En julio pasado, el primer ministro irlandés, en un discurso al Parlamento, acusó a la Santa Sede de obstaculizar los esfuerzos de la Iglesia y del gobierno del país contra los abusos de menores por parte de clérigos. Se basaba en un informe, recién publicado, sobre lo sucedido en la diócesis de Cloyne. Las dos cámaras aprobaron una moción de censura al Vaticano y el gobierno le pidió explicaciones. Ahora que ha llegado la respuesta de la Santa Sede, se comprueba con qué facilidad unas afirmaciones contundentes pero imprecisas pueden conformar la opinión pública. En cambio, para averiguar la verdad hay que tomarse el trabajo de leer muchas páginas.
La misma conclusión sacó una lectora del Irish Times, Orla Halpenny, en una carta al periódico, publicada una semana después del discurso del primer ministro Enda Kenny. “El discurso de Kenny en el Parlamento me llevó a leer por mí misma el informe Cloyne. Pronto me resultó lamentablemente claro que Kenny no lo había leído”.
La respuesta de la Santa Sede al gobierno irlandés es muy detallada y mantiene un tono respetuoso
La crítica que hace el informe Cloyne a la actuación de la Santa Sede se refiere a una carta del 31-01-1997 dirigida por el entonces nuncio en Irlanda, Mons. Luciano Storero, a los obispos del país. En ella comunica ciertas objeciones de la Congregación para el Clero al llamado Documento Marco, que definió un procedimiento común, más riguroso y expedito, para investigar y juzgar los abusos de menores. Entre otras cosas, el Documento Marco indicaba que se debía poner en conocimiento de la autoridad civil todo caso del que se tuvieran indicios (“denuncia obligatoria”), además de iniciar el proceso canónico.
No todos los obispos, en particular no el de Cloyne, Mons. John Magee, ni su vicario general, Mons. Denis O’Callaghan, estaban de acuerdo con la denuncia obligatoria y otras normas más estrictas. No las aplicaron, y su diócesis se distinguió por la lentitud y laxitud, y en fin por unos abusos no cortados con energía. Esto no fue un descubrimiento del informe Cloyne, encargado por el gobierno y hecho público el 13-07-2011 (aunque fechado el 23-12-2010), pues más de dos años antes, en diciembre de 2008, lo había denunciado otro (informe Elliott), elaborado por el Consejo Nacional para la Protección de la Infancia, creado por los obispos para estudiar los abusos. A raíz de la publicación de este informe, cambió el modo de proceder en Cloyne, como reconoce el reciente informe civil.
El Vaticano afirma que nunca impidió que los obispos irlandeses aplicaran las normas que habían adoptado para investigar y perseguir los abusos
La carta del nuncio
El Documento Marco fue elaborado por el Comité Asesor de los Obispos sobre Abusos Sexuales por parte de Clérigos y Religiosos, y propuesto a los obispos y superiores religiosos, que en general lo aceptaron. El 23-12-1995 fue remitida la versión definitiva a la Congregación para el Clero, que ya había sido consultada en otras ocasiones a lo largo de la elaboración. Luego, el 3-01-1996, el secretario de la Conferencia Episcopal escribió a la Congregación para indicar que si tenía observaciones que hacer al texto final, el plazo terminaba el día 6 siguiente, pues se había fijado la publicación para finales de mes. Añadía que no era un documento “promulgado” ni “aprobado” por la Conferencia Episcopal, sino “aceptado y ofrecido a los obispos y superiores religiosos a título de orientaciones”.
La Congregación para el Clero no pudo examinar el texto en tan poco tiempo, y sus comentarios no llegaron a los obispos, a través del nuncio, hasta un año después. La carta, reservada pero filtrada y publicada en enero pasado, transmitía dos objeciones de la Congregación al Documento Marco:
1) Algunas normas, pensadas para acelerar los procesos por abusos, no eran del todo conformes con el Derecho canónico, y por tanto los acusados podrían recurrir y obtener la nulidad de las actuaciones.
2) La denuncia obligatoria suscitaba reparos jurídicos y morales.
