El debate sobre la financiación de la Universidad en Europa
La Unión Europea se ha propuesto ser en 2010 «la economía del conocimiento» más dinámica y competitiva del mundo. Pero las inversiones en investigación y enseñanza superior no están a la altura de esas ambiciones. Para mejorar la financiación de la Universidad, hace falta que el dinero privado acuda al rescate, dice la Comisión Europea. Esto implica elevar las tasas académicas, una solución que ha despertado un intenso debate político en Gran Bretaña y Alemania.
Para estar en la vanguardia de la sociedad del conocimiento no basta que muchos jóvenes accedan a la Universidad; hace falta que reciban una educación de calidad, que impulse la innovación. Y esto es algo no garantizado en muchas universidades europeas.
El desigual gasto por alumno
Aunque no sea el único factor de la calidad de la enseñanza, la diferencia en el gasto por alumno en la enseñanza superior es un dato elocuente (ver cuadro). En 2000, el gasto por alumno en EE.UU. (20.358 dólares) casi duplicaba al de Alemania y Reino Unido, y triplicaba al de España (6.666), mientras que la media de la OCDE estaba en unos 11.100 dólares.
Lo que marca la diferencia entre Europa y EE.UU. es la financiación privada. El conjunto de la inversión pública es más o menos equivalente. Pero, si se observa el origen de los recursos en la enseñanza superior norteamericana, resulta que un tercio es de origen público y dos tercios de fuente privada. En Japón, el 45% es público y el 55% privado. En cambio, en Europa la mayor aportación privada corresponde a Gran Bretaña (32%), España (25%) e Italia (22%), mientras que queda muy por debajo en Francia (14%) y Alemania (8%).
Se comprende que la comisaria de Educación de la UE, Viviane Reding, suspire por una mayor aportación privada para inyectar recursos en las universidades, cuyos lamentos por las limitaciones presupuestarias son crónicos.
¿Quién le teme a la privatización?
¿La solución a la penuria universitaria pasa por la «privatización»? La sola mención de la palabra despierta un reflejo ideológico en algunos sectores. Para ellos, la temida «privatización» es sinónimo de desigualdad entre los estudiantes, de dejación de responsabilidades del Estado y de sometimiento de la Universidad a intereses privados.
Pero no hay por qué asustarse. En el último informe Education at a Glance (2003), que es el mayor estudio comparativo de los sistemas de enseñanza de los países de la OCDE, se dice a propósito de los cambios en la financiación de la enseñanza superior: «Es importante hacer notar que el crecimiento en el gasto privado en educación no ha ido generalmente acompañado de un descenso en el gasto público en términos reales en la enseñanza terciaria ni tampoco en primaria, secundaria o postsecundaria. Por el contrario, la inversión pública en educación ha aumentado en la mayoría de los países de la OCDE entre 1995 y 2000, con independencia de los cambios en el gasto privado. De hecho, algunos de los países de la OCDE con mayor aumento del gasto privado son también aquellos en los que ha crecido más la financiación pública de la educación. Esto indica que el crecimiento del gasto privado en la enseñanza terciaria tiende a complementar, más que a sustituir, a la inversión pública». Solo es una excepción Australia, donde la subida del gasto privado ha ido acompañada del descenso del gasto público en términos reales.
Cobrar más al principal beneficiario
Como tendencia general, la gran expansión del alumnado universitario en las tres últimas décadas no ha ido acompañada de un aumento proporcional de los recursos. De ahí las estrecheces presupuestarias de las universidades, que, ante las dificultades para recibir más dinero público, se vuelven cada vez más hacia la inversión privada (1). Por eso, la financiación universitaria va apartándose de la subvención pública indiscriminada y gira hacia el aumento de las tasas académicas y los créditos a estudiantes, además de los contratos de investigación con empresas (solo accesibles a los estudios de ciencias y de ingeniería). Esto no es una novedad para las universidades privadas, que siempre han tenido que autofinanciarse, pero es un cambio notable para las públicas.
En la mayoría de los casos se mantienen sistemas mixtos, que combinan la subvención pública, las tasas, las becas y los préstamos. Pero cualquier cambio que se emprende hoy día va dirigido a cobrar más al principal beneficiario: el estudiante. El debate está abierto en Alemania y en Gran Bretaña ha dado lugar a un polémico proyecto de ley, con el que Blair se expone a la rebelión en las propias filas laboristas.
La idea de cobrar más al usuario se basa en razones tanto de eficacia como de equidad.
Es claro que quien cursa estudios universitarios obtiene hoy por hoy una clara rentabilidad privada -ingresos futuros por encima de la media-. Y esto garantiza que habrá una fuerte demanda universitaria en cualquier caso, aunque se abandone la gratuidad indiscriminada. Con esta inyección de fondos privados, la Universidad podrá ofrecer una enseñanza de mayor calidad, y además estará obligada a hacerlo, pues entonces el estudiante se convierte en un cliente que exige.
Cobrar más al usuario puede ser también un modo de asegurar mejor la equidad. En principio, puede parecer que la casi gratuidad de la enseñanza favorece la igualdad de oportunidades. Pero todos los estudios confirman que los hijos de familias desfavorecidas están siempre menos representados en la Universidad. Así que «no parece muy progresista que la gente que no va a la Universidad pague a través de la fiscalidad por la gente que va», como declara Sunder Katwala, secretario general de la Sociedad Fabiana, a propósito de la reforma británica (El País, 10-XII-2003).
También en un país rico como Suiza está comprobado que la subvención pública no garantiza la igualdad de oportunidades: actualmente, uno de cada dos estudiantes es hijo de un padre también universitario, lo cual está lejos de la media para el conjunto de la población. Esto da a entender que no pocas familias que tienen un hijo en la universidad podrían pagar más de los 1.300 francos (unos 2.000 euros) que ahora desembolsan por término medio. De hecho, la patronal ha propuesto un aumento sustancial de las tasas para dar nuevo vigor a una Universidad que se va quedando atrás, idea que ha suscitado un amplio debate.
Ignacio Aréchaga