Campaña en EE.UU. para quitar los fondos públicos a Planned Parenthood

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En respuesta a la serie de vídeos sobre la presunta venta ilegal de órganos de fetos abortados por Planned Parenthood, cinco estados norteamericanos han decido retirar los fondos estatales a esta organización. Además, otro puñado de estados han empezado a investigar sus actividades para garantizar que cumplen la ley.

(Actualizado el 25-08-2015)

La polémica surgió el pasado julio, cuando la organización The Center for Medical Progress empezó a sacar a la luz una serie de vídeos, grabados con cámara oculta, en los que se ve a directivos de Planned Parenthood comentando los precios de órganos de fetos abortados mediante la práctica conocida como aborto tardío (partial-birth abortion). Ya se han publicado ocho vídeos y quedan más.

“Hemos sido muy hábiles para conseguir corazones, pulmones e hígados, porque sabemos cómo hacerlo. No perforamos esa parte. Rompemos abajo, rompemos arriba, e intentamos que todo salga intacto”, dice la directora de los servicios médicos en uno de los vídeos.

Los fondos públicos destinados a Planned Parenthood podrían darse a centros médicos que de verdad se ocupen de la salud de las mujeres

El aborto y el dinero del contribuyente

En virtud de una ley que se ha renovado anualmente en el Congreso desde hace más de 30 años, en Estados Unidos se prohíbe la financiación federal del aborto salvo para las mujeres con bajos ingresos (beneficiarias del programa Medicaid) pero solo en tres supuestos: violación, incesto y grave peligro para la vida de la madre (cfr. Aceprensa, 5-02-2014).

Ahora bien, en la práctica nada impide que una organización abortista acabe recibiendo dinero del gobierno federal y de los estados si se dedica a otras actividades. Así ocurre con Planned Parenthood, principal suministradora privada de abortos y servicios anticonceptivos de EE.UU. El 40% de su presupuesto procede de fondos públicos destinados a la contracepción, la atención sociosanitaria o el diagnóstico de enfermedades.

Esto permite a Planned Parenthood presentarse ante la opinión pública como un proveedor de cuidados sanitarios “de calidad y asequibles”, además de promotor de la educación sexual. Los abortos, dice su web, solo representan el 3% de su actividad; o sea, cerca de 300.000 al año, según la BBC.

La organización niega que el dinero de los contribuyentes se destine a realizar abortos, salvo en los supuestos mencionados. La donación de tejidos del feto solo está permitida, con consentimiento de la mujer, en tres estados: California, Washington y Oregón. Estos se destinan a la investigación y en teoría no reportan beneficios para Planned Parenthood.

Mirar hacia otro lado

Para el columnista del New York Times Ross Douthat, estos vídeos deberían conducir a los pro-choice a ese incómodo momento “en que empiezas a considerar la posibilidad de que una institución situada en el centro de la respetable sociedad liberal se dedique a prácticas que merecen ser calificadas de barbarie”.

Los defensores de Planned Parenthood, añade Douthat en su artículo, han optado por quejarse de que los vídeos “han sido editados de forma engañosa (pese a que sus versiones completas también han sido publicadas), o por pedir a la gente que mire hacia otro lado”. Pero “la renuencia a mirar de cerca no cambia la verdad sobre lo que está pasando”.

En la misma línea, Kathleen Parker escribe en su columna del Washington Post que los vídeos podrían representar “un punto de inflexión” en el debate sobre la financiación de Planned Parenthood. “Si antes muchos podíamos evitar mirar los detalles del aborto, ahora esos detalles son todo lo que vemos y oímos, gracias a los vídeos”.

Los provida confían en que estos vídeos sobre venta de órganos de fetos abortados sirvan para mostrar una vertiente de Planned Parenthood a la que se prefiere no mirar

Los estados republicanos reaccionan

La publicación de estos vídeos ha dado lugar a la que ha sido calificada por el New York Times como “la más enérgica campaña” en muchos años dirigida a quitar la financiación pública a Planned Parenthood.

Hasta la fecha, las cámaras legislativas de cinco estados con mayoría republicana (Arkansas, Luisiana, Alabama, Utah y New Hampshire) han decidido suspender sus contratos con la organización. La medida, que está en período de apelación, entraría en vigor en septiembre.

En otro puñado de estados, también de mayoría republicana, se ha empezado a investigar a Planned Parenthood para ver si todas sus actividades son legales. En este grupo están: Texas, Carolina del Sur, Arizona, Kansas, Misuri y Ohio.

La sociedad civil también ha reaccionado. Más de 62.000 ciudadanos participaron el sábado 22 de agosto en manifestaciones contra Planned Parenthood, informa el Washington Times. Según la coalición convocante, en todo el país se celebraron al menos unas 342 concentraciones, muchas de ellas frente a centros de la organización.

La salud de las mujeres está a salvo

Los partidarios de mantener la financiación pública a Planned Parenthood afirman que, quitársela, sería dejar sin atención médica a miles de mujeres, sobre todo a las de escasos recursos. Desde esta perspectiva, es fácil volver a acusar a los republicanos de estar librando una “guerra contra la mujeres”. Pero ¿es eso cierto?

En su artículo para el Washington Post, Parker lo niega. Cuando los republicanos piden al gobierno federal que retire los fondos públicos a Planned Parenthood, proponen a cambio destinarlos a centros médicos que presten todos los cuidados necesarios para la salud de las mujeres, salvo el aborto. Es lo que pedía un reciente proyecto de ley promovido por los senadores republicanos Rand Paul y Joni Ernst, que finalmente no ha salido adelante.

Tampoco parece que la salud de las mujeres vaya a peligrar porque se cierre el grifo de la financiación. “Maine tiene cuatro centros de Planned Parenthood y 135 centros comunitarios de salud que pueden satisfacer las necesidades sanitarias básicas de las mujeres”. Y no es un caso excepcional: en todo el país, hay 9.059 centros de ese tipo frente a 669 clínicas de Planned Parenthood.

Parker concluye su artículo con una paradoja: “En una de las ironías más refinadas de este teatro de lo grotesco, los médicos de Planned Parenthood utilizan sonogramas [imagen creada por ultrasonidos] para garantizar que los órganos del bebé recién sentenciado a muerte no sufren daños. Pero la organización se ha opuesto insistentemente a las leyes de ‘consentimento informado’, que exigen mostrar a las mujeres sonogramas antes del aborto, alegando que el aborto es lo suficientemente duro como para mostrar lo que están a punto de destruir”.

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