Ahora hay una oportunidad de volver a la calma, para cooperar y debatir sin gritos
El informe Cloyne hace dos afirmaciones con respecto al Documento Marco y a la respuesta de la Congregación:
1) “Los obispos irlandeses pidieron a Roma el reconocimiento del Documento Marco, pero no lo recibieron”. (El reconocimiento –recognitio, en la terminología canónica– es la sanción de la Santa Sede que requiere una disposición de una Conferencia Episcopal para ser vinculante para todos los obispos del país.) Eso es sencillamente un error, dice la respuesta vaticana al gobierno irlandés: la Conferencia Episcopal nunca pidió la recognitio para el Documento Marco.
2) La carta del nuncio quitó fuerza al Documento Marco al llamarlo “documento de estudio” y ponerle reparos. Así, de hecho, “dio a los obispos irlandeses libertad para no cumplir los procedimientos que habían acordado y dio refuerzo y apoyo a quienes, como Mons. O’Callaghan, discrepaban de las normas oficiales de la Iglesia”. De todas formas, el informe Cloyne no dice que la pasividad en esa diócesis ni alguna omisión concreta fueran consecuencia de la carta.
Indignación en el Parlamento
Con esa base, el viceprimer ministro presentó una queja al actual nuncio, Mons. Giuseppe Leanza, el 14-07-2011 y pidió una respuesta de la Santa Sede. Y el día 20 siguiente, Kenny pronunció en el Parlamento un discurso en el que hizo la siguiente acusación: “Por primera vez en Irlanda, un informe sobre abusos de menores muestra un intento por parte de la Santa Sede de frustrar una investigación en una república soberana y democrática hace sólo tres años, no hace tres décadas”.
También, en un pasaje muy criticado del discurso, atribuyó a Joseph Ratzinger esta afirmación: “No se puede aplicar pura y simplemente a la Iglesia los criterios de conducta que tienen su razón de ser en la sociedad civil o en las reglas de funcionamiento de una democracia”. Y añadió la siguiente apostilla: “Por lo que respecta a la protección de los niños de este Estado, los criterios de conducta que la Iglesia considera apropiados para sí misma, no pueden aplicarse y no se aplicarán al funcionamiento de la democracia y de la sociedad civil en esta república”.
Como dice la respuesta de la Santa Sede y señalaron antes varios comentaristas, el pasaje citado es de la instrucción Donum veritatis (n. 39), de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida entonces (1990) por el Card. Ratzinger. El tema del documento es la misión de los teólogos en la Iglesia, y basta leer el párrafo entero para comprobar que no se refiere a que en la Iglesia haya exención alguna de obediencia a las leyes civiles. Dice que los teólogos no pueden utilizar a favor de sus tesis el recurso a la opinión pública, como en cambio es normal al político en la confrontación democrática.
El mismo 20 de julio, la cámara baja del Parlamento irlandés aprobó una moción en que deploraba “la intervención Vaticana que contribuyó a obstaculizar el Documento Marco para la protección de la infancia y las orientaciones del Estado irlandés y de los obispos irlandeses”.
El Senado aprobó la misma moción siete días después. Entretanto, el 25 de julio, la Santa Sede llamó a consultas al nuncio. Es un gesto de protesta insólito por parte del Vaticano.
Los problemas no empezaron con la carta del nuncio
La respuesta de la Santa Sede al gobierno irlandés, muy detallada y de tono respetuoso, fue publicada el pasado 3 de septiembre. En primer lugar, deplora los abusos sufridos por menores en el seno de la Iglesia, y en particular los cometidos en Irlanda. Reconoce también los numerosos casos de negligencia por parte de autoridades eclesiásticas y su falta de cuidado por las víctimas. Recuerda las principales intervenciones de la Santa Sede para corregir todo eso, como fijar un plazo de prescripción para tales delitos superior al de la ley general, primero ad casum para Estados Unidos en 1994 y para Irlanda en 1996, y finalmente para toda la Iglesia en 2001 (cfr. Aceprensa, 16-01-2002 y 16-07-2010); reservar los procesos por abusos a la Congregación para la Doctrina de la Fe; numerosas declaraciones, como la carta de Benedicto XVI a los obispos y demás fieles de Irlanda (cfr. Aceprensa, 21-03-2010).
