El presidente francés convoca una convención ciudadana para considerar la posible legalización de la eutanasia y el suicidio asistido.

Se ha suscitado en Francia una viva discusión pública en torno al fin de la vida a raíz de que el presidente Emmanuel Macron anunciara hace quince días una “convención ciudadana” para considerar la posibilidad de legalizar el suicidio asistido y la eutanasia. Entre las reacciones a la iniciativa, algunas subrayan que primero habría que garantizar el acceso universal a los cuidados paliativos, como ordena la ley vigente. En el último año y medio, la eutanasia se legalizó en España, y el Parlamento portugués aprobó un proyecto similar que fue vetado dos veces por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa y ahora está en fase de nueva redacción. También en Latinoamérica se ha planteado el debate (ver cuadro final). Francia, hasta ahora, había descartado esa posibilidad con la llamada ley Leonetti, aprobada casi por unanimidad en 2005, sobre los derechos de los pacientes terminales a ser atendidos sin “encarnizamiento terapéutico”. La eutanasia parecía en Francia, pues, cuestión zanjada, a pesar de la pervivencia de posturas radicales. En 2016 se reformó la ley Leonetti, y la versión vigente, conocida como Claeys-Leonetti, fruto también de un gran consenso parlamentario, fue precedida de un largo debate, en el que no triunfaron las propuestas eutanásicas. Pero en las idas y venidas de sucesivas lecturas en Asamblea y Senado, se adoptó una redacción que permitía interpretaciones diversas sobre la distinción entre medios terapéuticos extraordinarios –que pueden llegar al “encarnizamiento”– y alimentación y respiración artificial indispensables para el mantenimiento de la vida. De todos modos, en la amplísima consulta ciudadana a lo largo del primer semestre de 2018, conocida como Estados Generales de la Bioética, que precedió a la revisión de la ley, prevista cada cinco años en atención a posibles progresos científicos, el criterio dominante fue favorable a mantener la ley de 2016. Ante algunas presiones, hubo una fuerte reacción de más de 175 asociaciones especializadas en atención paliativa, que firmaron un manifiesto común a favor del cuidado de las personas en la etapa final de la vida (Doce razones para decir no a la eutanasia y sí a los cuidados paliativos). El candidato a la presidencia de la República Emmanuel Macron manifestó durante la campaña de 2017 su deseo de cambiar aquella ley, en nombre de la autonomía de la persona, y a pesar de los antecedentes. No obstante, dejó pasar el primer quinquenio sin promover esa reforma. Lo tomó de nuevo en la campaña para las últimas presidenciales, y lo ha reiterado ahora, aunque no cuenta ya en la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de la legislación precedente. Primero, asegurar los cuidados paliativos El anuncio de Macron ha dado nuevas alas a los partidarios de la eutanasia, según los modelos de los tres países vecinos que la habían incorporado ya a su ordenamiento (el antiguo Benelux). Pero está suscitando un cruce de argumentos menos favorable a la tesis del presidente. Un buen resumen es el comentario de un constitucionalista, Laurent Frémont, publicado en Le Monde con el título: “Fin de vida: ¿y si se aplicase la ley antes de intentar modificarla?”. Frémont recuerda datos oficiales de 2021: solo el 48% de los franceses saben qué son las directrices anticipadas (aplicables cuando el paciente pierde la autonomía); el 91% afirman que su médico de cabecera no les ha informado de sus derechos ni de la ley en vigor. Por lo demás, precisa que sigue pendiente alcanzar la igualdad ante los cuidados paliativos, garantizada por ley de 1999: al menos, según las cifras de la inspección general de asuntos sociales, no recibieron esos cuidados el 62% de los fallecidos. Así las cosas, ya antes tres doctoras –dos paliativistas y una psiquiatra– del Instituto Curie habían manifestado su rechazo a la confusión producida por los partidarios al derecho de morir con dignidad, como si solo la ayuda al suicidio o la eutanasia permitieran obtener una muerte digna: “Es muy injusto para la mayoría de nuestros conciudadanos que toman la opción, dignísima por el coraje que manifiesta, de salir de esta vida sostenidos por sus cuidadores y sus próximos”. Ellas conocen de cerca los problemas y consideran que se pueden precisar mejor los términos de la sedación prevista en la ley, pero advierten contra la presión que una asistencia legal al suicidio supondría para personas vulnerables, aisladas o frágiles desde el punto de vista psico-social: “Una ley sobre la ayuda activa a morir satisfaría el deseo individualista de autonomía y libertad de algunos, reduciendo el deseo de fraternidad de muchos”. Ya después del verano entra en liza Claude Evin, antiguo ministro de Asuntos Sociales, con otro artículo en que apela a favor de una ley que sirva para todos. Lamenta que se reduzca la discusión a la ayuda a morir, y las esperanzas y los deseos de los pacientes y de sus próximos sean raramente tenidos en cuenta. Pero ese debate no se zanja con una ley de eutanasia, como se ve en los países vecinos. Giro