Septiembre ha sido un mes de polémica en Chile con la aprobación de las «Normas nacionales sobre regulación de la fertilidad» por parte del gobierno formado por socialistas y democristianos. El principal punto de fricción del nuevo texto legislativo es la disposición que permite la entrega de Levonorgestrel (fármaco conocido como «píldora del día después») a adolescentes desde los 14 años, sin autorización de sus padres.
Apenas unos días después de la entrada en vigor de la norma, un alcalde de la oposición y dos particulares presentaron ante la Corte de Apelaciones un recurso de «no innovar» con el objetivo de que se impidiera la distribución del fármaco en las condiciones aprobadas. El recurso fue aceptado, paralizando la entrega a las menores de 18 años. A la semana siguiente, el Gobierno presentó un recurso de reposición ante la misma Corte, que, integrada por diferentes magistrados, lo ha acogido, levantando la prohibición. Falta que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Las «Normas nacionales sobre regulación de la fertilidad» recomiendan «ofrecer el mayor número de alternativas anticonceptivas, de modo que el abanico de posibilidades sea tan amplio que incluya cualquier situación ( ). El precio de los anticonceptivos no debe ser una limitación para su uso. La red asistencial pública debe asegurar el acceso sin costo a la población con menores ingresos». La medida garantiza la confidencialidad, lo que supone que se puede dar a los menores sin información ni consentimiento de los padres. El gobierno presenta la medida como dirigida especialmente a las clases más humildes.
La presidenta y sus ministros aseguran que «creen en la vida», y que el problema es que en las comunas de los sectores con más recursos sólo el 2% de las menores de edad quedan embarazadas, pero en las comunas más pobres, del sur o norte de Santiago, esa cifra se eleva al 22% de las menores de 18 años.
Mientras asociaciones y políticos provida y la Iglesia católica en Chile critican la medida afirmando que el fármaco puede ser abortivo, el Gobierno lo niega, y defiende su postura hablando de la píldora exclusivamente como un anticonceptivo de emergencia. Ninguno de los dos recursos presentados ante la Corte de Apelaciones entra a esta cuestión, por lo que los jueces no se han pronunciado sobre lo esencial. En caso de reconocerse el carácter abortivo que la píldora del día después puede tener, la disposición sería difícilmente compatible con la legislación chilena, que tipifica el aborto como delito en todos los casos.
Colateralmente, preocupa que la tasa de natalidad chilena también se verá afectada por las normas aprobadas. Chile mantiene una línea descendente en los últimos quince años. En el período 2000-2005 la tasa de fecundidad fue de 2,4 hijos por mujer, lo que asegura todavía el reemplazo generacional (2,1).
La entrega de la píldora a las adolescentes ha provocado el rechazo de la oposición y de algunos parlamentarios democristianos, que han criticado la postura de su propio partido. La Democracia Cristiana, que gobierna en coalición con los socialistas de Michelle Bachelet, si bien afirmó defender la vida y el fortalecimiento de la familia, ha señalado que «mientras no se aclaren nuestras legítimas dudas, no nos pronunciamos respecto de esta medida». Alcaldes de la oposición decidieron no distribuir la píldora en los consultorios bajo su administración. Tres mil estudiantes se manifestaron en la capital para expresar su rechazo.
La Conferencia Episcopal ha denunciado que la norma debía discutirse entre todos y no ser aplicada unilateralmente por el Ministerio de Salud. Criticó que «a los jóvenes se les habla de libertad, pero de una libertad sin responsabilidades. Y a los padres se les priva de su sagrada obligación de educar, orientar y acompañar la vida de sus hijos». Las encuestas sobre el tema arrojan un rechazo mayoritario de la población a la idea de distribuir la píldora a niñas de 14 años.
La experiencia de España, donde se introdujo la «píldora del día después» en 2001, muestra que en cinco años el número de unidades distribuidas en hospitales y farmacias se ha triplicado, el número de abortos creció un 20%, y la tasa de abortos de menores de 19 años ha seguido aumentando y alcanzaba el 13,7% del total de abortos en 2004 (cfr. Aceprensa 86/06).
Con informaciones de Joaquín Villarino Goldsmith desde Santiago de Chile.