Al contestar a las acusaciones del gobierno, la Santa Sede dice primero que se basan en la valoración que hizo el informe Cloyne de la carta del nuncio, y pasa a examinarla con detalle. No defiende como exacto u oportuno haber llamado “documento de estudio” al Documento Marco. Simplemente alega que la denominación se correspondía más o menos con el estatuto que tenía el texto cuando fue remitido a la Congregación y la descripción que de él hizo el secretario de la Conferencia Episcopal.
En todo caso, ni esa denominación ni el no haber pedido la recognitio impedía a los obispos aplicar el Documento Marco. Y el informe Cloyne no aporta pruebas de que a raíz de la carta decayeran los esfuerzos para investigar y perseguir los abusos de menores, ni de que las autoridades eclesiásticas de Cloyne invocaran la carta del nuncio para justificar su proceder.
Es opinión extendida en Irlanda que la carta del nuncio fue desacertada, tanto por lo que decía como por el modo y el momento de decirlo. Sin embargo, algunos que así piensan reconocen a la vez que no se sabe qué efecto tuvo, ni la reacción de los obispos al recibirla (cfr. artículo de Dermot Keogh, 6-09-2011). Es razonable creer, como dice el informe Cloyne, que los obispos como Mons. Magee se sintieran apoyados por la postura, menos severa y más próxima a la suya, que la Congregación para el Clero mantenía por aquel entonces (cfr. editorial de Position Papers, agosto 2011). Pero lo cierto es que –como luego se supo– las malas prácticas en Cloyne no empezaron cuando llegó la carta del nuncio, y donde ya antes se aplicaba el Documento Marco, se siguió aplicando. Por eso resulta excesivo considerar la carta del nuncio un intento de frustrar las investigaciones del Estado y de la Iglesia.
Debate sobre la denuncia obligatoria
Luego la respuesta vaticana considera las reservas de la Congregación para el Clero al Documento Marco. La de falta de adecuación al Derecho canónico (problema que ya no existe, tras la adaptación de las normas locales a la nueva ley universal contra los abusos) estaba motivada, como la carta dice, por el temor a que las actuaciones contra acusados resultaran inútiles, con lo que se entorpecería la persecución y el castigo de los abusos.
La denuncia obligatoria, dice la respuesta de la Santa Sede, es un tema debatido. No existe en todas las legislaciones civiles, y en concreto no en la de Irlanda. En los años noventa, un estudio emprendido por el gobierno irlandés incluía la propuesta de implantarla; pero las organizaciones civiles consultadas, entre ellas las de trabajadores sociales y otros profesionales que atienden niños, se pronunciaron mayoritariamente en contra. La razón es que la denuncia obligatoria sería difícil de aplicar, y quizá contraproducente. Denunciar al primer indicio o sospecha daría lugar a demasiadas alarmas infundadas, iría en menoscabo de la presunción de inocencia y dañaría injustamente la fama de personas sin culpa alguna. También sobrecargaría de trabajo a los defensores del menor y demás autoridades que hubieran de recibir las denuncias. Al final, según esas opiniones, la prevención y represión de los abusos perdería eficacia.
Las reservas de la Congregación para el Clero se basaban en motivos semejantes. El caso es que, no por las de ella, sino por las citadas de organizaciones nacionales, en 1996 el gobierno irlandés decidió no proponer al Parlamento la denuncia obligatoria. La carta del nuncio, señala la Santa Sede, que se escribió al año siguiente, no pudo ser una injerencia en el asunto. Y expresar reservas respecto a la denuncia obligatoria no equivale a prohibir que se comuniquen a la autoridad civil las sospechas fundadas de abusos sexuales, cosa que siempre han podido hacerlo los dirigentes eclesiásticos.
