Detroit. En los últimos meses, varios tribunales federales de Estados Unidos han dictado sentencias contradictorias en torno a cuestiones polémicas. La complejidad del sistema judicial norteamericano, junto al amplio margen de interpretación de que gozan los jueces, explica por qué es posible que unos casos reboten de un tribunal a otro con decisiones tan dispares.
El proceso judicial sobre la constitucionalidad de la política “don’t ask, don’t tell” (no preguntes, no lo digas) ha dado una nueva vuelta de tuerca. Aprobada en tiempos de la Administración Clinton, esta ley federal prohibía a los gays y lesbianas que ingresaban en el Ejército revelar su condición homosexual.
La ley, vigente desde 1993, estaba pensada para evitar que los homosexuales que quisieran entrar en el Ejército pudieran ser discriminados en el proceso de selección. De ahí que las autoridades militares no pudieran interrogar a los candidatos sobre su orientación sexual ni éstos declararla ni practicar la homosexualidad.
El pasado mes de septiembre, la magistrada Virginia A. Phillips -del Tribunal del Distrito Federal para California Central- declaró inconstitucional la política “don’t ask, don’t tell” al considerar que vulnera dos derechos fundamentales: el derecho a un proceso en conformidad con la ley (reconocido en la Quinta Enmienda) y el derecho a la libertad de expresión (Primera Enmienda).
En consecuencia, Phillips ordenó al Ejército que suspendiera esa política. Pero el 20 de octubre, un tribunal de apelación de California -al que fue recurrida la sentencia de la magistrada- decidió restablecer la política hasta que dicte su sentencia.
Otro proceso pendiente se refiere a la investigación con células embrionarias. En 2009, el presidente Barack Obama autorizó la financiación pública -prohibida durante el mandato de George W. Bush- de aquellos proyectos de investigación que utilicen células madre embrionarias.
Los investigadores se las prometían felices hasta que el pasado agosto un juez federal del Distrito de Columbia ordenó la paralización cautelar del plan Obama. Entonces la Administración Obama recurrió la sentencia a un tribunal de apelación de Washington. Y el 15 de octubre, este tribunal levantó la suspensión a la espera de que dicte una sentencia definitiva en los próximos tres meses.
Batalla judicial en California
El tercer caso sonado afecta a la Proposición 8 de California, una enmienda constitucional que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Se dio a votar en referéndum a los californianos en las elecciones presidenciales de noviembre de 2008, y ganó por mayoría del 52,4% (cfr. Aceprensa, 5-11-2008).
La finalidad de la Proposición 8 era restablecer la decisión popular que fue revocada por sentencia judicial. En efecto, los californianos ya habían rechazado el matrimonio de parejas homosexuales en otro referéndum celebrado hace ocho años (cfr. Aceprensa, 15-03-2000), que reformó el Código de Familia.
En 2005, el Parlamento estatal quiso anular el cambio, pero el gobernador puso el veto (cfr. Aceprensa, 14-09-2005); luego el Tribunal Supremo del estado declaró inconstitucional la prohibición decidida en el plebiscito (cfr. Aceprensa, 16-05-2008). Así las cosas, las asociaciones pro familia impulsaron el referéndum donde se votó la enmienda constitucional que prohibía expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La victoria de la Proposición 8 parecía zanjar el asunto, pues -al cambiar la Constitución de California- dejaba sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo de ese estado. Pero entonces los partidarios del matrimonio gay recurrieron la Proposición 8 ante un tribunal federal de California, alegando que esa enmienda vulneraba la Constitución de Estados Unidos.
Tribunales estatales y federales
Este baile de sentencias se explica en parte por la existencia de dos niveles de jurisdicción en el país: el federal y el estatal. Así, los tribunales federales y la Constitución de Estados Unidos coexisten -no siempre de forma pacífica- con los tribunales y las Constituciones propias de cada uno de los 50 estados.
Los tribunales federales tienen competencia sobre asuntos relacionados con tratados internacionales, conflictos entre estados o disputas relativas a leyes federales. En las demás cuestiones, deciden los tribunales de cada estado.
