Desde los años 70, el aumento del paro ha llevado a los poderes públicos, con el acuerdo de los sindicatos, a estimular las jubilaciones anticipadas en los sectores en crisis. En consecuencia, ha habido una baja sensible de actividad entre los trabajadores de 55-64 años. Pero ahora empieza a observarse que la jubilación anticipada alivia un problema a corto plazo a costa de crear otros.
Tradicionalmente, en caso de reducción de plantilla regía la regla de «el último contratado es el primer despedido». Pero empresarios y sindicatos se pusieron de acuerdo para romperla con el objetivo de preservar el empleo de los trabajadores jóvenes. Pues, si fueran despedidos, los jóvenes tendrían un subsidio menor que los mayores. Para los poderes públicos también resultaba menos incómodo: un trabajador despedido aumentaba las cifras del paro, mientras que la jubilación anticipada podía presentarse incluso como una medida «social». Aunque un jubilado prematuro no sea más que un parado permanente.
De este modo, las supresiones de empleo han afectado sobre todo a los trabajadores de más edad, según confirma un artículo publicado en L’Observateur de l’OCDE (enero 1994). En algunos países, como Holanda, Reino Unido o Suecia, las pensiones de invalidez han servido como regímenes de jubilación anticipada.
Hacia mediados de los años 80, ante la amplitud del paro, los poderes públicos empezaron a establecer sistemas más ventajosos de jubilación anticipada. Hasta entonces lo normal era que cuanto más tarde se retirase uno, mayor sería la pensión de jubilación. Con las nuevas reglas, uno podía tener derecho a la misma pensión aunque se jubilase antes. Con estos incentivos, en casi todos los países de la OCDE ha descendido la tasa de actividad de los trabajadores de más edad. La mayor variación, con un descenso del orden de un 10%, se ha producido entre los trabajadores de 60-64 años de países como Francia, Holanda, España, Alemania, Reino Unido y Noruega.
Pero ahora empieza a verse que la jubilación anticipada a gran escala está creando problemas importantes. El primero afecta a la financiación futura de la Seguridad Social. En unos años en que empieza a envejecer la generación del baby boom de postguerra, los incentivos a la jubilación anticipada tendrán dos consecuencias: crecerá la proporción de trabajadores con derecho a obtenerla y aumentará la carga sobre los trabajadores activos.
Por otra parte, la jubilación anticipada no responde en muchos casos a las preferencias de los trabajadores, que más bien la sufren a causa de la supresión de empleos. Muchos de ellos desearían una reducción progresiva de su actividad laboral. Pero las reglas actuales, que suelen impedir acumular pensiones y una actividad retribuida, obligan a una interrupción definitiva del trabajo profesional.