Como si fueran sindicalistas franceses, los estudiantes universitarios de Inglaterra han protestado violentamente contra la subida de las matrículas que planea el gobierno (la propuesta no afecta a las otras partes del Reino Unido, que tienen sus propios sistemas). El plan adopta parcialmente las recomendaciones de una comisión presidida por lord John Browne (ver artículo relacionado).
Ahora, las universidades no pueden cobrar más de una cantidad fijada por el Estado -3.290 libras (3.878 euros, al cambio actual) para el presente curso- a los estudiantes del país y del resto de la Unión Europea. Casi todas alcanzan el tope, pues el gasto por alumno está en unas 7.000 libras por término medio. El Estado pone el dinero de las tasas más subvenciones directas que, según las universidades, no cubren el coste. Además da a los estudiantes ayudas a fondo perdido y créditos para manutención. La ayuda es escalonada, según los ingresos de la familia: la máxima es 2.906 libras al año, para rentas de 25.000 libras o menos; las rentas superiores a 50.000 libras están excluidas. Los créditos pueden ser de hasta 5.500 libras anuales y también dependen de los ingresos familiares, pero no hay tope de renta para solicitarlos.
Los universitarios empiezan a devolver el dinero (tasas más crédito, si lo pidieron) después de terminar la carrera, siempre que ganen más de 15.000 libras al año. En concreto, pagan el 9% de lo que exceda de esa suma. La tasa de interés es igual a la inflación del año precedente, y por tanto nula en términos reales. Si en 25 años no han saldado la deuda, se les condona. Por término medio, la satisfacen en 13 años los hombres y 17 las mujeres.
La propuesta del informe Browne era que los estudiantes cargaran con todo o una parte mayor del coste real de la enseñanza, a cambio de mayores facilidades de pago. Se suprimiría el tope a las tasas, pero la universidad que cobrara más de 6.000 libras quedaría sometida a un impuesto sobre el exceso, para compensar en parte al Estado por lo que tendría que adelantar. Los graduados tendrían un umbral superior de ingresos, 21.000 libras anuales, para estar obligados a devolver el anticipo al Estado, pero la vigencia máxima de la deuda se ampliaría cinco años, hasta 30.
Un tope más alto para las matrículas
El plan adoptado por el gobierno, que habrá de ser aprobado por el Parlamento, no elimina el tope a las tasas pero lo sube a 6.000 libras (7.062 euros) por regla general para el primer año de aplicación (2012-13), o a 9.000 libras (10.590 euros) por excepción, siempre que la universidad tome medidas -aún por concretar- para favorecer que entren estudiantes de familias modestas.
Por lo demás, el gobierno sigue aproximadamente las recomendaciones del informe Browne. Aumenta las ayudas a fondo perdido para manutención, hasta un máximo de 3.250 libras al año, pero baja a 42.000 libras el tope de ingresos familiares para optar a ellas. También sube la cuantía de los créditos.
Para devolver tasas y préstamos, los licenciados pagarán el 9% de lo que ganen por encima de 21.000 libras anuales hasta que satisfagan la deuda o hayan pasado 30 años, como proponía Browne. Y se les impondrá un interés real progresivo, que será igual a la inflación más 0,15 puntos por cada 1.000 libras de ingresos por encima de 21.000, hasta un máximo de 3 puntos (para los que ganen 41.000 libras o más).
La libertad de precios propuesta por Browne era quizá una reforma demasiado radical para la mayoría conservadora, dado que el resto de los Comunes, incluidos los socios de coalición de gobierno, son partidarios de una solución opuesta. Tanto liberal-conservadores como laboristas quieren que la universidad vuelva a ser gratuita y se financie con un impuesto especial a los graduados.
Las universidades, por su parte, agradecerán la subida del tope, aunque al menos las más prestigiosas preferían la propuesta Browne. Para ellas, lo mejor sería que sus ingresos dependieran de los costes reales y de las preferencias de los alumnos, en vez de que se los fije el Estado. La reforma va en esa dirección. Ya no costará prácticamente lo mismo (el máximo permitido en el sistema actual) cursar Medicina o Derecho, estudiar en Cambridge o en una universidad de segunda fila. Los que quieran un título mejor reconocido, habrán de hacer un esfuerzo económico adicional. Esto podría alejar de los estudios más caros, que suelen ser los que dan mayor promoción social, a los jóvenes menos favorecidos; pero en principio el umbral de devolución y el interés progresivo deberían evitarlo.
El mayor riesgo contra la equidad es más bien que los más acomodados se aprovechen de los anticipos y los créditos para que el Estado les sufrague la carrera a un coste mínimo para ellos. Así harían si saldaran sus deudas rápidamente, con pagos muy superiores a los obligatorios: se librarían de intereses anuales, que en cambio seguirían acumulándose en las cuentas de los demás. El gobierno dice que adoptará medidas para no penalizar a los que devuelvan el dinero poco a poco.