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Nueva praxis: un caso es demasiado

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La praxis acordada por los obispos de Estados Unidos en su reunión de Dallas para cortar y prevenir los casos de abuso sexual de menores por parte de clérigos, ha optado por línea más drástica. Si en el pasado su comportamiento pudo ser acusado de titubeante o laxista, las medidas ahora aprobadas por los obispos traducen el deseo de mostrarse intransigentes, aun a costa de prescindir de matices. De todos modos, la labor preventiva más importante será atinar en la selección de los candidatos al sacerdocio, para lo cual se ve necesaria una reforma de los seminarios.

La nueva praxis aprobada por la Conferencia Episcopal por 239 votos contra 13 establece la línea más intransigente para cortar cualquier abuso de menores por parte del clero. La declaración afirma: «La política diocesana establecerá que el sacerdote o diácono culpable de un solo acto de abuso sexual de un menor -en el pasado, el presente o el futuro- será permanentemente apartado del ministerio». La acusación habrá de ser comprobada tras una apropiada investigación, según las normas del Derecho Canónico.

Basta un caso

A lo largo de las deliberaciones, tras la impresión de testimonios de algunas víctimas y conscientes de que estaban bajo los focos de la atención pública, los obispos optaron por la política más drástica. En el borrador inicial, un sacerdote que en el pasado hubiera cometido un abuso sexual con un menor, pero hubiera reconocido su culpa, recibido tratamiento y, sometido a supervisión, demostrara haber cambiado, podría volver a tener un encargo pastoral. Pero al final ha prevalecido la idea de asegurar la protección de los menores por encima de todo. «A partir de ahora, nadie del que se sepa que ha abusado sexualmente de un menor trabajará en la Iglesia católica», resumió Mons. Wilton Gregory, presidente de la Conferencia Episcopal. Los obispos citan a este respecto unas palabras de Juan Pablo II en el discurso durante la reunión con cardenales americanos en Roma el pasado abril: «No hay sitio en el sacerdocio o en la vida religiosa para los que dañan a los jóvenes».

La política de «tolerancia cero» no será fácil de aplicar en el caso de sacerdotes a los que se acusa de un caso de abuso sexual cometido a veces hace 20 ó 30 años, y que después han llevado una vida sacerdotal correcta. Una gran mayoría de fieles es partidaria de una línea firme de la jerarquía para cortar estos abusos, pero esto puede cambiar cuando su respetado pastor es apartado de su cargo por un fallo de un pasado lejano. Al informar de varios casos de este tipo, The New York Times (22-V-2002) hacía notar: «Mientras tratan de ser drásticos, algunos obispos se han visto sorprendidos por la reacción de feligreses que piensan que el nuevo enfoque se parece a una caza de brujas».

La posibilidad de una sincera conversión es algo que también apuntó Juan Pablo II en su discurso: «No podemos olvidar el poder de la conversión cristiana, una decisión radical de apartarse del pecado y de volver a Dios, que alcanza la profundidad del alma de una persona y puede provocar un cambio extraordinario».

Los obispos, que reconocen sus «errores» y piden perdón por no haber sabido asegurar la protección de los menores, determinan que se haga un esfuerzo pastoral para proporcionar ayuda espiritual y psicológica a las víctimas y a sus familias.

Los laicos intervendrán

La declaración de los obispos señala que, en cada caso, se seguirán las normas canónicas previstas en la legislación universal de la Iglesia, con penas que pueden llegar a la expulsión del estado clerical (en mayo de 2001, la Congregación para la Doctrina de la Fe aprobó nuevas normas para juzgar estos casos, cfr. servicio 8/02). Si la pena de pérdida del estado clerical no se aplica (por ejemplo, por motivos de edad o enfermedad), el culpable deberá «llevar una vida de oración y penitencia», sin que se le permita actuar ni presentarse públicamente como sacerdote.

Para evitar toda idea de secretismo, las diócesis acuerdan comunicar a las autoridades cualquier acusación de abuso sexual de un menor y colaborar en las investigaciones. También renuncian a arreglar estos asuntos mediante acuerdos de confidencialidad con las víctimas, a no ser por razones graves invocadas por las víctimas y que se hagan constar en el texto del acuerdo.

