EE.UU. implanta el principio de neutralidad en Internet

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El largo debate en Estados Unidos sobre la neutralidad de Internet se resuelve, de momento, con victoria de los partidarios de exigirla a los operadores de la red. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) acaba de calificar el acceso a Internet como servicio público, lo que le da autoridad para ordenar que todo el tráfico se curse en igualdad de condiciones, sin “vías rápidas” para los proveedores de contenidos que paguen más.

(Actualizado el 27-02-2015)

La FCC tiene autoridad para regular los servicios públicos de comunicaciones, como la telefonía, donde impone la neutralidad. En efecto, obliga a las compañías telefónicas a tratar por igual todas las llamadas (menos las hechas a números de emergencia, que tienen prioridad). Con Internet intentó hacer lo mismo, pero los tribunales le obligaron a dar marcha atrás (cfr. Aceprensa, 16-01-2014 y 9-07-2014). Sentenciaron que no podía impedir a un operador dar preferencia al tráfico de quien pagara un plus, porque Internet no es un servicio público sujeto a regulación especial.

Los contrarios a las vías rápidas en Internet dicen que bajarían la velocidad a los demás y se usarían contra la competencia

Pero la FCC tiene autoridad para decidir qué es servicio público, y el presidente Barack Obama le pidió que aplicara esa calificación a Internet. Lo ha hecho el 26 de febrero, contra el parecer de los republicanos, que preferirían definir el asunto por ley. Pero han renunciado porque en este caso no quieren aprobar una regulación con los votos de un solo partido, y los demócratas no van a colaborar.

Campañas a favor y en contra

La medida llega tras meses de intensa campaña de partidarios y contrarios. A favor de la neutralidad intervino una coalición de servicios que usan la red –la videoteca Netflix, Twitter, Reddit, la Fundación Mozilla…–, que lograron movilizar a gran número de usuarios. Sostienen que si se permite a pagar a alguien para que sus datos circulen más deprisa, bajará la velocidad para la gente común y los privilegiados tendrán una ventaja injusta sobre sus competidores.

En el otro bando, los operadores de telecomunicaciones, que mantienen la red física, alegan que su pretensión de cobrar a los que generan más tráfico es simplemente para gestionar el sistema de modo eficiente. Por ejemplo, en Estados Unidos Netflix supone un tercio del tráfico en horas punta: pedirle un plus sería más justo que subir el precio a todos los usuarios para aumentar la capacidad. Pero lo que más recusan los operadores no son las normas de neutralidad, sino la calificación de servicio público, que somete a regulación los demás aspectos de su actividad, como las tarifas, y abre la puerta a tasas para financiar la supervisión de la FCC. Se cree que los operadores recurrirán en los tribunales la decisión de la FCC.

Los operadores alegan que es justo pedir una compensación a los servicios que generan más tráfico

También The Economist se pronuncia contra la medida en un editorial. Argumenta que el asunto es, en primer lugar, técnico, y demasiado complejo para admitir regulaciones tajantes. De hecho, dice, Internet nunca ha sido completamente neutral: por ejemplo, sin canales dedicados no puede garantizar el sincronismo de las comunicaciones, lo que deja en desventaja a servicios de vídeo o de juegos; combatir el spam obliga a suspender la neutralidad; etc. Si se aprueban normas rígidas o detalladas, se abre la “caja de los pleitos”. En cambio, dentro de un marco genérico y flexible, la competencia entre operadores impedirá que alguno manipule el tráfico en perjuicio de sus rivales o del público. Pero en Estados Unidos, señala, tres de cada cuatro hogares no tienen más que un proveedor de banda ancha en sus zonas.

Competencia genera neutralidad

“No hace falta neutralidad de Internet si hay una competencia vigorosa”, dice al New York Times el abogado holandés Ot van Daalen, pese a ser uno de los que hizo campaña a favor de la ley de neutralidad de su país. Aprobada hace dos años, prohíbe tanto la prioridad pagada como frenar los servicios que consumen mucha capacidad; pero, a diferencia de las nuevas normas de la FCC, no regula los contratos de interconexión, por los que proveedores de contenidos pagan para asegurarse el acceso ininterrumpido y rápido a la red de un operador. En cambio, la ley holandesa es muy restrictiva con las ofertas de datos gratis, en las que el tráfico hacia determinados servicios escogidos por el operador (música, por ejemplo) no cuenta para el cupo mensual contratado por el usuario; la FCC sí admite esa fórmula para los móviles.

La experiencia de los Países Bajos no confirma los temores de quienes se oponen a la regulación en Estados Unidos. La neutralidad obligatoria no ha reducido las inversiones de los operadores ni encarecido el servicio a los usuarios holandeses, que gozan de velocidad más alta y a menor precio que los norteamericanos. De todas formas, a eso ha contribuido más la competencia que la regulación. Y tener redes rivales con cobertura en el mismo territorio es mucho más fácil en los Países Bajos que en Estados Unidos, nación 225 veces más grande.

Aparte de Holanda, pocos países han legislado hasta ahora sobre neutralidad de Internet. Chile, el pionero, proscribe toda prioridad. Eslovenia permite excepciones para frenar el spam o evitar atascos, entre otros motivos; como los Países Bajos, limita mucho las ofertas de datos gratis. Noruega ha optado por definir unas reglas muy amplias y dejar a los interesados (operadores, proveedores de contenidos, usuarios) negociar los pormenores.

La neutralidad está también planteada en la UE. Letonia, que ostenta la presidencia en el presente semestre, ha propuesto una regulación que permitiría las vías rápidas de pago siempre que no baje la velocidad para el resto del tráfico. El proyecto, al menos en su versión actual, tiene pocas posibilidades de ser aceptado por el Parlamento Europeo, que se inclina por una exigencia más estricta de neutralidad. De momento, las normas de la UE sobre telecomunicaciones mandan que los operadores publiquen cómo gestionan el tráfico y permite a los reguladores nacionales exigirles una velocidad mínima.


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