El cheque escolar nunca es un asunto pacífico en Estados Unidos. Todos los programas de cheque aprobados en tiempos recientes han sido combatidos en los tribunales. El último, el de Colorado (ver servicio 63/03) no ha sido excepción. El 4 de diciembre, un juez de Denver, la capital del Estado, ordenó la suspensión del plan hasta la sentencia definitiva sobre el recurso presentado contra el cheque. El fiscal general del Estado y el Institute for Justice, una organización privada, acudieron seis días después al Tribunal Supremo de Colorado para pedir que levantara la suspensión. El Supremo no verá el caso hasta el año que viene, y mientras tanto la ley del cheque queda en el aire.
Como en los otros lugares, los principales enemigos del cheque en Colorado son los profesores de la enseñanza pública y las organizaciones preocupadas por la estricta separación entre religión y poderes públicos. Esta vez no han invocado el principio de aconfesionalidad, quizá porque el Tribunal Supremo de la nación ya dictó el año pasado que el cheque no lo viola, en principio (ver servicio 92/02). Sus argumentos, confirmados por el juez, son que el programa es contrario a otros dos preceptos de la Constitución de Colorado: que la enseñanza es competencia local y que el Estado debe garantizar una educación uniforme a todos los alumnos. Según la orden judicial, el sistema de cheque priva a los distritos escolares de sus poderes, pues sería el Estado quien decidiera cómo gastar la parte del presupuesto destinada a las familias beneficiarias; e introduciría diferencias en la enseñanza sufragada con fondos públicos.
Como los otros programas, el de Colorado pretende dar más oportunidades a los alumnos de escasos recursos atrapados en escuelas deficientes. Iba a entrar en vigor a partir del curso próximo, y el consejo escolar estatal ya había empezado a tramitar las primeras solicitudes de familias y escuelas privadas que querían participar. Ahora los preparativos están parados y reina la confusión.
A la vez se acerca a la aprobación otro programa de cheque escolar, el de Washington, D.C., que lleva años rondando por el Congreso (cfr. servicio 28/03). En este caso, el Parlamento nacional es el competente por razón del estatuto específico de la capital federal. El 8 de diciembre, la Cámara de Representantes votó por amplia mayoría un proyecto que ahora ha de pasar al Senado, donde tiene menos apoyos, pero esta vez se cree que saldrá adelante. El resultado se conocerá probablemente en enero o febrero.
También este plan va dirigido a las familias más necesitadas, con prioridad para las que tienen a sus hijos en escuelas públicas de mala calidad. Pagaría la asistencia a centros privados a unos 2.000 alumnos. El cheque cubriría todo el costo de la enseñanza, con un máximo de 7.500 dólares anuales, bastante menos que el coste medio del puesto escolar público en el distrito (11.649 dólares anuales en el curso 2000-2001). El plan se financiaría con fondos íntegramente nuevos, para asegurar que ninguna escuela pública pierda dinero.
Otra noticia reciente sobre el cheque escolar en Estados Unidos se refiere al programa vigente en Milwaukee (Wisconsin) (ver servicio 95/98). En noviembre, el Parlamento del Estado aprobó, entre otras medidas, eliminar el tope de alumnos que pueden recibir la ayuda. Pero el gobernador de Wisconsin, un demócrata opuesto a ampliar el programa, puso el veto.