boca de su vicepresidenta, anuncie medidas para evitar que se vulneren ‘derechos’ de las mujeres que abortan”. Es como si “lo que le inquieta es que se esté aplicando la ley e investigando las oscuras actividades de muchas de las clínicas privadas que practican abortos”.

Ante la postura tan poco lógica del Gobierno, el catedrático de la Complutense, desde su conocimiento del Derecho procesal, envía dos avisos para navegantes. El primero es que “si el Gobierno pretende elaborar normas que afecten a derechos fundamentales, como son la vida o la intimidad, no puede hacerlo por real decreto (que es lo único que puede aprobarse antes de las elecciones), como se ha dicho, sino por ley, y además orgánica.”. El segundo es una aclaración interesante a la hora de entender los procesos penales que se están llevando a cabo en los casos de las clínicas: “el derecho a la intimidad de las personas cede ante los fines del proceso penal: del mismo modo que una persona a la que se viola debe declarar sobre los hechos constitutivos del delito, por muy desagradable que le resulte (y lo es, sin duda), igual deben hacer las mujeres que han sido protagonistas de abortos presuntamente ilegales, incluso aunque ellas estén exentas de responsabilidad penal”.

Como se ve, resulta importante purificar de vez en cuando los conceptos sobre los que se construyen los argumentos, más aun cuando en debates de tal relevancia se entremezclan intereses de índole muy diversa. Y es que, como afirma Banacloche para concluir, “sería el colmo que la legislación sobre el aborto en nuestro país se hiciera pensando no en el ser humano con cuya vida se acaba, sino en la consolidación e incremento del negocio de las clínicas privadas que se lucran con él”.

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