Seis de cada diez médicos españoles apoyan en teoría que se legalice la eutanasia, pero al mismo tiempo la mayoría no están dispuestos a practicarla, y en lo que casi todos coinciden es en la necesidad de desarrollar los cuidados paliativos. Así se desprende de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre 1.057 médicos elegidos al azar entre los de menos de 65 años inscritos en el registro del Colegio Oficial de Médicos.
Cuando se les pregunta: «¿Cree usted que debe cambiarse la ley para permitir a los enfermos pedir y recibir el suicidio asistido por un médico y/o la eutanasia activa?», el 59,9% responden que sí. Este porcentaje es la suma de los que están a favor solo en el caso de enfermos terminales (41,5%) y de los que también lo admiten en el caso de enfermedad crónica grave o irreversible (18,4%). El 31,4% se declara en contra.
También se pidió a los encuestados que puntuaran de 1 (máximo desacuerdo) a 10 (máximo acuerdo) una serie de afirmaciones. La frase: «Los enfermos terminales que conservan totalmente sus facultades mentales tienen derecho a decidir sobre la finalización de su vida» obtuvo una nota media de 7,1. De todos modos, esto no indica automáticamente un apoyo a la eutanasia, pues también puede interpretarse como una renuncia a tratamientos que prolongan inútilmente la vida con muy mala calidad.
Sin embargo, cuando las preguntas se refieren a una acción que debe poner el médico, la mayoría de los profesionales no están dispuestos a practicar la eutanasia ni creen que sea una función propia del médico. La frase: «Nunca recetaría/proporcionaría una dosis letal a un enfermo» obtiene una nota media del 6,1, lo que indica que la mayoría está de acuerdo con ella. En coherencia con lo anterior, la afirmación: «Proporcionar una dosis letal a un enfermo terminal es acorde con la función médica de aliviar el dolor y el sufrimiento» obtiene solo un 4,4.
La renuencia de los médicos se advierte también en otra pregunta de la encuesta: «En un paciente con dolor intenso, ansiedad, depresión, abandono, soledad u otras condiciones que solicita la eutanasia, ¿cuál cree que puede ser la respuesta más adecuada?». Solo el 6% respondió «proporcionarle lo que pide», mientras que el 70% optó por «controlarle el dolor y los síntomas».
La encuesta revela también un rechazo del encarnizamiento terapéutico, pues hay un alto índice de acuerdo en que «es una decisión acertada suspender (o no iniciar) un tratamiento de prolongación de la vida con muy mala calidad»; como también la gran mayoría considera que «es una práctica médica aceptada incrementar la dosis de un analgésico para un enfermo terminal, con el objetivo de aliviar el sufrimiento, siendo consciente de que podría acelerar el final de su vida».
Los médicos son conscientes también de los riesgos que entraña la legalización de la eutanasia. A la pregunta: «¿Cuáles cree usted que pueden ser las mayores dificultades que puede originar la legalización de la eutanasia?» (podían señalarse más de una) las más invocadas son: vulneración de los derechos de las personas en situación de fragilidad (58,9%), mala utilización (57%) y de carácter ético (52,1%).
Gran índice de acuerdo sobre los cuidados paliativos
El desarrollo de los cuidados paliativos suscita los mayores índices de acuerdo. En una escala de 1 a 10, el desarrollo de los cuidados paliativos obtiene una media de acuerdo de 9,73 frente a un 6,22 de la despenalización de la eutanasia. Igualmente, la afirmación: «La organización médica colegial debe defender el establecimiento de un sistema de cuidados paliativos universal y de calidad como alternativa a la eutanasia obtiene un 8,3.
Son mayoría los que creen que la existencia de un buen sistema de cuidados paliativos terminaría con la mayoría de peticiones de eutanasia (43,1%), con algunas (42,4%) o con todas (3,3%), mientras que un 9,4% piensa que no cambiaría el número de peticiones.
La encuesta, que se realizó en abril y mayo de 2002, tiene un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error de ±3,1%.
Tanto la eutanasia como la cooperación al suicidio están contemplados actualmente como delitos en España. Según lo previsto en el art. 143, 4 del Código Penal, la cooperación al suicidio está penada con seis meses de prisión y la práctica de la eutanasia, con tres años.