Los laicos intervendrán en la gestión de estos problemas. En cada diócesis habrá un comité, cuyos miembros serán en su mayoría laicos que no trabajan para la diócesis, que asesorará en los casos de acusaciones de abuso sexual de menores y seguirá la aplicación de la política ahora acordada. Dentro de la Conferencia Episcopal, se constituirá una Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes, encargada de aplicar esta política, asistida por un comité de revisión que incluirá a padres.

Para que las normas establecidas por la Conferencia Episcopal sean obligatorias en todas las diócesis, han de ser aprobadas por la Santa Sede, a la que se remitirá el documento.

Revisión de los seminarios

Dentro del capítulo de la prevención, sin duda lo más importante es una buena selección y formación del clero. El documento de los obispos promete una «completa cooperación» con la «visita apostólica» de los seminarios, una medida acordada en la reunión que los cardenales de EE.UU. mantuvieron con el Papa y miembros de la Curia en Roma el pasado abril. En estos casos, la Santa Sede envía un equipo que revisa cómo se lleva a cabo la formación en los seminarios. A diferencia de otras veces, precisa la declaración, «esta nueva visita se centrará en la cuestión de la formación humana para vivir la castidad en el celibato».

En la reunión de Dallas, la Conferencia no ha entrado a fondo en la cuestión del estado de los seminarios, pues no había tiempo para ello y lo urgente era establecer una política nacional para cortar cualquier abuso de menores. Pero el documento subraya también que las diócesis emplearán los métodos adecuados para seleccionar a los candidatos al sacerdocio.

La gran mayoría de los abusos han sido cometidos con adolescentes varones. De ahí que algunos obispos hayan evocado públicamente la necesidad de debatir si una persona con tendencias homosexuales puede ser un candidato idóneo al sacerdocio. Mons. Allen Vigneron de Detroit, rector del Seminario Mayor del Sagrado Corazón, declaraba a National Catholic Register: «Muchos hombres con la tendencia desordenada de una atracción sexual por personas del mismo sexo tienen un punto de partida que no les hace candidatos idóneos para el sacerdocio».

La fidelidad de la mayoría

No hay que perder de vista tampoco que aunque solo una pequeña minoría de sacerdotes hayan cometidos los abusos, el desprestigio y la sospecha acaban recayendo sobre todo el clero. Los obispos quieren salir al paso de esta idea, subrayando su confianza en la gran mayoría de sacerdotes fieles. «Sabemos que el problema del abuso sexual de jóvenes no es un problema inherente al sacerdocio, y que no son sacerdotes los únicos que incurren en él. La inmensa mayoría de nuestros sacerdotes son fieles en su ministerio y felices en su vocación. Los fieles aprecian mucho la labor ministerial de sus sacerdotes. En medio de esta prueba, esto es una fuente de gozo. Nos duele enormemente que cualquiera de nuestras decisiones haya podido oscurecer el buen trabajo de nuestros sacerdotes, por el cual son tan respetados por los fieles».


Cuestiones planteadas en la opinión pública

El debate público sobre el problema del abuso sexual de menores ha dado lugar a que la prensa recogiera datos de los estudios realizados al respecto, así como opiniones de expertos. Ofrecemos algunos comentarios, que responden a cuestiones que se plantea el público en Estados Unidos.

¿Qué incidencia tiene el problema de abuso de menores entre el clero?

No hay ninguna estadística de ámbito nacional en la Iglesia católica de EE.UU., como tampoco la hay para ninguna otra categoría de personas en la sociedad. Philip Jenkins, profesor de Historia y Estudios Religiosos en la Universidad Estatal de Pensilvania, no católico, autor del libro Pedophiles and Priests (Oxford University Press, 1996), recoge un estudio referido a la diócesis de Chicago, que examinó los datos de unos 2.200 sacerdotes que sirvieron en la diócesis de 1963 a 1991. Se consideró prueba de mala conducta no una condena legal en los tribunales, sino el consenso de que una determinada acusación estaba probablemente justificada. «Con esta baja exigencia de prueba -dice Jenkins-, el informe concluyó que unos 40 sacerdotes, en torno al 1,8% del total, eran probablemente culpables de mala conducta con menores en algún momento de su carrera. Dicho de otro modo, no había ninguna prueba contra más del 98% del clero parroquial. Como otras organizaciones que trabajan con niños no han hecho estudios tan amplios, no podemos saber si la incidencia entre el clero católico es mayor o menor que entre los profesores, asistentes sociales o monitores de scouts».