Dentro de la jurisdicción federal, hay que distinguir a su vez tres niveles: los tribunales de distrito (al menos uno en cada estado, y en total suman 99); los tribunales federales de apelación (hay 13 en todo el país distribuidos geográficamente por circuitos); y el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Los tribunales de distrito (District Court) son juzgados con jurisdicción sobre personas o hechos que ocurren en su área geográfica. A estos tribunales federales les corresponde juzgar en primera instancia todos los asuntos relacionados con cuestiones constitucionales, interpretaciones de las leyes federales y otros tipos de litigios. Por ejemplo, juicios por crímenes y asuntos civiles que tienen que ver con leyes federales. Esto incluye los casos en los que las partes litigantes alegan que una ley -aprobada en el estado- viola las garantías de la Constitución de EE.UU.
Las decisiones de los tribunales de distrito pueden ser recurridas ante el Tribunal de Apelación (Appeal Court) de su circuito (1st Circuit, 2nd Circuit…), formados por lo general por tres jueces.
El Tribunal Supremo admite pocos casos
Las apelaciones ante el Tribunal Supremo no se permiten automáticamente, sino solo en pocos casos. Por lo general, el Tribunal Supremo admite menos de un 5% de los casos que se le presentan. Si el Tribunal Supremo no admite el caso, la decisión del Tribunal de Apelación se mantiene. Pero no tiene el mismo efecto que si el Tribunal Supremo hubiera admitido el caso y confirmado la decisión. Si el Tribunal Supremo la confirma, su doctrina es vinculante para todos los tribunales. Si no admite el caso, la sentencia del tribunal inferior se mantiene, pero los otros tribunales de distrito no están obligados a hacerla suya. En consecuencia, las interpretaciones de la misma ley pueden ser distintas en diferentes Circuitos.
Por eso los litigantes, que a menudo son empresas u organizaciones políticas y sociales o lobbies con suficientes recursos para contar con asesores legales, pueden buscar un Tribunal de Distrito más favorable a sus posturas. Es lo que se conoce como “forum shopping”.
En la jurisdicción de cada estado la variedad todavía puede ser mayor, dado que cada uno tiene su propio sistema judicial. Pero en general la estructura es parecida: hay tribunales de primera instancia; tribunales intermedios de apelación; y un Tribunal Supremo. La salvedad más destacada es que en algunos estados los tribunales de apelación constituyen la última instancia.
¿Activismo judicial?
A la complejidad de este sistema hay que añadir el amplio margen de interpretación de que gozan los jueces norteamericanos. En ocasiones, el Congreso de Estados Unidos aprueba leyes con un lenguaje confuso. Esta vaguedad responde a los precarios equilibrios alcanzados entre representantes y senadores para sacar adelante una ley.
Por muy íntegros que sean, los jueces no son inmunes a la tentación partidista. Ante una ley confusa, siempre cabe el riesgo de favorecer una interpretación ideológica sobre otra. Tan conocido es este fenómeno que los propios estadounidenses lo han bautizado con el nombre de “activismo judicial”. Además, la cosa se complica con las presiones que ejercen determinados lobbies (1).
En este sentido, algunos analistas se preguntan qué hay detrás de la batalla judicial en torno a la Proposición 8. Tras el referéndum de 2008, el Log Cabin Republicans –un grupo de republicanos partidarios del matrimonio gay– recurrió ante un tribunal federal la enmienda constitucional que prohibía casarse a los homosexuales.
En agosto de 2010, el juez Vaughn Walker declaró inconstitucional la Proposición 8, al considerar que vulneraba la igualdad de derechos garantizada por la Constitución de Estados Unidos. Era la primera vez que un juez federal se atrevía a invocar la Constitución del país en el debate sobre el matrimonio gay; hasta ahora, los procesos judiciales sobre este tema sólo se fijaban en lo que decía la Constitución del estado donde se planteaba el debate.
Algunos críticos de la sentencia de Walker no han dudado en difundir la noticia del San Francisco Chronicle sobre la supuesta condición homosexual del magistrado. También reprochan al fiscal general de California, Jerry Brown, que se haya negado a recurrir la decisión de Walker. Brown, un demócrata favorable a la agenda gay, ha sido elegido gobernador del estado en las recientes elecciones del 2 de noviembre.