del Comité Nacional de Ética El 13 de septiembre se hizo público un dictamen del Comité Consultivo Nacional de Ética, que fue presentado en Le Monde como un “giro”: por primera vez se abre a una legislación de ayuda a morir, dentro de unas condiciones muy estrictas, en función de los avances de la medicina y los cambios sociales. En 2013, el Comité había considerado “peligroso para la sociedad que médicos participen en dar la muerte”. Pero ha ido progresando la idea de que no hay “obligación de vivir” una vida que se hace insoportable. De todos modos, el Consejo no preconiza una nueva ley. Se limita a señalar, para el caso de que el gobierno decida iniciar el proceso de reforma, unas líneas rojas sobre la posibilidad de la asistencia al suicidio: “personas mayores con enfermedades graves e incurables que provoquen sufrimientos físicos o psíquicos no tratables, con pronóstico de muerte a medio plazo”. En cualquier caso, todos los médicos podrán invocar una cláusula de conciencia. De otra parte, ocho miembros del CCNE manifiestan su reserva, porque no se cumplen los requisitos recomendados durante decenios por el comité: la intensificación de la oferta de cuidados paliativos: “Dar ese paso legislativo sin ese esfuerzo previo representa un riesgo de renuncia que no deseamos”. Se refieren a lo previsto en las leyes vigentes, que exigen un desarrollo de los paliativos: “La mayoría de las situaciones insoportables podrían resolverse dentro del sistema actual si los protocolos sobre sedación son mejor conocidos por los médicos y aplicados con más frecuencia”. El Colegio de Médicos se opone Unos días después, Le Monde publicaba una de sus frecuentes tribunas colectivas, esta vez de los miembros del consejo permanente de la Conferencia Episcopal. Comprenden la magnitud de los problemas y su complejidad, que se resiste a simplismos. Recuerdan la afirmación del Consejo nacional de ética sobre los cuidados paliativos, bien conforme con las esperanzas profundas de todos ante el final: ayuda activa a vivir, más que ayuda activa a morir. Al escuchar a enfermos, médicos y enfermeras, familias, perciben que el deseo esencial de la inmensa mayoría es de ser considerados, respetados, ayudados, acompañados, no abandonados. Quieren que se alivie el sufrimiento, pero manifiestan a la vez un deseo de relación y proximidad. Esta solo se construye desde una exigencia de humanidad en la que cada vida humana es respetada, acompañada, honrada. Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, en unas declaraciones del 15 de septiembre, se opone a la eutanasia y cita ampliamente el comunicado del comité nacional de ética, también respecto del papel del médico en el acompañamiento de los enfermos terminales. Si se abre la posibilidad legal de una ayuda activa a morir, se une a la reclamación para los médicos una cláusula de conciencia. En cualquier caso, no se puede trasladar la responsabilidad al médico y, a la vez quitársela, como señaló en su día la Academia de medicina francesa, en el contexto de las discusiones de la ley Claeys-Leonetti: la aceptación por parte de los médicos de las declaraciones anticipadas de los pacientes no puede ser incondicionada. En fin, el derecho a la vida no es absoluto, como ningún otro. Pero no existe un derecho a la muerte, de acuerdo también con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El debate en Latinoamérica La eutanasia es legal en un país latinoamericano, Colombia, y puede serlo pronto en otro, Uruguay. La Corte Constitucional colombiana despenalizó la eutanasia en 1997, limitada a enfermos en estado terminal. La primera muerte asistida en Colombia tuvo lugar 18 años después, en 2015. Desde entonces, se ha aplicado la eutanasia más de 178 veces a pacientes terminales. En julio de 2021, sin embargo, la Corte decidió ampliar la opción por la eutanasia a todos aquellos que padecieran una enfermedad o lesión grave, incurable, y que les causara gran sufrimiento, aunque no estuvieran en fase terminal. El primero en someterse a la eutanasia bajo estas condiciones fue un hombre de 60 años que padecía de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); al día siguiente se la aplicaron a una mujer de 51 años con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En 2020, un diputado de la coalición gobernante en Uruguay presentó un proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido, motivado por el caso de un personaje, muy conocido en el país, enfermo de ELA, que el año anterior había iniciado una campaña por esa causa. El intento suscitó una iniciativa ciudadana en favor de los cuidados paliativos, en lugar de la eutanasia, con el nombre de Prudencia Uruguay. El proyecto de ley siguió su trámite en la Cámara de Representantes, y a principios de este mes fue aprobado en la Comisión de Salud, para que sea votado en el pleno el próximo octubre. En paralelo, La Cámara tramitó un proyecto de ley de cuidados paliativos, y lo aprobó en diciembre de 2021. Ahora está en fase de estudio en la Comisión de Salud Pública del Senado.

Macron relanza en Francia el debate sobre la eutanasia

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