Rusia: Yeltsin relanza la privatización de la tierras
Las granjas colectivas podrán dividirse entre los agricultores
A pocas semanas de las elecciones, Boris Yeltsin ha relanzado el proceso de privatización de la tierra. El decreto firmado por el presidente ruso liberaliza la compraventa de las parcelas individuales y da más libertad a los trabajadores de las granjas estatales (sovjoses) y colectivas (koljoses) para disponer, en teoría, de las tierras del Estado.
Hasta ahora no existía una base legal para privatizar la tierra y el Parlamento heredado de la época soviética había bloqueado los intentos de Yeltsin de someter la cuestión a un referéndum.
En lo que se refiere a las explotaciones particulares, los propietarios tendrán derecho a vender, donar, arrendar, intercambiar o legar en herencia sus tierras. Estas disposiciones liberalizan una ley votada el pasado julio en el Soviet Supremo, que incluía aún ciertos límites. Se mantiene la restricción de que los extranjeros no podrán comprar tierras. En la antigua URSS se permitía que los trabajadores agrícolas poseyeran una pequeña parcela, de 0,5 hectáreas como máximo, para su explotación individual. Estas tierras suponen una extensión total de 6 millones de hectáreas y, en 1990, representaban el 18% del valor de la producción agrícola y el 25% de la ganadera.
En cuanto a las granjas colectivas y estatales, el decreto de Yeltsin establece que cada miembro de la explotaciones «tiene el derecho de recibir un certificado de propiedad que indique la superficie de la parcela que puede pretender, aunque sin obligación de formar una explotación por separado». En teoría, se abre así la posibilidad de que las explotaciones colectivas se dividan. En la práctica, no es previsible que a corto plazo desaparezcan las casi 26.700 explotaciones colectivas, que agrupan a más de 20 millones de personas. No será fácil sustituir la actual infraestructura ni los canales de aprovisionamiento y venta. Por otra parte, la mayoría de los trabajadores de estas granjas están poco preparados, tanto material como psicológicamente, para lanzarse a iniciativas particulares. Las granjas colectivas ocupan actualmente el 96% de las tierras cultivables de la Federación de Rusia.
Los que aspiren a una propiedad individual deberán demostrar que están interesados en explotar la tierra y no en especular con ella. En el caso de que el nuevo propietario quiera revender la tierra, las explotaciones colectivas tendrán prioridad para comprarla.
La decisión de Yeltsin -interpretada por algunos como una medida electoralista- se explica mejor a partir de dos importantes decretos de diciembre de 1991. El primero obligó a las granjas colectivas a volver a registrarse a comienzos de 1993. Con el nuevo registro se pretendía dar a las granjas estatales o colectivas la oportunidad de desvincularse de la propiedad estatal, lo que no significaba legalizar la propiedad privada. Lo que sucedió de hecho es que el 22% de las granjas no se registró (permanecieron en la situación anterior), y entre las registradas, el 27% mantuvo la propiedad estatal. El 51% restante se constituyó en sociedades de responsabilidad limitada (32%), cooperativas, asociaciones, etc. Pero este nuevo registro administrativo no modificó la situación real de las empresas.
El segundo decreto establecía conceder un título de propiedad de tierra e instrumentos de trabajo al miembro de la granja colectiva que decidiese desvincularse de ella. El problema es que esta reglamentación no concretaba el mecanismo de división de las granjas, y la mayoría de los que decidieron abandonar el cultivo colectivo, recibieron tierras poco fértiles en lugares muy mal comunicados.