Por lo demás, la respuesta vaticana trae algunos ejemplos de declaraciones de la Santa Sede o de responsables de organismos suyos sobre el deber de cooperar con el poder civil en casos de abusos de menores por parte de clérigos o religiosos. Entre ellas, la respuesta destaca un discurso del Card. Castrillón, que presidía la Congregación para el Clero cuando el nuncio Storero escribió aquella carta, a los obispos irlandeses el 12-11-1998: “Deseo también decir con gran claridad que la Iglesia, especialmente a través de sus pastores, no debe de ningún modo poner obstáculos al legítimo camino de la justicia civil, cuando éste es emprendido por quienes tienen ese derecho, mientras que al mismo tiempo la Iglesia debe proseguir con sus propios procedimientos canónicos, en la verdad, en la justicia y en la caridad hacia todos”.
La respuesta de la Santa Sede concluye, pues, que las acusaciones de injerencia y obstrucción son infundadas.
Culpabilidad “in genere”
Poco después del discurso de Kenny, un portavoz del gobierno tuvo que aclarar que, al decir “intento de frustrar una investigación”, el primer ministro “no se refería a ningún hecho determinado, sino al efecto acumulado de las acciones del Vaticano”. Al recibir la respuesta detallada de la Santa Sede, el viceprimer ministro comentó que contenía “mucho legalismo, mucho tecnicismo, mucho danzar en la cabeza de un alfiler”. Estas alegaciones del gobierno han recibido críticas en el país, pues vienen a decir que se mantiene la acusación a la Santa Sede aunque no se encuentren hechos precisos que la sostengan o se la replique con alegaciones concretas.
Dos miembros del gobierno, el ministro de Justicia y la ministra de Infancia, han seguido echando leña al fuego reiterando la idea, ya planteada en julio, de prohibir el secreto de confesión en caso de abusos sexuales. La propuesta ha recibido serias críticas (cfr., entre otras, las de los comentaristas Stephen Collins o David Quinn). Supondría, dicen, una violación de la libertad religiosa, además de una medida inútil (los abusadores no irán a confesar –suponiendo que lo hagan hasta ahora– si saben que serán delatados) y contraproducente (se perderían oportunidades de que los confesores persuadan a abusadores a rectificar y entregarse). Y está basada en meras suposiciones, pues no hay indicio alguno de que el secreto de confesión haya servido para encubrir culpables.
Muchos gritan, pocos se documentan
Muchos en Irlanda creen justificado el tono general del discurso del primer ministro, por adecuado al carácter verdaderamente indignante de los hechos revelados en el informe Cloyne. Lo que no todos aprueban es “los términos muy genéricos” y “las acusaciones imprecisas” de Kenny a la Santa Sede, que suponen emplear una “diplomacia de megáfono” en vez de los cauces de comunicación normales con el Vaticano (Dermot Keogh). Con el deterioro de las relaciones diplomáticas ninguna parte gana nada, y tampoco la protección de los menores contra los abusos; la respuesta de la Santa Sede da una oportunidad de volver a la calma, para cooperar y debatir sin gritos (Stephen Collins).
Pues aunque los crímenes de abusadores y la negligencia de los responsables eclesiásticos en Cloyne fueron tan graves, Kenny empleó un recurso demasiado fácil, dice John Waters: “Hacer como que se enfrenta a un poder inmenso cuando en realidad solo está desafiando a fantasmas”. Parece valiente, pero en realidad sale muy barato, clamar hoy contra el Vaticano como si aún hubiera Papas del Renacimiento, con Estados Pontificios y ejércitos. Y puede ser oportunismo proyectar las culpas a un lugar tan convenientemente alejado de Dublín. De hecho, la invectiva contra Roma ha puesto sordina a la otra parte, más breve, del discurso de Kenny en que él mismo reconocía que también el Estado tiene que “poner orden en su casa”.
Pero el oído del público es inevitablemente selectivo. Si los que tienen megáfono se dedican a gritar eslóganes, el debate se parece al ejemplo que el autor del blog The Thirsty Gargoyle pone en una entrada sobre el escándalo Cloyne: “Es como estar en un extraño seminario de universidad, donde eres el único que ha leído alguna de las fuentes originales, pero donde todos los demás tienen una postura apasionada sobre lo que no han leído”.