Bush prohibirá financiar abortos con fondos federales

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Duración lectura: 3m. 44s.

En una declaración realizada el pasado 22 de enero, el nuevo presidente de Estados Unidos, George Bush, anunció que restablecerá los decretos que prohibían usar fondos federales para promover abortos en el extranjero. Ante los manifestantes reunidos en el aniversario de la sentencia del Tribunal Supremo que liberalizó el aborto en 1973, Bush dijo: “Es mi convicción que el dinero de los contribuyentes no ha de servir para financiar abortos o para fomentar esta práctica, dentro o fuera de nuestras fronteras”.

Ha sido interpretado como una muestra de radicalismo que Bush haya hecho este anuncio nada más llegar a la Casa Blanca. Hay que recordar, sin embargo, que su predecesor, Bill Clinton, se dio aún más prisa en anular las medidas que Bush se propone restablecer (ver servicio 11/93). Se trata de varios decretos presidenciales, promulgados por Ronald Reagan en 1984, que prohibían: dar fondos federales a organizaciones que promovieran el aborto en el extranjero; realizar abortos en hospitales militares norteamericanos situados en otros países; que los centros de planificación familiar que reciben subvenciones federales recomendaran el aborto; experimentar con tejidos fetales procedentes de abortos.

Tras anular estas medidas, Clinton tropezó en varias ocasiones con la Cámara de Representantes, que en 1995 decidió prohibir la concesión de fondos federales a organizaciones promotoras del aborto, así como la posibilidad de realizar abortos en hospitales militares en el extranjero (ver servicios 77/95 y 88/95). Pero estas iniciativas, aunque fueron aprobadas por la Cámara, no obtuvieron la mayoría suficiente para evitar el veto presidencial. En 1999, los republicanos consiguieron una victoria menor: utilizaron la delicada situación de la Administración Clinton con motivo de la abultada deuda contraída con la ONU, para obligarla a reducir la financiación a organizaciones abortistas. A cambio, los republicanos desbloquearon el pago de la deuda con la ONU, obviando así la amenaza de que Estados Unidos perderá el derecho al voto en la Asamblea General.

Las reacciones ante la declaración de Bush no se han hecho esperar. David O’Steen, director de National Right to Life, manifestó: “Ciertamente nos sentimos mucho mejor ahora. Pienso que pronto seremos mayoría en este país, y que poco a poco conseguiremos introducir los necesarios cambios legales”. Según Kate Michelman, presidenta de la organización abortista NARAL, el anuncio de Bush “demuestra que pretende usar sus poderes presidenciales para restringir los derechos reproductivos de las mujeres”.

Para los abortistas, el asunto no es meramente simbólico. La Planned Parenthood Federation of America (PPFA), la principal organización abortista del país, corrió con los gastos de casi 183.000 abortos realizados en 1999. Como entidad englobada en la International Planned Parenthood Federation, la PPFA cuenta con muy buenas relaciones con las Naciones Unidas y su Fondo para la Población. La PPFA recibió en ese mismo año ayudas por valor de 589 millones de dólares, de los que 187 millones provenían del gobierno norteamericano.

Sin embargo, hay abortistas que no quieren ese dinero. Cathy Young, vicepresidenta del Women’s Freedom Network, ha manifestado en un reciente artículo (The Wall Street Journal, 25-I-2001) que cree firmemente que el aborto ha de ser legal, pero a la vez sostiene que, al reclamar subvenciones federales, “el movimiento pro-choice está luchando una batalla equivocada, por cuestión tanto de principios como de estrategia”. Según Young, los abortistas deben ser coherentes con sus propios argumentos. Si dicen que quienes se oponen al aborto no tienen derecho a imponer sus valores a los demás, “les debemos el elemental respeto de asegurar que sus impuestos no se usarán para subvencionar algo que consideran abominable”. Los partidarios del aborto alegan también que prohibirlo sería una “injerencia del gobierno” en una cuestión personal de cada mujer; no es lógico, entonces, pedir que el gobierno se injiera financiando el aborto.

Young señala también que, si más de dos tercios de los norteamericanos se oponen a pagar con sus impuestos la realización de abortos, parece evidente que el dinero debe salir del bolsillo de los partidarios del aborto. Young cita a actrices de Hollywood, como Barbra Streisand, Susan Sarandon o Julia Roberts, cuya postura beligerante a favor del aborto es manifiesta. Dice Young que “probablemente, la cantidad que gastan al año en zapatos es superior a la que perderán los programas internacionales de planificación familiar con el restablecimiento de las medidas” anuladas por el anterior presidente, Bill Clinton.

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