En estos meses, los medios de comunicación han emprendido sus propias investigaciones para tratar de cuantificar la amplitud del problema. Son reportajes periodísticos, no estudios científicos. La Associated Press movilizó a sus reporteros para preguntar por todas las diócesis de EE.UU. y concluyó que el número de sacerdotes culpables o acusados de abusos era menos del 1%. «Y muchas de las acusaciones se remontaban a décadas atrás», añadía el reportaje. El Washington Post también hizo una investigación preguntando a cada una de las 178 diócesis, de las que respondieron 96. «La investigación desveló que 866 sacerdotes habían sido acusados de abusos de menores en las últimas cuatro décadas, menos del 1,5% de los 60.000 o más sacerdotes que han prestado servicio en ese periodo», escribe el Post (10-VI-2002).

¿Es un problema específico o más grave en la Iglesia católica que en otras?

A pesar de que la atención se ha centrado en la Iglesia católica, «la mayoría de las iglesias norteamericanas donde se han producido acusaciones de abusos sexuales a menores son protestantes, y la mayoría de los acusados no son clérigos ni directivos, sino voluntarios». Así escribe The Christian Science Monitor (abril 2002), revista conocida por su rigor, haciéndose eco de los datos contenidos en los informes nacionales que anualmente publica Christian Ministry Resource (CMR).

CMR hace una encuesta nacional entre unas 1.000 instituciones eclesiásticas (congregaciones, parroquias…) y, desde 1993, ha preguntado también sobre denuncias de abusos sexuales. Como promedio, un 1% de las congregaciones encuestadas comunicaban casos de abusos de este tipo. «Los católicos han acaparado toda la atención de los medios de comunicación, pero este problema es mayor en las iglesias protestantes simplemente porque son muchas más», dice James Cobble, director ejecutivo de CMR. De las 350.000 iglesias de EE.UU., 19.500 son católicas (un 5%).

Las conclusiones del CMR revelan también que «los abusos se dan más entre los voluntarios [que ayudan en las iglesias] que entre el clero o el personal directivo. Y, lo que es más sorprendente, los menores son acusados de abusos contra otros menores con tanta frecuencia como el clero y los directivos. En 1999, por ejemplo, el 42% de los presuntos autores de abusos fueron voluntarios, un 25% profesionales de las iglesias (incluido el clero) y un 25% otros menores».

Un 21% de los casos se resolvieron por sentencia judicial o por acuerdos extrajudiciales.

¿Es un problema que va a más?

Los datos del citado informe del CMR referidos a los últimos nueve años muestran que el porcentaje de iglesias que habían tenido problemas de este estilo bajó del 3% en 1993 al 1% en 2001. Los informes registran una tendencia descendente de los casos de abusos a partir de 1997, posiblemente como consecuencia de la puesta en práctica de medidas preventivas. Desde principios de los años noventa las iglesias se han preocupado de afrontar este problema, afirma Cobble.

¿No existe este problema fuera del ámbito de las iglesias?

En el ámbito de la escuela, se han hecho menos informes que entre las iglesias, también porque la prensa no ha centrado ahí la atención pública. De vez en cuando son noticia los casos de relaciones entre profesores y adolescentes de 13 a 18 años, que es también el tramo de edad en que se centran la mayoría de los casos en que se han visto involucrados sacerdotes. Pero, a diferencia de los problemas de este tipo surgidos entre sacerdotes, «los casos de relaciones sexuales entre profesores y estudiantes han recibido escasa atención, al margen de algunas noticias sensacionalistas», escribe Chelsea J. Carter en un artículo de Associated Press (10-VI-2002), que intenta dar una panorámica de estos problemas en la escuela.

No existe ningún registro nacional de los casos contra profesores. Como indicio, «en 1998, Education Week investigó en archivos periodísticos y bases de datos y encontró 244 casos en un periodo de seis meses». Algunos testimonios recogidos en el artículo afirman que las escuelas optan más bien por resolver las cosas con discreción, evitando sacar a la luz pública acusaciones o dimisiones de profesores.

