El envejecimiento de la población en Europa y en países industrializados de otros continentes no permitirá mantener los sistemas de pensiones como en los primeros tiempos del Estado del bienestar. ¿Cuánto van a pesar las cargas sociales y qué se puede hacer para sostenerlas? Dos estudios recientes dan algunas indicaciones. Uno, de Eurostat (1), estima la evolución demográfica de la UE hasta mediados de este siglo; el otro, de la OCDE (2), examina cómo están afrontando el problema los miembros de la organización.
Eurostat calcula que a partir de 2015 habrá más muertes que nacimientos en la UE (para ser exactos, en los 27 países que hoy la componen), y que el saldo migratorio positivo no compensará el déficit más allá de 2035, año en que la población total empezará a disminuir. De ahora a 2060, catorce países registrarán descensos; los mayores -más del 20%, o casi- se darán en el este de la UE: Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía, Polonia. De los trece países que ganarán habitantes, crecerán notablemente Irlanda (+50%), Gran Bretaña (+25%) y Suecia (+18%).
Así, en 2060 Alemania -que bajará de 82,2 a 70,7 millones- ya no será la primera potencia demográfica de la UE, pues le habrán adelantado Gran Bretaña (76,6 millones) y Francia (71,8 millones), que ahora son tercera y segunda, respectivamente. En el cuarto lugar seguirá Italia, con casi tantos habitantes como ahora (59,4 millones), y en el quinto, España (51,9 millones, tras alcanzar un máximo en torno a 53 millones hacia 2035).
Como advierte Eurostat, esas previsiones son hipotéticas y no hay que tomarlas como exactas. Pero es prácticamente seguro que en las próximas décadas envejecerá la población de la UE, al menos por la inercia de dos fenómenos que ya se han producido: la bajada de la fecundidad y el aumento del número de personas mayores. En el conjunto de la UE, en 2035 uno de cada cuatro habitantes será mayor de 65 años, y 8 de cada 100 serán mayores de 80.
Las pensiones adelgazarán
En general, las pensiones de los jubilados de 2060 no podrán salir solo de los bolsillos de quienes entonces trabajen, pues la tasa de dependencia pasará de cuatro activos por pensionista en la actualidad a solo dos entonces. Las tasas máximas (más del 60%) se darán en los mismos países centroeuropeos, citados arriba, donde más bajará la población, junto con Eslovenia y la República Checa (España, con el 59,1%, no andará lejos).
El problema se veía venir. Ya en 2005, las pensiones públicas costaban el 7% del PIB de la OCDE, como señala el otro estudio. Por eso la mayoría de los 30 países de la organización han ajustado sus sistemas de pensiones. Más precisamente, desde 1990, 16 han hecho reformas generales, entre ellos 6 de los 10 con mayor gasto (el 8% o más del PIB en 2005): Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Italia y Suecia (Gran Bretaña hizo la suya en la década anterior). Lo mismo han hecho, para prevenir problemas, los 10 países con menor gasto (del 1% al 5%), señaladamente Japón, que experimenta un envejecimiento muy marcado. Los demás Estados de la OCDE solo han hecho retoques.
La medida más común en los 16 grandes reformadores ha sido retrasar la edad a la que se puede empezar a cobrar la pensión completa, que desde los años sesenta se había ido bajando hasta 62,2 años para los hombres y 60,7 años para las mujeres (media de la OCDE en 1993). En 11 de esos 16 países la edad se ha acercado a los 65.
Pero no se logra mucho si se retrasa la edad de retiro teórica pero no la efectiva por las prejubilaciones. Para lograr lo segundo, 9 países implantaron estímulos a seguir trabajando hasta el final: penalizaciones por jubilarse antes, aumentar el número de años de cotizaciones exigidos para cobrar la pensión entera o premios para el que se retire más tarde.
Otro modo de aliviar la carga de las pensiones es reducir la cuantía cambiando la fórmula por la que se determina. Por ejemplo, ahora en Francia se fija según la media de los salarios de los mejores 25 años de vida laboral, en vez de los 10 mejores, que era el sistema antiguo. También disminuye el costo de las pensiones públicas si se las actualiza atendiendo solo a la inflación, no a la subida de salarios: así, los jubilados no pierden poder adquisitivo pero quedan excluidos de las mejoras económicas de que gozan los activos.
Cinco países emprendieron un cambio más radical, pues pasaron de un sistema de reparto a uno de capitalización: son Hungría, México, Eslovaquia, Polonia y Suecia. Todos ellos -más Islandia, Suiza y Gran Bretaña, que lo hicieron antes- han establecido la obligatoriedad de suscribir algún plan privado de pensiones.
La última medida de reforma es ajustar la cuantía de las pensiones anuales a la esperanza de vida (cosa que la capitalización efectúa automáticamente, al convertir el capital acumulado en anualidades). Lo han hecho Alemania, Finlandia, Francia y Portugal.
España, reforma pendiente
En sus conclusiones, los autores del estudio miran a los efectos de las reformas, tanto para la hacienda pública como para los jubilados. Por el primer lado, ven que se ha dado un respiro a los sistemas de pensiones, que iban a la quiebra. Pero advierten que en no pocos casos (citemos Alemania y Portugal), para dilatar los dolores y disgustar menos a los votantes, se ha decidido aplicar las medidas muy lentamente, o se han estipulado garantías para limitar la rebaja de las pensiones. Señalan también que sigue habiendo incentivos a la jubilación anticipada, aun en los sistemas reformadas. Por último, destacan que dos de los países con mayor gasto público en pensiones, Grecia (10% del PIB) y España (8%), necesitan una reforma general del sistema y no la han hecho.
Para los jubilados, naturalmente las reformas supondrán que cobrarán menos del Estado. Y el ahorro privado, dice el informe, no basta por ahora para suplir la pérdida. Ante el riesgo de que gran número de pensionistas caigan en la pobreza, es necesario estimularlo más, con fórmulas que lo faciliten a quienes no entienden de inversiones.
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NOTAS
(1) Eurostat, “Ageing characteristics the demographic perspectives of the European societies”, Statistics in Focus, 72/2008.
(2) John P. Martin y Edward Whitehouse, “Reforming Retirement-Income Systems: Lessons from the Recent Experiences of OECD Countries”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, DELSA/ELSA/WD/SEM(2008)3.