¿De qué tipo de abusos se acusa a los sacerdotes involucrados?

Jenkins advierte contra el uso impropio de la palabra «pederastia», que en términos psiquiátricos indica un interés sexual por niños por debajo de la edad de pubertad. «La gran mayoría de los casos se refieren a relaciones entre sacerdotes y una persona que no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual, a menudo de 16 ó 17 años, o incluso mayor». Un acto de este tipo es un error por múltiples razones y un pecado, pero no tiene el mismo carácter totalmente abusivo que implica la pederastia, matiza Jenkins. «En la mayoría de los casos, cuando se trata de adolescentes mayores, hay también un cierto consentimiento». Para la ley americana, cualquier relación consumada entre una persona mayor de 18 años y otra menor de esa edad es definida legalmente como violación, aunque haya habido consentimiento por parte del menor.

¿Por qué se habla de pederastia y no de homosexualidad?

Richard J. Neuhaus comenta en First Things: «De los muchos casos de supuestos o verdaderos casos de abusos que han salido a la luz, solo una pequeña fracción son de pederastia. El resto son casos de hombres que tienen una relación sexual con adolescentes varones. Pero sugerir que el problema es la homosexualidad supone ir contra la poderosa e influyente defensa que hace la cultura gay de que los homosexuales no pueden causar perjuicios a los niños y que por lo tanto se les debe permitir adoptar, ser monitores de boy scouts, etc.». Neuhaus detecta que los medios y los militantes gays se encuentran aquí en un aprieto: «Cuanto más insisten en los escándalos de abusos sexuales, más llaman la atención sobre la homosexualidad en el clero, y sobre las conductas generalmente asociadas con la homosexualidad». En medio de estos escándalos, es inevitable recordar que estos medios y estos militantes han estado impulsando campañas para bajar a 16 años la edad de consentimiento para relaciones homosexuales.

¿La exigencia del celibato sacerdotal puede favorecer conductas sexuales desviadas?

El citado Philip Jenkins explica en unas declaraciones recogidas en First Things (mayo 2002): «Mis investigaciones de estos casos durante los últimos veinte años indican que no hay ninguna prueba de que los sacerdotes católicos u otros clérigos célibes estén más inclinados a incurrir en mala conducta o abusos que los clérigos de cualquier otra Iglesia, o que los laicos. Aunque determinados medios de prensa vean este asunto como una crisis del celibato, no hay nada que pruebe tal cosa».

¿Esta crisis obliga a reconsiderar el celibato sacerdotal y la ordenación de mujeres?

«El matrimonio de los sacerdotes no es más útil para reducir la incidencia de abusos sexuales que el matrimonio de los profesores para reducir los abusos sexuales en la escuela. Sencillamente, el matrimonio y los abusos de menores no tienen nada que ver», comenta George Jonas en el diario canadiense National Post (24-IV-2002). La atracción sexual por un niño es una tendencia sexual desviada, que no se cura con el matrimonio. «En vez de curar a los aquejados de esta perversión, el matrimonio a menudo les proporciona víctimas accesibles en su propia casa».

Jonas, que no es católico ni creyente, piensa que algunos, incluidos también algunos católicos, están utilizando el escándalo para promover sus propios objetivos. «So capa de preocupación por la Iglesia, tratan de presentar el debate de modo que refleje sus propias ideas sobre feminismo o sexualidad. Algunos pueden estar realmente apenados por el escándalo, pero para otros es un regalo del cielo».

Habida cuenta de que la gran mayoría de los casos que se han hecho públicos ocurrieron hace 20 ó 30 años, es más probable -piensa Jonas- que haya que achacarlos al clima de permisivismo y relativismo moral que inundó la sociedad y las Iglesias durante los años sesenta y setenta. La peor cura sería una mayor inmersión en ese ambiente.

Concluye Jonas: «Ahora es el tiempo menos oportuno para considerar la ordenación de mujeres, por no decir el celibato sacerdotal. A juzgar por lo que ha dicho Juan Pablo II sobre este tema esta semana -‘el valor del celibato como completa entrega de uno mismo al Señor y a su Iglesia debe ser cuidadosamente conservado’-, la buena noticia es que el Papa no se deja arrastrar por la estampida».

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